Una emergencia convertida en cheque en blanco para gobernar sin controles

El gobierno de Claudio Poggi quiere declarar la “emergencia económica” y la “emergencia habitacional” en San Luis. Pero detrás del dramatismo discursivo se esconde una jugada política peligrosa: concentrar el manejo de los fondos públicos sin controles y sin rendición de cuentas.

La amenaza es clara y explícita: si no se aprueba la ley, no se pagan sueldos y no se construyen viviendas. Un chantaje institucional en toda regla, que convierte en rehenes a trabajadores estatales y a las más de 60 mil familias que se inscribieron en el plan “Tenemos Futuro” con la esperanza de acceder a una casa.

¿El problema? La emergencia no es real. O al menos, no en los términos que el Ejecutivo plantea. El presupuesto 2024 fue aprobado con un superávit de 180 mil millones de pesos, lo que indica que los recursos existen. Lo que Poggi necesita no es dinero, sino discrecionalidad.
Y eso se ve con claridad en las distintas cláusulas del proyecto: más que resolver una crisis, están diseñadas para que el gobierno pueda manejar la caja sin rendir cuentas.

Por ejemplo, el proyecto establece que el presupuesto provincial se congelará en los valores de 2025, ignorando la inflación futura. En los hechos, eso habilita al Ejecutivo a mover partidas arbitrariamente sin necesidad de readecuación presupuestaria. También se contempla que el Poder Ejecutivo pueda prorrogar la emergencia habitacional por otros cinco años, sin pasar por la Legislatura. Otro guiño al manejo unilateral de los fondos.

En distintas cláusulas del proyecto se observa con nitidez el verdadero objetivo: eludir los límites institucionales y manejar los recursos públicos como si fueran propios.
No hay previsión para auditorías independientes, ni mecanismos claros de rendición de cuentas. Tampoco se contempla la participación de los municipios ni de organismos externos en el uso de las tierras fiscales o en el reparto de fondos. Todo queda en manos del Ejecutivo.

Desde el atril, el oficialismo se presenta como el salvador de quienes no tienen casa. Pero mientras promete soluciones, redacta un marco legal que lo habilita a usar la necesidad social como excusa para gobernar por decreto. Lo que se ofrece como política de Estado es, en realidad, una coartada para ampliar el margen de maniobra del gobierno sin control legislativo.

El problema habitacional es una realidad que se palpa en todo el país. Pero no puede ser utilizado como rehén político. Si el Ejecutivo tiene voluntad de resolverlo, puede hacerlo con el superávit que ya tiene aprobado. Lo que está en juego aquí no es el futuro de las viviendas, sino el futuro de los controles democráticos.

Poggi plantea una ley de emergencia, pero en sus fundamentos y cláusulas se dibuja otra cosa: un cheque en blanco para gobernar sin límites. Y cuando se legisla bajo extorsión, los verdaderos objetivos siempre terminan filtrándose entre líneas.

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