¿Y si probamos diciendo la verdad?

En ningún renglón de la teoría económica, en ninguna constitución del país, en ninguna disposición, en ningún reglamento dice que las provincias se financian con parte del sueldo de sus empleados públicos. Hay otras fuentes de recursos. No es una opción de quien gobierna sostener los gastos con la remuneración de los empleados públicos. Y la cuestión está muy clara: los gobiernos provinciales financian sus erogaciones a través de tres fuentes de ingresos: recursos propios y recursos de origen nacional, que conforman la masa total de recursos, por un lado, y las fuentes financieras que provienen del uso del crédito por otro.

 

Las provincias se financian con impuestos que recauda la Nación y luego les transfiere, y con recursos que recaudan ellas mismas. Los que provienen de la Nación son Coparticipación Federal y diversas leyes específicas (Fondo ATN, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Fondo aportes del Tesoro Nacional, Financiamiento de Institutos Previsionales no Transferidos, programas de obras Hídricas de Saneamiento, Vialidad, Educación, Vivienda, Recursos Hídricos, etcétera). 

 

Los impuestos más importantes que recaudan las provincias, en tanto, son sobre los ingresos brutos, inmobiliario, automotor y sellos. Aparecen, además, algunas cuestiones particulares que corresponden solo a algunas provincias como las regalías (ingresos que reciben las provincias a cambio de la explotación de sus recursos naturales que realiza la Nación: petróleo, gas, otros minerales, represas hidroeléctricas, etcétera) y lo referido a cajas de jubilación no transferidas a la Nación. 

Existen, además, otros ingresos excepcionales de las provincias como ventas de bienes y servicios, y rentas de la propiedad. 

 

Contra todo este bagaje teórico y normativo, el Gobernador de la Provincia de San Luis decidió, en diciembre de 2023, que era su potestad financiar los gastos con la mitad de los salarios de la administración pública. Nunca visto. 

Respecto de lo expresado, cabe aclarar que desde 1983 hasta hoy, San Luis no pidió empréstito alguno ni se endeudó, por eso figura en todas las estadísticas con deuda cero. 

 

El actual Gobierno ya ha hecho explícita y concreta su intención de endeudar a la provincia. Para saber la verdad, para entender la situación real, y lo que se impone desde el oficialismo provincial, bien vale recurrir a este mismo diario en su edición del día de ayer: “…Desde la oposición, estamos convencidos de que las Cuentas de Inversión 2023 se deben aprobar, reflejan la transparencia de que al cierre del ejercicio fiscal del año pasado, la Provincia contaba con fondos de más de 93 mil millones de pesos, un saldo positivo que alcanzaba para pagar cuatro meses de sueldos, un saldo que representa treinta veces el valor de la Casa de San Luis en Buenos Aires, con lo que no tiene sentido desprenderse de ese patrimonio histórico…”, palabras pronunciadas en el recinto de la Cámara de Diputados por el legislador del Partido Justicialista por Pedernera, Joaquín Beltrán. Clarísimo. 

 

No hay que ocultar la realidad, no hay que mentir, no hay que endeudarse, no hay que inventarse carencias para hacer negocios. Hay que gobernar con la verdad. 

 

Hay que mostrar los plazos fijos que se pretenden esconder y que ya son de conocimiento público. Datos concretos debidamente publicados: “…El acceso que tuvo El Diario de la República al anexo de la rendición de 2023 que todos los años envía el Tribunal de Cuentas demuestra que desde el 11 al 26 de diciembre, el gobierno provincial constituyó diecinueve plazos fijos, por un monto superior a los $31 mil millones. Con solo dos de ellos, realizados en el Banco Nación y que totalizaban unos $15 mil millones, alcanzaba para pagar los sueldos de diciembre de los trabajadores de la administración pública en tiempo y forma…”. “Hay diecinueve plazos fijos”, sentenció el diputado Walter Aguilar en la sesión aludida. 

 

Se conoce, se sabe, es la verdad.