En mayo de 2012, tres delincuentes se llevaron 90 mil pesos de la empresa de transporte.
Hace siete días, Cristian Alejandro “Jipi” Giménez supo que lo acecha la posibilidad de volver a sentarse en el banquillo de los acusados, otra vez por un asalto. La jueza Penal interina Carina Gregoraschuk lo procesó por el robo de 90 mil pesos en la empresa de transporte María del Rosario, ocurrido el 4 de mayo de 2012. Y aunque esa decisión no modifica su situación actual –ya que está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial–, arrima la posibilidad de que su estadía en el Penal se extienda.
En rigor, la magistrado procesó al joven de 30 años por “Robo agravado por el uso de armas de fuego, en poblado y en banda”. En aquella oportunidad, los investigadores deslizaron dudas sobre Justo Javier Ontiveros, otro interno que gozaba del beneficio de las salidas, quien fue condenado por el homicidio de Fabio Bea, un estudiante que sufrió una golpiza a la salida del boliche “La Quinta”. Pero no instruyeron sumario en contra de Ontiveros ni lo llamaron a una declaración indagatoria, refiere el escrito.
La familia damnificada por el atraco en la empresa de transporte está citada hoy a tribunales, para otro reconocimiento en rueda de personas. Quizás allí señalen a quien sería, según la teoría de los investigadores, uno de los dos cómplices de Giménez.
La mañana del 4 de mayo de 2012, “Jipi” había salido de la cárcel con un permiso laboral. Cuando declaró, explicó que trabajaba para su hermana en la venta de lencería.
El mismo día, a la tarde, la Policía lo aprehendió cuando iba a comprar pollo a una brasería ubicada en Bolívar casi avenida Lafinur, con alguna sospecha de que tenía implicación en el atraco.
Más tarde, la Policía allanó la casa de sus familiares, en Paraguay 1021, en el barrio San Martín. Secuestraron una gorra con visera blanca y una campera. Luego las víctimas dijeron que uno de los delincuentes llevaba esas prendas. Ésa fue una de las pruebas que lo comprometió.
La otra fue el reconocimiento en rueda de personas, en el que las víctimas lo señalaron como uno de los integrantes del trío que entró a la propiedad situada en Córdoba 78, donde funciona el taller y está el departamento en el que residen los propietarios de la firma.
La dueña de María del Rosario, Rosa Gladis Gómez, estaba en el baño, duchándose, cuando entraron los asaltantes. Su pareja, Gregorio Ubaldo Sosa, y su hijo, Raúl Guillermo Sosa, aún descansaban, en otras habitaciones. En aquella oportunidad, al hacer la denuncia, los damnificados dijeron que cada delincuente empuñaba dos armas de fuego.
Antes de sorprender a la familia, la banda redujo a tres empleados, a quienes les sustrajeron una caja con teléfonos de la empresa y unos 100 pesos, declaró uno de ellos. Después, los ladrones entraron a la vivienda.
Las víctimas fueron golpeadas. Gregorio Sosa fue maniatado con un cable. En la presentación en la Policía, Gómez aseguró que le dieron puntapiés y le colocaron la mano en la nuca. Como los asaltantes les preguntaban dónde estaba el maletín y dónde estaba el dinero, los investigadores supusieron que la banda llegó con el dato certero de que en el domicilio había plata.
Tras desatarse, Gregorio Sosa persiguió a pie a los ladrones y encontró tirada una caja de seguridad, en la que estaba parte de la suma con la que escaparon. El hombre regresó a la casa y salió a buscarlos con un empleado, en un vehículo. Ese intento por ubicarlos también fue infructuoso.
Pero en uno de esos recorridos, Sosa vio un arma tirada y le avisó a la Policía. Es un revólver calibre 22 largo, que, según constataron después, estaba apto para el disparo. También fue reconocido por los damnificados como uno de los que portaban los ladrones, dice la resolución firmada por la jueza.
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