Denuncian discriminación en la Villa Deportiva contra dos chicos en sillas de ruedas

Un grave hecho de discriminación y maltrato fue denunciado por dos personas en sillas de ruedas que quisieron hacer sus tareas de rehabilitación en la Villa Deportiva de San Luis. Acompañadas por su kinesiólogo, los damnificados quisieron usar las canchas de básquet y en el lugar les quisieron cobrar, una situación que no había ocurrido antes.

El profesional que atiende a los jóvenes es Marcelo Morel, quien señaló que el trabajo que iba a hacer con sus pacientes era de rehabilitación. Para eso pretendieron usar las instalaciones de la Villa, un complejo dependiente de la Secretaría de Deportes, que, según el sitio oficial del Gobierno Provincial, “gestiona y promueve políticas deportivas” y ofrece el predio “como un espacio abierto para toda la comunidad”.

Morel dijo que lo primero que intentó hacer ante el intento de cobro fue hablar con la persona que les impidió el ingreso. “Le expliqué que estos chicos tienen sus Certificado Único de Discapacidad y le dije que por ley tienen acceso libre y gratuito sobre todo a entidades que pertenecen al Estado”.

El encargado de la Villa le respondió que las órdenes que tenía era que “las personas que hicieran uso del predio, tienen que pagar el alquiler”, indicó Morel, quien además es coordinador de la Fundación, Papo Balagué.

El profesional señaló además que “este hecho es una vulneración concreta de derechos humanos, especialmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”. Para el kinesiólogo lo ocurrido representa una grave contradicción con los principios de inclusión que deben regir toda política pública. “Estamos hablando de discapacidad y de gente que tiene por derecho la posibilidad de ingresar gratuitamente, a cualquier lugar del Estado”.

Incluso, analizó Morel, “en San Luis se armó el Concejo Provincial de Discapacidad”. “Hace 34 años que trabajo en rehabilitación y me sentí muy mal por el  hecho de que los chicos fueran discriminados, porque el hecho se produjo sobre ellos y yo fui testigo de toda la situación. Me pareció violento”, dijo.

La fundación Papo Balague repudió enérgicamente lo sucedido, exigió respuestas, reparaciones y medidas concretas y recordó que el Estado tiene la obligación “indelegable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, especialmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.