Detalles de la denuncia contra Poggi por ocultar $94 mil millones
El diputado Ernesto Alí presentó una denuncia penal por malversación contra el gobernador de San Luis. Acusa que simuló una crisis mientras colocaba fondos en plazos fijos, ajustaba sueldos y programas,
La denuncia penal presentada por el diputado nacional Ernesto Alí sacudió el tablero político de San Luis. El escrito, patrocinado por el abogado Leonardo Martínez Herrero, acusa al gobernador Claudio Poggi por el delito de malversación de caudales públicos, previsto en los artículos 260 y 264 del Código Penal, al considerar que el mandatario simuló una crisis financiera para justificar un brutal ajuste, mientras en paralelo colocaba fondos públicos en plazos fijos por cifras multimillonarias.
La presentación judicial asegura que entre el 10 y el 26 de diciembre de 2023, ya asumida su gestión, la provincia colocó 14 plazos fijos en el Banco Supervielle por $2.835 millones y otros 5 en el Banco Nación por $28.751 millones, además de tener en su poder bonos por más de $25.000 millones, distribuidos entre el Nación y el Banco Hipotecario. En total, San Luis contaba con $93.590 millones disponibles.
A pesar de estos recursos, Poggi habló públicamente de un Estado quebrado, suspendió pagos, desdobló sueldos, frenó obras y programas sociales, y anunció recortes masivos. “Fue una operación política para disciplinar a los trabajadores y justificar un ajuste feroz”, sostuvo Alí. “No hubo déficit. Había fondos. Y no se usaron”.
La denuncia ya fue radicada en la Justicia provincial y recayó en una fiscalía especializada en investigaciones administrativas. Si bien aún no se asignó un fiscal, ya hay una jueza a cargo. Además del gobernador, el ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez, también figura entre los señalados, junto a “todo funcionario que pudiera surgir del avance de la investigación”.
Martínez Herrero explicó que la denuncia se sustenta en informes oficiales, datos del Banco Central y resoluciones del Tribunal de Cuentas. Incluso relató que, al obtener las primeras respuestas de los bancos sobre las cuentas de la provincia, la Fiscalía de Estado solicitó suspender las medidas probatorias, pero ya era tarde: la información confirmaba que la plata estaba.
“Lo que hicieron fue priorizar una estrategia de propaganda y control sobre la gestión pública. Se congelaron sueldos, se paralizó la obra pública y se desfinanciaron políticas sociales, mientras los fondos dormían en cuentas bancarias”, denunció el abogado.
El trasfondo es claro: no se trató de una emergencia económica real, sino de una decisión política deliberada. La Justicia deberá determinar ahora si esa decisión, además de injusta, fue también ilegal
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