El Gobierno invitó a los intendentes de todas las localidades a una reunión final para formalizar la adhesión al reclamo por el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordena el pago de la deuda que el Estado nacional retiene desde hace 12 años a San Luis. Además solicitarán una audiencia con el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lorenzetti, y con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. La convocatoria es para pasado mañana a las 16 en el buffet de la Torre II de Terrazas del Portezuelo.
En un intento incansable por recuperar lo que pertenece al pueblo de San Luis, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, junto al ministro de Gobierno, Justicia, Culto y Transporte, Eduardo Mones Ruiz, convocaron a todos los intendentes a firmar un documento, luego de haber realizado varios encuentros con jefes comunales y legisladores de cinco departamentos para solicitar formalmente al gobierno nacional el cumplimiento del fallo que se dictaminó en noviembre del año pasado. “La sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado nacional a pagar a San Luis el importe resultante del cálculo de las sumas retraídas por este concepto desde noviembre de 2003, con los intereses correspondientes. Se fijó un plazo de 120 días para que las partes acordaran la forma y plazo de pago, pero transcurrieron casi nueve meses y no pasa nada”, sentenció el ministro de Gobierno, y agregó: “Unidos, intendentes y legisladores, debemos volver a reclamar en la Casa Rosada por el pago de la deuda”. Mones Ruiz aseguró que la convocatoria es sin distinción de colores partidarios y con el sólo objetivo de defender los derechos de la gente de San Luis.
Explicó que el Estado debe pagar a San Luis $12.000 millones que corresponden al 15% de coparticipación retroactivo al 2003, como lo decidió la Magistratura y que “cualquier obra que el Gobierno de la Provincia pueda hacer con esos fondos será consensuado con los intendentes. Hasta ahora tuvimos una muy buena recepción, no sé si van a poder venir todos pero será la inmensa mayoría. También invitamos al fiscal de Estado, Eduardo Allende”, expresó.
El ministro sostuvo que se redactará un documento simple para pedir lo que le corresponde a San Luis. “También queremos formalizar una solicitud de audiencia al presidente de la Corte Suprema y al Presidente de la Nación, para que los intendentes puedan exponer su posición”, afirmó.
Mones Ruiz manifestó que la iniciativa nació a partir de las conversaciones que el Gobernador mantuvo con los intendentes y legisladores. Particularmente destacó una visita al Departamento Ayacucho, una zona muy maltratada por las inclemencias de la naturaleza, donde los funcionarios y el pueblo explicaron sus necesidades, sus proyectos y sueños. “Ellos nos contaban cómo la falta de recursos los limita para concretar obras y de esa charla surgió que en realidad los fondos para hacerlas están, se llaman fallos de la Corte Suprema, que San Luis ganó por descontarnos más de la coparticipación”, resaltó el ministro.
“Pasaron casi nueve meses del dictamen de la Justicia y aún no hay voluntad de pago por parte del gobierno nacional. Vemos que se cumplen con otros fallos como el pago a los ‘fondos buitre’ o los pagos a quienes compraron el dólar futuro, y este fallo aún no se cumple”, confirmó.
Además el Estado provincial tiene 14 juicios abiertos por deudas con la Nación por un monto superior a los $29.000 millones. A esto se agregan los reclamos por la construcción de los diques Saladillo y San Francisco, que fueron dados en concepto de la devolución de los ahorros atrapados en el ‘corralito’. Estos diques fueron construidos con fondos provinciales. También la repavimentación de la Autopista de las Serranías Puntanas; fondos del Programa Techo Digno por $233 millones y más de 5.000 viviendas que le correspondían a San Luis y fueron desviadas a otras provincias como Tucumán. Además, la provincia fue excluida del Plan Nacional del Agua y persisten los litigios con el gobierno nacional por la expropiación de las Sierras de las Quijadas, una parte del corredor vial y por la inconstitucionalidad del artículo 32 de la Ley de Medios.
“Es importante que la sociedad conozcan lo que sucede, el avance de los juicios, lo que nos deben y los fondos que la provincia pelea judicialmente. Pedimos que nos paguen las deudas porque eso se va a traducir en obras y mejor calidad de vida para los habitantes de la provincia. Esta convocatoria es en defensa de nuestro pueblo”, concluyó.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casaMás Noticias
