"Es mejor integrar a las escuelas comunes que ir a las especiales"

Raquel Weinstock sabe lo que es pelearle a la vida. A los 36 años una trombosis le provocó la amputación de una pierna, lo que no le impidió criar a sus hijos y seguir adelante contra lo que se opusiera. Ella es una de las expertas en discapacidad que tiene San Luis, aunque niega que su interés por el tema se haya despertado a partir de su problema de salud. “Siempre estuve atenta a lo que pasaba con ese sector de la población, me molestaba el desinterés de cierta parte de la sociedad y de los funcionarios, después pude aportar lo mío desde los cargos públicos que me fueron dando, sobre todo Alberto Rodríguez Saá, un gobernador expeditivo, que nunca se anduvo con vueltas y que siempre me apoyó en todo lo que le propuse”, dice.

“La información es poder. Hay familias que tienen un discapacitado y no conocen sus derechos", Raquel Weinstock.

Claro que una mujer con ese espíritu indómito no está retirada,  sigue en la primera línea desde su función de asesora del Ministerio de Inclusión Social, molestando a quien haya que molestar cuando ve que las cosas no se hacen bien, o se hacen con desidia; y peleándose con el que sea para hacer respetar sus derechos.

—¿No se cansa de discutir?

—Jamás, me molesta la indolencia de la gente. Ya no quiero ir al centro, falta control en las calles. Los coches te patotean, no respetan el paso peatonal, estacionan y tapan las rampas, la gente te pasa en las colas o se impacienta cuando las veredas son angostas. Habría que poner controles severos y hacer multas que duelan. San Luis avanzó, pero no lo suficiente, aunque es un mal nacional. Faltan campañas también, porque la información es poder y muchas familias con un integrante discapacitado no conocen sus derechos.

—¿Qué otras cosas le molestan?

—Los funcionarios que no conocen las leyes, debería ser su obligación primordial. Me la paso discutiendo con policías que no conocen nada, ni saben que hay una ley que protege a las personas con discapacidad y les otorga ciertas facilidades. No saben nada ni quieren aprender. En las oficinas públicas pasa lo mismo. Falta gestión y solidaridad. Hay que estar del lado de quien lo necesita, estar al lado de los otros es fácil.

—¿Qué tan importante es la ley?

—Representó un gran avance, la presentó Tona Salino luego de un trabajo de mi autoría. Es una adhesión a la ley nacional con ampliaciones. Por ejemplo, pocos saben que una persona discapacitada puede realizar trabajos domiciliarios con el monitoreo de su jefe. Y es sólo un aspecto de una norma muy importante, yo la exhibo ante cualquier funcionario cuando veo que le niegan derechos a un discapacitado.

—¿Hay salida laboral para los discapacitados?

—La ley establece un cupo en las dependencias públicas y privadas, algunos lo cumplen, otros no. El mejor en ese sentido es el Poder Judicial, que da muchas oportunidades a chicos con discapacidad. Hay  gente que tiene un problema físico, pero una gran inteligencia, necesitan que alguien los comprenda y les brinde apoyo.

—Usted instaló un sistema de becas.

—En realidad, como tengo relación con muchos empresarios, iba y les pedía que bequen algunos jóvenes con discapacidad. Lo hice en la UNSL y Riccardo ni siquiera me contestó. En cambio Mario Rovella me dijo que sí hace nueve años y sigue apoyando con dinero, incluso cuando le pedí que subiera los montos. Así es que conozco un chico que está a nueve materias de recibirse de abogado. Sin ese apoyo hubiera sido imposible.

—¿Cuándo comenzó a avanzar la sociedad sanluiseña hacia un trato más justo con los discapacitados?

—Alberto Rodríguez Saá le dio un gran impulso al tema. Yo le llevaba inquietudes y él respondía, como pasó con las plazas integradoras. También Alicia Bañuelos hizo mucho desde su cargo de rectora de la ULP. Le pedí computadoras para las escuelas especiales y las entregó. Había que ver la felicidad de esos chicos, ya no tendrían que mendigar la del hermano ni soportar que les digan que ellos las rompen. También pasa con  las bicicletas adaptadas del Plan TuBi.

-Hablando de escuelas especiales. Usted tuvo más de una pelea por ese tema.

—Y sigo sosteniendo lo mismo: no deberían existir. Los chicos con discapacidad deben integrarse a escuelas comunes con una maestra especial. Y los casos más graves derivarlos a los centros de día. Cuando Silvia Rodríguez era la ministra de Educación el 15% de los discapacitados estaba en escuelas convencionales. Marcelo Sosa dice que sigue trabajando para que ese número crezca. No tengo estadísticas, ojalá sea así.

—Rodríguez fue una buena aliada de sus políticas de inclusión.

—Era ejecutiva. Una vez me enteré que en una escuela las clases de música se daban en el primer piso por escalera. Entonces un chico en silla de ruedas no tenía música y se quedaba abajo escuchando como sus compañeros se divertían y aprendían a tocar y cantar. Lo hablé con Silvia y dictó una resolución al instante: "Las clases de música en este establecimiento se dan abajo". Y se acabó el problema.

—¿Conoce algún municipio que trabaje bien con la discapacidad?

—Ninguno. El mejor intendente era Freddy Mirábile, de San Martín. Me volvía loca pidiéndome cosas para su gente. Pero Freddy se murió y el resto de los intendentes no registran a los discapacitados. Más de uno venía a pedir sillas de ruedas cuando se acercaba una elección y yo les decía: "La tengo acá, pero que venga algún familiar a buscarla, vos no vas a sacar ventaja de esto, porque el resto del año no aparece nadie".

—¿Qué otra persona la ayudó mucho en su tarea?

—El ingeniero Guillermo Aguado. Pocos conocen el interior de San Luis como él. Venía a mi oficina y me contaba de casos en parajes alejados. Nadie los registraba, entonces yo iba y les solucionaba el problema, ya sea con una silla, un bastón o un audífono. No hay que sentarse a esperar que venga el discapacitado a pedir, hay que salir a buscarlo, ésa es la obligación del funcionario público.

—¿Cómo ve a las ciudades de San Luis, son accesibles para los discapacitados?

—Poco y nada. Hay que pensar la ciudad como si fuera para los niños. Si un niño está seguro, el discapacitado también. Las rampas que hay las hizo María Angélica Torrontegui, pero son pocas. Hay que hacer un relevamiento a fondo. Faltan en centros médicos, consultorios, bancos y lugares públicos en general. Y en otros edificios, como el del Poder Judicial, tienen una caída para hacer skate, si baja un discapacitado se pega un golpe. Hay que sentarse en una silla de ruedas para tomar conciencia de lo que se siente ante obstáculos imposibles. La ley dice que debe haber una silla de ruedas en cada oficina pública, pero no se cumple, muchas veces por desconocimiento. Te doy otro ejemplo tonto: la baranda de la rampa de Dosep es un hielo en invierno y un fierro caliente en verano porque no está hecha del material correcto, pero el que sube caminando no se da cuenta.

—¿Actualmente está trabajando en algún proyecto inclusivo?

—Sí, en una ley para reducir en un 20% el horario de trabajo de las mamás con hijos discapacitados. Y si la mujer se fue de la casa, porque las hay, y el hombre quedó a cargo de un chico así, que también se pueda retirar ant