Continúa la controversia entre los dirigentes rurales y el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción sobre cuál es la distancia mínima a la cual se pueden aplicar agroquímicos. Argumentos de tinte medioambientalistas, productivos y de salud pública, son los que circulan de un lado y del otro. El martes pasado, varias asociaciones rurales de San Luis le presentaron un petitorio al Gobierno, principalmente por no estar de acuerdo con la modificación que incluyeron en la Ley de Agroquímicos, que aumenta la distancia de aplicación a 1.500 metros en zonas periurbanas.
El ministro Cristian Moleker dijo a El Diario que “la decisión tomada se basa en el principio precautorio de la ley de ambiente, que afirma es mejor prevenir y exigir unos metros más que curar”.
“En cuanto a la distancia no hay certezas científicas. Esa falta de consenso se debe a que no hay uniformidad entre los diferentes estados. Por ejemplo, en los países de Europa cada uno tiene su propia normativa. En Estados Unidos pasa lo mismo y Argentina no es la excepción. Si uno mira las provincias, cada una tiene su ley para regir la aplicación de agroquímicos. Ante la duda conviene aplicar la mayor distancia para cuidar la salud pública y el medio ambiente”, amplió el ministro.
Moleker agregó otros argumentos a las razones que lo llevaron a modificar la norma. “Comprobamos que el decreto de reglamentación que está en vigencia, no se cumple. Prueba de ésto es que nosotros hacemos inspecciones a las máquinas aplicadoras y el 50 por ciento están fuera de reglamento. De los 60 ingenieros agrónomos habilitados para emitir la receta de compra de los químicos y su aplicación, sólo tres hacen estos trabajos. Además recibimos denuncias de que los aviones fumigadores pasan por arriba de las escuelas rurales”.
“Hemos hecho una evaluación de las hectáreas cultivables en toda la provincia y sólo quedarían afectadas la mitad del número que dan los ruralistas. Ellos hablan de 100 mil, pero nosotros creemos que no son más de 50 mil. Hay localidades que están rodeadas por bosques nativos o superficies de piedra y allí no se hace producción agraria, e inclusive intervienen factores climáticos, por lo que no es posible la agricultura. Claro que la medida tiene un impacto sobre la superficie cultivable, pero también es real que no debe hablarse de tierras improductivas ya que se pueden hacer otro tipo de tareas que sean más amigables con el medio ambiente”, agregó Moleker.
Además se encargó de llevar tranquilidad para los que menos tienen. “San Luis nunca abandonó a los pequeños productores, nunca lo hizo, ni nunca lo hará. Si hay una unidad económica pequeña, de esas que generalmente se alquilan para pooles de soja, que se queden tranquilos que nosotros no los vamos a abandonar y como Estado queremos acompañarlos en este proceso de reconversión productiva”.
Las leyes tienen una aplicación práctica que a veces puede ser difícil. “El control es muy complejo. Una supervisión, por cada aplicación y cada químico que se usa, implicaría un Estado omnipresente, con una capacidad enorme. En otros lugares que se trabaja la Ley de Agroquímicos uno de los grandes problemas que tienen es la implementación de estas tareas en la aplicación de fitosanitarios”, dijo el funcionario.
De manera contundente y para evitar problemas mayores, el ministro aseguró: “Ante la evidencia de que no se están desarrollando las prácticas correctas, que tengan en cuenta la prevención y la salud de las personas y sin un aval científico consensuado sobre las distancias, hemos decidido trabajar con estas distancias, más allá de los 1.500 metros”.
La otra versión
Por su parte el presidente de la Sociedad Rural de Río Quinto, Carlos Cavadore, explicó el porqué de lo que denominaron el Camionetazo. “En la carta que le hicimos llegar al Gobernador pedimos un cambio en las políticas sectoriales. Además la sociedad rural que yo presido y Cartez solicitamos una audiencia para consensuar criterios. El reclamo es por las modificaciones en la Ley de Agroquímicos, que no especifica distancias por aplicaciones terrestres o aéreas, ni grados de toxicidad de los productos fitosanitarios”.
Ante la consulta de si consideran que los controles son factibles, el dirigente rural dijo que “es el ingeniero agrónomo el que debe velar porque los trabajos se hagan de forma correcta. La ley prevé la inhibición de la matrícula por dos años para aquellos profesionales que cometan alguna imprudencia en las aplicaciones”.
“La distancia en el decreto anterior es hasta 2.000 mil metros para fumigaciones aéreas y con condiciones especificas del clima. Además aclara que sin la presencia del profesional que supervise no puede hacerse la aplicación de químicos sobre los cultivos”, mencionó Cavadore, quién pretende que la Ley vuelva a su texto original.
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