Adolfo Rodríguez Saá volvió a reclamar un nuevo régimen de coparticipación

El senador nacional por San Luis Adolfo Rodríguez Saá reclamó al Congreso y al Gobierno de la Nación que encaren la tarea de darle forma a un nuevo régimen de coparticipación federal, y denunció que el gobierno kirchnerista les paga a las provincias mucho menos de lo que debiera, en el reparto de lo que generan los impuestos nacionales.
"Debemos revertir este unitarismo fiscal que rapiña los legítimos recursos de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Un nuevo régimen de coparticipación federal como el que ordena nuestra Constitución Nacional es uno de los desafíos prioritarios y de las mayores deudas que la dirigencia política tiene con el pueblo argentino", afirmó el legislador en una nota de opinión publicada por el diario "El Cronista".
Rodríguez Saá, ex presidente de la Nación, recordó que el 27 de febrero pasado se cumplieron 12 años de la firma del Acuerdo Nación-Provincias sobre relación financiera y coparticipación federal de impuestos. "En ese acuerdo las provincias, excepto San Luis, aceptaron dejar sin efecto todas las garantías sobre los niveles a transferir por el gobierno nacional".
La Ley de Coparticipación Federal sancionada en 1988 establece "una distribución automática de los recursos entre la Nación y las provincias y la ciudad de Buenos Aires", dijo Adolfo. Pero aclaró a continuación: "El artículo 7º de esa ley dispone que la Nación debe transferirles un mínimo del 34% de la recaudación, lo que opera como una garantía del sistema federal de gobierno que adopta nuestro país en la Constitución Nacional. Sin embargo, desde el año 2002, las provincias y la ciudad de Buenos Aires nunca recibieron el porcentaje mínimo garantizado por la ley. En efecto, actualmente el porcentaje que les transfiere la Nación no supera el 25% de la recaudación".
Rodríguez Saá explicó que la Disposición Transitoria 6ª de la Constitución Nacional introducida en la reforma de 1994 aclara "que en el régimen de coparticipación tampoco podrá modificarse, en desmedro de las provincias, la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma hasta el dictado de un nuevo régimen de coparticipación, que la misma ordena debía aprobarse antes de la finalización del año 1996, mandato constitucional que continúa sin cumplirse".
El senador explicó en este punto que "si la propia Constitución Nacional dispone que la distribución de recursos vigente en 1994 no puede modificarse en desmedro de las provincias, mal podrían normas de inferior jerarquía, como lo son el acuerdo celebrado el 27 de febrero de 2002 y su ley ratificatoria, derogar la Disposición Transitoria 6ª referida, sencillamente en base a la supremacía que tiene el texto constitucional sobre el resto del ordenamiento jurídico, conforme lo dispone el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional".
"Si esto es predicable para las provincias que suscribieron ese acuerdo, cuánto más lo es para la Provincia de San Luis, que no lo firmó ni aprobó en su ámbito la ley nacional que lo ratificara", planteó el legislador, presidente del Interbloque Federal de la Cámara alta nacional. "En efecto, así lo resolvió en dos oportunidades la Comisión Federal de Impuestos, cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio", dijo.
Adolfo también cuantificó el perjuicio causado a San Luis. "La diferencia entre lo que le corresponde recibir según la ley de coparticipación vigente y lo que efectivamente ha percibido, asciende a $1.400 millones", advirtió.