Exigen al Supervielle que vuelva a instalar su sede central en San Luis

Un nuevo reclamo le presentó el fiscal de Estado, Eduardo Allende, al Banco Supervielle. Esta vez la intimación fue para que la casa central de operaciones de esa entidad bancaria retorne a la ciudad de San Luis porque hace tiempo que opera en Mendoza, hecho que alteraría las obligaciones firmadas por esa entidad cuando accedió a ser agente financiero de la Provincia. “Derivado del contrato original con el banco y sus posteriores modificaciones, Supervielle se comprometió a mantener la casa central en San Luis. Esto es muy importante porque ese banco maneja los activos del Estado provincial y al mantener la central aquí, se generan negocios, inversiones y desarrollo en las empresas que están radicadas en San Luis”, explicó el funcionario.
Según Allende el conflicto se habría suscitado porque “desde hace un tiempo el banco ha mudado sus principales autoridades a Mendoza, con lo cual los fondos de la Provincia estarían sirviendo para generar negocios en esa jurisdicción y esto no es lo que se tuvo en cuenta al momento de firmar el contrato como agente financiero de nuestra provincia. Como allí se maneja la totalidad de los fondos provinciales, esto le genera  a la entidad un capital de giro financiero muy importante que debería ser volcado a dar préstamos para incentivar el desarrollo en el ámbito de la Provincia de San Luis. Por eso los hemos intimado a que regularicen esta situación”.
El fiscal dijo no saber el motivo del cambio y explicó que “la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, fue quien nos informó de la mudanza de la casa central porque las actuales autoridades de esa sede bancaria, que antes operaban en nuestra provincia, ahora atienden allá. Esta  toma de decisión por parte del banco genera una política de inversiones y desarrollo fuera de lo que estaba estipulado en el contrato firmado con San Luis”. También destacó que el Supervielle “maneja montos muy importantes de los activos de la Provincia que se obtienen por la recaudación y la coparticipación federal. Con ese dinero también se hace frente a los gastos corrientes y por eso la idea es que esos fondos también sean volcados a políticas productivas para las empresas locales y para las que están radicadas en la provincia”.
En la carta documento que Allende le envió a la entidad bancaria el martes, se le intima a que en el plazo de cinco días hábiles dé una respuesta bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales civiles y penales que pudieran corresponder: “Vencido ese plazo deberíamos iniciar acciones por eventuales daños y perjuicios que se le podrían haber generado a la Provincia. De todos modos estamos aguardando a que el banco adecue su funcionamiento a lo que está previsto contractualmente. Y esperamos que de parte de ellos haya una respuesta satisfactoria”. 
En el caso de que el banco no cumpla, el fiscal destacó que “si no se adecuan a lo que debe ser su rol  de agente financiero, como lo hemos acordado en el contrato original, vendrán las acciones que correspondan. Seguirán administrando los fondos provinciales y los tendrán en su poder durante un determinado tiempo. Por ejemplo, los giros por coparticipación son periódicos y eso se va acumulando en una cuenta que a su vez sirven para cubrir erogaciones como el pago de sueldos a fin de mes. Pero insisto en que lo que se va acumulando tiene como destino promover el incentivo del desarrollo productivo de los ciudadanos de San Luis”.
Allende destacó que las autoridades del banco “trabajan en una propuesta integral para los dos reclamos anteriores respecto de los descuentos que se les aplican a los empleados públicos como a jubilados".