El fiscal de Estado de la provincia, Ricardo Endeiza, recibió ayer los detalles de las denuncias que hicieron Luciano Urquiza y Juan Sosa contra Parques Nacionales, por bloquear la ruta provincial Nº 45 con una tranquera con candado e interrumpir el paso por el que los vecinos de la zona llevaban a sus hijos a la escuela ubicada en la localidad mendocina de El Forzudo; y por derrumbar una vivienda en el paraje El Balde, dentro de Sierra de las Quijadas. El funcionario aseguró que hoy realizará una presentación en la Suprema Corte de Justicia para que resuelva ambos problemas, que están relacionados con el conflicto judicial que lleva adelante San Luis para que las tierras del parque sean restituidas a los huarpes.
“En el caso de Sosa estamos juntando los elementos precisos para realizar la presentación, es necesario que la Corte tome conocimiento y analice si esto no implica una violación de las medidas que ordenó, de no acudir a vías de hecho, ni de requisar este tipo de acciones y efectúe las sanciones correspondientes”, explicó y agregó que poseer una vivienda es un derecho humano básico.
En el caso de que la Justicia fallara a favor de Sosa, tendría derecho para reclamar los daños y perjuicios o reclamar la reconstrucción de su vivienda de adobe.
“Aún cuando Parques Nacionales tuviera razón, que no la tiene, pero en el caso de que les correspondiera la titularidad de lo que hoy es tierra del parque ellos no tienen derecho a expulsar a nadie”, dijo.
Con respecto a la apertura del camino que habitualmente realizaba Urquiza, Endeiza dijo que estuvo en contacto con Ernesto Lutens, el fiscal del juzgado Nº 1, y que además el conflicto ya tomó estado público, por eso realizará otra presentación para solicitar que tome intervención.
“Es importante que también se nos considere particulares damnificados y se arbitren medidas para que abran de nuevo la tranquera”, dijo y agregó que estuvo analizando el conflicto e hizo consultas a Vialidad Provincial, para afirmar que los administradores de la reserva natural se toman atribuciones que no les corresponden.
“Es necesario que abran la traza de manera urgente ya que los niños comenzaron las clases ayer y deben recorrer seiscientos kilómetros de más. Vamos a pedir que se habilite lo antes posible, los niños necesitan asistir a la escuela y no puede estar bloqueado el camino”, especificó.
La Corte no tiene plazos
No hay una cantidad de tiempo determinado para que la Corte Suprema de Justicia dicte sentencia respecto de la expropiación de Sierras de las Quijadas planteada por la provincia en la ley presentada el 19 de febrero de 2010.
“En 2013 se dio un elemento novedoso, importante e interesante, porque la comunidad huarpe se presentó como tercer interesado en el resultado del proceso, fueron en representación del derecho que les asiste por ser pueblo originario. La Corte les hizo lugar y les permitió incorporarse al expediente, de hecho ellos presentaron sus alegatos como propietarios. Pero por experiencia conocemos que la Corte no tiene plazos. Además lo sabemos porque el Gobierno de San Luis tiene una enorme deuda con la provincia, entre otros juicios, y aún no ha pasado nada. No obstante estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance en materia procesal, para que se resuelva con la mayor brevedad posible”, concluyó el fiscal.
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