¿Compre local o negociados?: un empresario denuncia favoritismo

El escenario de la obra pública en la provincia de San Luis atraviesa un momento de máxima tensión tras una serie de denuncias que apuntan directamente contra los criterios de selección y control del Estado. 

El caso más reciente tiene como protagonista a José María Escudero, empresario que decidió romper el silencio tras lo que considera una arbitrariedad manifiesta en los procesos de licitación pública.

Escudero reveló que, en el mes de febrero, su empresa presentó la oferta más competitiva para un proyecto provincial, logrando un presupuesto 159 millones de pesos inferior al de sus competidores. 

Sin embargo, y contraviniendo los lineamientos de la política de "Compre San Luis" que busca fortalecer el trabajo puntano, el contrato terminó en manos de una empresa radicada en la ciudad de Rosario. 

Para el denunciante, esta decisión no solo perjudica el erario público por el sobrecosto aceptado, sino que además quita oportunidades vitales a los obreros locales en un contexto de parálisis de la obra pública a nivel nacional.

Pero el malestar no termina allí, ya que el entramado de irregularidades parece extenderse a la cadena de pagos y a la solvencia de las firmas contratadas por el Gobierno. Lucas Sosa, propietario de una pequeña empresa de aberturas, denunció haber sido víctima de una presunta estafa vinculada a la ampliación del Hospital del Norte. 

Según su testimonio, la empresa Roymain SRL —propiedad de Mario Guerra y adjudicataria de la obra por parte del Estado— le adeuda 20 millones de pesos, habiéndole entregado cheques sin fondos por una suma de 14 millones.

La preocupación de Sosa aumenta al descubrir que la firma contratista declararía una dirección falsa y carecería de local físico, planteando serios interrogantes sobre los filtros que aplica el Estado al momento de evaluar a sus proveedores. 

Al elevar el reclamo a Terrazas del Portezuelo, la respuesta oficial fue que se trata de un conflicto entre privados, dejando al pequeño emprendedor en una situación de vulnerabilidad extrema que pone en riesgo la continuidad de su negocio.

Esta serie de episodios se enmarca en un clima de sospechas generalizadas. Cabe recordar que la Secretaría de Obras Públicas fue escenario de allanamientos en febrero de 2026, en medio de investigaciones que también involucran a otra empresa, por presuntas defraudaciones.

Mientras las causas judiciales avanzan, el sector empresarial local exige respuestas claras ante lo que consideran un sistema de favoritismos que asfixia a la producción puntana.