Nuevo Código Civil y Comercial: los puntanos se volcaron a los cambios que agilizaron los trámites

El nuevo articulado del Código Civil y Comercial que mañana cumple el primer año de vigencia ya generó cambios en la sociedad puntana que según la opinión de jueces, escribanos y funcionarios públicos, fueron tomados con naturalidad y además generaron rapidez en la gestión de los trámites. Tanto el juez Civil Javier Ayala, como su colega de Familia, Estela Bustos, coincidieron en que los litigios que debieron resolver a partir de la nueva norma se lograron de manera ágil y con buenos resultados para los demandantes. Ambos reconocieron que varias de las modificaciones que se plantearon en el nuevo Código ya las aplicaban a través de otros mecanismos jurídicos como tratados y convenciones de Derecho Internacional e incluso por leyes provinciales que iban en el mismo sentido.

Para la jueza Bustos, los divorcios y las adopciones fueron las demandas que mayor agilidad alcanzaron en la resolución porque -además de acortarse los tiempos- en el caso de las adopciones el trabajo que realizan los equipos técnicos del Registro Único de Adoptantes y el Programa Familias Solidarias, que contiene a unos y otros actores, les facilitó la tarea a los magistrados. También ponderó que en ambos casos, tanto los hijos de matrimonios como los chicos que están en condiciones de ser adoptados, fueron protagonistas y se tomó en cuenta su opinión.

Para Ayala, que además preside el Colegio de Magistrados, la gran novedad fue el cambio de paradigma sobre la capacidad civil de las personas ya que ahora se restringe lo menos posible. “Antes, con un certificado de salud que establecía que la persona estaba afectada por una enfermedad mental ya no podía disponer, ni administrar sus bienes y en la mayoría de los casos se lo declaraba incapaz. Es decir, que esa persona no podía realizar ningún acto jurídico si no era a través de su representante. Ahora, la declaración de incapacidad es excepcional y sólo se aplica a un caso de extrema gravedad que es cuando una persona no puede darse a entender por ningún medio”, argumentó.

Una de las instituciones que más novedades incluyó en su menú de trámites fue el Registro Nacional de las Personas que en su delegación local mostró gran aceptación a la utilización de nombres para los recién nacidos denominados “nuevos”, que eran aquellos que antes sólo podían inscribirse con previo pedido de autorización.

Respecto a la incorporación de los dos apellidos de los padres en el DNI de los recién nacidos,  una opción que existía con anterioridad, el director del Registro Civil, Carlos González, dijo que se inscriben a la manera tradicional, es decir con el del padre primero. Otra institución que propone el nuevo Código, y que los jóvenes puntanos han adherido, son las uniones convivenciales: un acuerdo al que llega una pareja para convivir bajo un mismo techo y donde quedan establecidas las obligaciones y derechos de cada uno de los firmantes respecto de la vivienda y los hijos si los tuvieran, que además indica expresamente que, al momento de firmarlo, deben estar solteros o divorciados.

En cambio casi no se utilizó la figura de la separación de bienes para las parejas que deciden unirse en matrimonio. Sólo cuatro lo hicieron en la modalidad convención patrimonial, que se lo permite a aquellos que se casaron con el viejo Código, y otros dos optaron por el régimen de convención matrimonial, que es para los que se casaron después del 1 de agosto de 2015.

La escribana Dirce Bona, una de las más experimentadas del medio local y que además trabajó en el Colegio de Notarios durante el año pasado en la difusión del nuevo instrumento legal, consideró que “aún no fueron los suficientemente difundidos todos los derechos que consagra”, aunque destacó que “la gente de a poco fue optando por varias de las reformas que se proponen como la división de bienes en el matrimonio, actos de autoprotección de las personas, la inscripción de protección de una vivienda como sede familiar, el consentimiento de los adolescentes a viajar o vivir con alguno de sus padres, como así también las uniones convivenciales”.

El gran desafío que queda por delante son la defensa de los derechos de los consumidores, de los pueblos originarios y del medio ambiente.