Denuncian a más de 20 inmobiliarias ilegales

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, delegación Villa Mercedes, realizó más de veinte denuncias contra personas y empresas que efectuaron un ejercicio ilegal de la profesión a través de las redes sociales en las que ofrecen alquileres, ventas de viviendas y departamentos sin contar con la matrícula correspondiente.

Carlos Alric, miembro del comité provincial de fiscalización del colegio, le comentó a El Diario de la República que el método de colocar una “franja” virtual de infractor a la ley en las publicaciones no autorizadas ha dado muy buen resultado, pero que si bien muchos de los expuestos dejan de publicar, siempre aparecen nuevos.

Otra de las medidas que tomaron frente a los que no están profesionalizados o colegiados, es poner una banda física en el inmueble en donde detectaron un cartel que no cumplió con los requisitos para desarrollar la actividad. Hace unos tres o cuatro meses realizaron una campaña en la que colocaron más de diez. El referente aseguró que evalúan volver a repetirla.

“Particularmente en Villa Mercedes ya tenemos presentados tres casos en la Justicia, además de otros cuatro que están en preparación, pero como necesitamos pruebas para que no sean rechazados lleva tiempo hasta llegar a una posible condena”, explicó Alric. Añadió que, en la actualidad, llevan más de treinta y cinco denuncias penales en toda la provincia.

“Por un lado, con estas acciones estamos protegiendo la profesión, pero también no lo hacemos únicamente por nosotros, sino también por la gente, porque la realidad es que hay infinidades de estafas. La importancia del rubro en la sociedad es poder cuidar el patrimonio de las personas”, manifestó.

Agregó que el problema es que si el intermediario no es idóneo o no tiene los conocimientos necesarios en el tema, puede perjudicar al propietario. Por ejemplo, si tasa una vivienda por un valor mucho más bajo del que en realidad cuesta, le hace perder los bienes de toda su vida. O, por el contrario, si la publica por el doble de lo que vale, es muy probable que no pueda venderla y le hace perder el tiempo.

Otro de los delitos que visualizan desde el Colegio es la venta de casas del Gobierno, ya que es una transacción que está prohibida por la ley.

“La seguridad jurídica de tratar con un martillero es que, si brindamos un mal asesoramiento o cometemos algún error, la persona nos puede denunciar y hasta corremos el riesgo de que nos quiten la matrícula que nos permite ejercer", concluyó.

Redacción/MGE