El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el 11 de abril, por amplia mayoría, la previsible “condena enérgica” a la violenta incursión policial que el gobierno de Ecuador ordenó contra la Embajada de México en Quito para secuestrar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
La resolución exhortó al diálogo a ambos gobiernos para superar el conflicto “de manera constructiva”, en un momento en que numerosos hechos dan cuenta del quizás peor momento de las relaciones latinoamericanas e incluso interamericanas.
Pese a los avatares de las democracias latinoamericanas durante el siglo XX, en las últimas décadas el continente americano pudo exhibir una “buena vecindad” con disputas menores entre Estados, resueltas por arbitrajes y negociaciones, en contraste con otras áreas del planeta escenarios de continuos conflictos armados.
Esa buena vecindad hace agua en la esfera diplomática y es expresada en atentados a las libertades, donde los Derechos Humanos retroceden paulatinamente, sofocados por gobiernos autoritarios, así sean emanados de las urnas, que atropellan el derecho internacional para subordinarlo a intereses internos o apuestas geopolíticas, en un cuadro de creciente polarización latinoamericana.
La violenta invasión policial a la embajada mexicana en Quito la noche del 5 de abril, incluidos los vejámenes al encargado de negocios Roberto Canseco, fue el chaparrón que rebalsó el vaso. El derecho de asilo, una de las instituciones más emblemáticas del derecho internacional, si bien registraba episodios anteriores de conflicto en la región, nunca había sido violentado de forma tan abierta.
El único voto en contra de la resolución de la OEA fue el de Ecuador, cuyo presidente, Daniel Noboa, mostró una singular disposición a normalizar las hoy rotas relaciones con México, manifestando que no revocará el secuestro del exvicepresidente Glas, porque “la justicia no se negocia”.
Noboa parece encaminar a Ecuador a un símil de El Salvador de Nayib Bukele, sintomáticamente el único gobierno que se abstuvo en la votación del Consejo Permanente de la OEA y que, contrariamente al resto de los estados americanos, no condenó el atropello al derecho de asilo y la invasión policial de la embajada mexicana en Quito.
Bukele es la mayor expresión en América Latina del lawfare, un término anglosajón que tiene una imprecisa traducción al español como “guerra jurídica” y alude a persecuciones judiciales basadas en la imposición arbitraria de legislaciones a través de órganos legislativos y judiciales controlados por un gobierno de turno o, en menores casos, por su oposición política, generalmente de derecha.
El incremento del crimen organizado y el narcotráfico a manos de pandillas, cárteles y mafias de expansión regional ha sido el argumento para imponer este tipo de legislaciones, traducidas en un lawfare cuando sirven asimismo a los gobiernos para proscribir o defenestrar adversarios políticos con argumentos de defensa de la soberanía contra conspiraciones.
La admiración de la extrema derecha por Bukele conlleva una peligrosa relativización de los Derechos Humanos y un silencio cómplice ante la retórica desafiante del mandatario salvadoreño, que en nombre de la seguridad cercena la libertad de prensa, proscribe opositores y rechaza informes de organizaciones humanitarias sobre los abusos carcelarios.
América Latina vive una escalada de conflictos diplomáticos emanada de factores de la política interna en algunos países. En el cuadro de polarización regional, estas situaciones ocurren en países que las categorizaciones tradicionales, a menudo discutibles, sitúan tanto a la izquierda como a la derecha.
La buena vecindad americana está en riesgo.
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