Ante la falta de los expedientes del Paseo del Padre, el Tribunal de Cuentas Municipal le informó al Concejo Deliberante que la Intendencia de San Luis hace caso omiso a los pedidos de remisión de los balances sobre los gastos de esta obra. La Contaduría General de la Municipalidad reconoció que hay balances incompletos en 2013 y 2014, y que en 2015 no entregaron ninguno y que algunos archivos fueron adulterados por personas desconocidas.
El intendente, Enrique Ponce, sostuvo que los papeles están en poder del Tribunal. Sin embargo, este organismo lo desmintió y solicitó también el envío de los papeles referidos a la contratación de alquileres a funcionarios, la adquisición del terreno para el tratamiento de efluentes cloacales y balances de caja diarias de distintos días, pero nunca les llegaron. El Tribunal de Cuentas descubrió que la Comuna dio subsidios a funcionarios foráneos para que viajen a sus lugares de procedencia.
“El argumento oficial es que no pueden encontrar esos expedientes. Existe una irregularidad explícita de no preservar los instrumentos públicos que son los que comprueban cuánto y cómo gastaron los fondos públicos. De esta manera no respetan la figura del Tribunal de Cuentas. Creo que así avalan el fraude porque si no, ya hubieran buscado la información para solucionarlo”, opinó Sandra Barroso, presidente de la Comisión de Hacienda e integrante de Compromiso Federal. El Concejo no aprobó los balances municipales de 2012 (por pagarles casas a funcionarios) y de 2013 (por darles subsidios a jefes de carteras).
El Tribunal de Cuentas alertó que falta presentar 128 expedientes de 2013. Según la notificación, la gran mayoría de esos balances estaban en situación irregular, ya que carecían de sellos de juntura, foliatura o intervención de las secretarías correspondientes.
Para 2014 porque fueron presentados 95 expedientes. “Los balances de caja diarios sirven para saber qué se gasta en un día. Todos los días (hábiles para la Comuna) se genera un expediente con esa información que luego sirve para evaluar la ejecución del gasto”, detalló la edil de Compromiso Federal. Sin embargo, para el período actual, 2015, no hay un solo papel presentado.
El Tribunal observó irregularidades en varios de los expedientes de 2013, que fueron devueltos a la Contaduría General para que constaten esos datos y los regularicen. Nunca volvieron a las oficinas. “Estamos en la mitad de 2015 y esos papeles no regresaron”, dijo Barroso, preocupada.
“La encargada de Contaduría General (Mariela Mortensen) le contestó al Tribunal que encontraron personas extrañas a la Dirección que adulteraron algunos expedientes, aunque no especificaron cuáles son. También señalaron que a esos empleados municipales se les inició un sumario administrativo”, explicó Barroso aunque recordó que este procedimiento lleva su tiempo y que ambas partes tienen que presentar pruebas para desestimar o ratificar su denuncia. Este informe del organismo contralor fue remitido al Concejo Deliberante, para que conozca por qué la Intendencia aún no rindió cuentas hace un año por lo menos.
Además, el Tribunal de Cuentas Municipal le realizó un juicio de responsabilidades a Mortensen ante la falta de respuesta a sus indagaciones.
Una auditoría propia
La Municipalidad busca limpiar su imagen. Por eso ratificó que contratará a la empresa extranjera KPMG para auditar los cuatro años de gestión de Ponce.
“La contratación de esa franquicia internacional significará un estudio superfluo. No va a auditar el gasto público. Sospechamos que es un aval para que respalden sus años de gestión. Si fuera serio, hubiera convocado a los funcionarios municipales para que ellos realicen ese balance o, quizás, haber pedido que los alumnos del último año de la Universidad de Cuyo realicen ese trabajo. Podría ser con una pasantía rentada o ad honorem. Me parece que en relación, no va a ser tan costosa como la que se pretende contratar”, sostuvo la presidente de la Comisión de Hacienda.
El Frente para la Victoria, en la última sesión del Concejo Deliberante, solicitó que pueda extenderse a cinco días hábiles (vence el jueves) la respuesta que debe entregar la Intendencia sobre el costo de la auditoría de la firma privada.
“Los funcionarios municipales no son tan ejecutivos, si su bloque pide eso. Es común que presenten los datos tarde o que ni siquiera lo hagan”, se quejó Barroso. La legisladora criticó la postura evasiva de los funcionarios municipales (el secretario de Hacienda, Esteban Pringles, y Mortensen) y que no den explicaciones a los medios. “Si trabajás a conciencia, lo primero que atinás es hablar con la prensa para poner blanco sobre negro”, manifestó.
El futuro continúa incierto. Los concejales esperarán el resultado del pedido de informe sobre la auditoría y en particular, Barroso aguarda la comunicación oficial que pueda realizar la Comuna al órgano encargado de revisar sus cuentas.
“Lo que nos interesa es la información que pueda aportar el Tribunal de Cuentas, no lo que diga una empresa privada porque eso no nos sirve como un sustento legal para evaluar la gestión”, afirmó.
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