La ordenanza del blanqueo de los choferes de taxis, aprobada hace dos meses, escribe un nuevo capítulo. Ahora el Concejo Deliberante de San Luis decidió intimar al Municipio para que difunda en cinco días hábiles esta legislación en el Boletín Oficial. El pedido busca sacar del limbo una norma que aún no fue formalizada y que el Municipio incluso buscó derogar tras la férrea oposición manifestada por los propietarios de taxis, quienes consideran inviable económicamente la regularización de los choferes.
En el escrito, aprobado en la última sesión, se instruye a la Asesoría Letrada del Concejo Deliberante para que accione judicialmente en el supuesto que la Intendencia no publique la ordenanza. Los ediles de la oposición coincidieron que Ponce, al no avalar la aprobación realizada en el Concejo, no cumple con la Constitución Nacional, ya que, aseguraron, el Ejecutivo tiene la obligación de asentar por escrito todas las normas que dicta el Legislativo Municipal.
La resolución general obtuvo la mayoría calificada del Cuerpo y sólo encontró la negativa del hijo del jefe comunal y representante de Kolina, Germán Ponce. En el recinto faltó su par Jacinta Lucero y dos ediles del Frente para la Victoria (Roberto González Espíndola y Gustavo Rojas).
Francisco Guiñazú, autor de la propuesta, explicó que la resolución general "es la manera que tenemos de ampararnos judicialmente si se hace caso omiso”. Al edil radical le molestó que el intendente, para justificar el rechazo de la publicación de la ordenanza, dijera que el Concejo debía celebrar convenios con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). “No es un argumento serio”, dijo. Consideró que con la intimación se le da una última chance al intendente para que cumpla con sus obligaciones. Además, dijo no comprender por qué “no la vetó cuando tuvo la oportunidad y ahora se niega a publicarla”.
El concejal de Compromiso Federal, Marcelo Amitrano, dijo que “cuando un poder se expresa, el resto de los poderes deben acatar las decisiones”, mientras que la radical Claudia Rocha, manifestó que “frenar la publicación de una ordenanza significa un quiebre institucional gravísimo”.
La ordenanza que tantas discusiones genera se caracteriza por su concisión. Sólo señala que la Dirección de Transporte debe notificar a los titulares de taxis que quieran renovar la licencia, declarar al chofer y que la acreditación se haga en la AFIP y Anses. Los mismos concejales explicaron durante el tratamiento de la ordenanza que los empleados pueden anotarse como monotributistas, formar una asociación de hecho o cualquier figura legal que deseen.
Historia de desencuentros
El miércoles 29 de julio la Asociación Titulares de Taxis fue convocada al Concejo para dialogar con los presidentes de bloques y con la Comisión de Transporte. Pero la charla se dio en un clima caliente y con la retirada intempestiva de los invitados. Al otro día, la ordenanza salió aprobada por unanimidad.
La Comuna amagó con promulgar la norma pero después de una protesta de los taxistas, que incluyó cortes de calles y quema de cubiertas, decidió suspender su publicación en el Boletín Oficial. Después convocó a una audiencia pública para que todas las asociaciones, instituciones públicas, concejales y funcionarios del Gabinete debatieran sobre la conveniencia del blanqueo. El resultado comunicado del encuentro fue que no sólo los titulares, sino que también los choferes, estaban en desacuerdo con el blanqueo. Ponce emitió un decreto para ratificar la suspensión de la publicación y envió un proyecto para anular la ordenanza, un paso que fue rechazado por el Concejo Deliberante.
La iniciativa municipal para anular la ordenanza de regularización laboral se justifica en que la relación ideal de vehículos para el servicio de taxis en la ciudad es de uno por cada cuatrocientas personas. Por ese cálculo, en la ciudad de San Luis debería haber sólo 438 licencias, cuando existen 1.283.
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