Proponen una nueva ley para aplicar agroquímicos

En los últimos tiempos ha prosperado gran cantidad de normativas municipales y provinciales que son sumamente prohibitivas con la aplicación de agroquímicos. El argumento central de estas restricciones es que los fitosanitarios —sin los cuales no se podría hacer agricultura intensiva por lo que se vería seriamente perjudicada la economía ya que no ingresarían los dólares del campo— dañan el ambiente y la salud de las personas.

Una ley nacional ayudaría a ordenar este caos en la legislación y, en todo caso, trazaría los criterios que permitan minimizar los riesgos, pero el Congreso nacional no termina de ponerse de acuerdo para tratar el tema con equilibrio, atendiendo las demandas de los ambientalistas y las necesidades de los productores.

Por eso el sector privado, a través de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), decidió presentar su propia ley para regular las aplicaciones con agroquímicos. Según el sitio Bichos de Campo, el texto apunta a que los fitosanitarios (remedios para las plantas), como cualquier otro insumo de origen químico, pueden ser peligrosos, pero solo si se hacen las cosas mal. La Red BPA está convencida que si el sector agrícola argentino hace bien las cosas, como en otros países del mundo, no hay por qué tener temores.

No es un organismo menor, incluye hasta al Ministerio de Agricultura en su seno, dentro de un conglomerado de 90 asociaciones, algunas profesionales y empresarias, y otras de orden público.

La cuestión que más se discute es si hay que imponer zonas “buffer” o prohibiciones para el uso de insumos agrícolas en torno a pueblos, cursos de agua o escuelas rurales. La Red BPA viene trabajando para demostrar, sin mucho éxito, que si se cumplen ciertas prácticas y las aplicaciones se hacen con criterios profesionales, esas franjas no deberían ser de más de 50 o 100 metros.

Juan Brihet, el coordinador de la Red BPA, explicó que el “proyecto de ley para la gestión de productos fitosanitarios no solo habla de los cultivos centrales como los granos, sino que aborda todas las economías regionales, como la fruticultura y la horticultura". También destacó que abarca todos los aspectos discusión: "No prohíbe. Ordena, articula, profesionaliza, controla y sanciona”.

Brihet contó que lo que proponen son dos zonas, una “sensible” y otra “de amortiguamiento”. La primera debería ser de solo 10 metros para las aplicaciones terrestres y de 45 metros para las aéreas. Pero a esas zonas se anexarían otras con pautas específicas para que las poblaciones urbanas no corran ningún riesgo.