Citan a indagatoria a la ex intendenta de Villa Mercedes

La ex intendenta Blanca Pereyra, que se desempeñó al frente de la Comuna entre 2007 y 2011, fue citada a indagatoria en la causa en la que está acusada por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", iniciada en setiembre del 2009 después de que un grupo de empleados municipales denunciara irregularidades en el giro de fondos por obras de refacción que nunca realizaron por dos millones de pesos.
El 31 de agosto pasado el juez de Instrucción en lo Penal Nº 1, Alfredo Cuello, ordenó la instancia declaratoria, por primera vez para la ex funcionaria, prevista para el próximo lunes 12 a las 9.
"Es el primer acto de defensa formal donde se le hace una imputación concreta: la encuentro sospechosa de haber cometido un delito, formalmente hablando. En esa misma causa hay muchas personas que se encuentran procesadas inclusive confirmado por la Cámara (de Apelaciones Nº 1) pero con ella no habíamos podido avanzar", indicó el magistrado.
El pedido de indagatoria había sido elevado por la fiscal de la causa, Nora Bataller, en el 2011. Pero para ese entonces Pereyra había asumido como legisladora provincial. El juez manifestó que solicitó "a la Cámara de Diputados el desafuero previo, pero nunca le dieron tratamiento al pedido y una vez que cesó su mandato, en diciembre del año pasado, hice lugar al pedido de la fiscal".
En la resolución judicial, Cuello dictaminó "declarar no prescriptas las acciones penales en relación al delito de violación de los deberes de funcionario público", tanto para la ex intendenta como para Gladys Romero, ex tesorera. 
Los otros imputados son Marcelo Zeballos, Rodolfo Luque y Sybil Blanco, procesados por adulteración de documento y negocios incompatibles con la función pública. Bataller también solicitó las indagatorias para Romero, José Moyano, Oscar Nocetti y Gastón Siótoli.
"Respecto de ella, al gozar de inmunidad parlamentaria yo no pude avanzar en la investigación, aunque sí lo hice con otras personas. El estado procesal no le corresponde de igual forma a cada uno de ellos, porque ha tenido diferentes avances", fundamentó el magistrado penal.
El abogado Edgar Del Corro, representante de los empleados y querellante, manifestó que "tendría que haber sido antes, pero lo frenó todo lo que pudo. Lo que le da el fuero es que no la puede privar de la libertad ambulatoria, nada más. Si la intención es hacer justicia, las pruebas sobran. Esperemos que salgan las cosas un poco derechas. En esta situación de crisis, le dará un poco de tranquilidad a la sociedad", dijo.