La ley "Bases" impedirá que 9 de cada 10 mujeres se jubilen a los 60 años

Si eventualmente la nueva ley “Bases” que impulsa el presidente Javier Milei y que ya consiguió dictamen en la Cámara de Diputados es aprobada, provocaría un importante cambio en materia previsional y afectará especialmente a las mujeres, cuya edad jubilatoria pasaría de 60 a 65 años.

El megaproyecto, impulsado por el oficialismo y que será tratado desde el lunes, plantea derogar la Ley 27.705, la moratoria previsional aprobada en marzo de 2023 y que habilitó a cerca de 800.000 personas en edad de jubilarse a acceder a un haber pese a no contar con los 30 años de aportes.

En caso de derogarse la denominada "Unidad de pago de deuda previsional", la moratoria y todas las mujeres que no reúnan los 30 años de aportes efectivos cobrarían una Prestación de Retiro Proporcional recién a los 65 años, tal como sucede en la actualidad con los varones. Así lo detalla en el proyecto acordado por La Libertad Avanza y bloques aliados.

Según la abogada Andrea Falcone, experta en temas previsionales, con los cambios que prevé la norma, 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse a los 60 años y deberán esperar a los 65 para acceder a una Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) o al nuevo retiro proporcional.

"Esto se debe a que solo el 10% de las mujeres logra completar los 30 años de aportes al alcanzar la edad jubilatoria", explicó.

Falcone advierte que la finalización de la moratoria previsional no debiera ser una preocupación netamente femenina. "De aprobarse la ley ‘Bases’, 7 de cada 10 hombres tampoco podrán jubilarse a los 65 años".

El proyecto contempla que quienes queden debajo de la Prestación de Retiro Proporcional tendrán un ingreso mínimo garantizado equivalente a la PUAM, que es el 80% de la jubilación mínima ($260.141,60 a mayo, con el bono). El mes que viene los beneficiarios de la PUAM cobrarán $222.113, $152.113 más $70.000 del bono.

La nueva norma establece también que “el Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, en un plazo no mayor a treinta (30) días y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino, y las condiciones por las que se regirá la prestación”.

La mención a "porcentajes" se interpreta, según fuentes oficiales, como la intención del Gobierno de establecer una proporcionalidad: más años de aportes, mayor porcentaje sobre el monto jubilatorio a cobrar.