Una pareja detenida por estafas dice que fue engañada

Lucas Figueroa y su pareja, Elvira Rosa Alaniz Maldonado, revirtieron ayer el mutismo que habían elegido mantener el pasado 4 de octubre, cuando la jueza Penal 3, Virginia Palacios, los citó a declarar como sospechosos de haber estafado al menos a cinco personas en la venta de terrenos en La Punta y El Suyuque. La ampliación de la declaración indagatoria de Figueroa fue bastante más sucinta que la de su mujer: manifestó, sencillamente, que las tierras se las compraron a Juan Carlos Núñez, que también está en la mira de la Justicia por timos en la comercialización de lotes. Su mujer, que coincidió con esa versión, aseveró que fueron estafados por ese hombre y que ellos vendieron de buena fe los terrenos a otros, que nunca quisieron perjudicar a nadie.

Figueroa no accedió a responder interrogantes. Alaniz Maldonado, en cambio, fue consultada durante más de dos horas sobre distintos aspectos de las negociaciones que realizaron con los damnificados, por las cuales hoy están encerrados.

El abogado de ambos, Rodolfo Mercau, interrumpió ayer la prórroga de la detención de ocho días que había solicitado, de modo que la magistrada cuenta ahora con un término máximo de 48 horas para definir cómo quedará la situación procesal de la pareja. Esto es, si los procesa o no, y, en caso afirmativo, si les dicta, además, la prisión preventiva.

En contacto con El Diario, la jueza sólo confirmó que Alaniz Maldonado afirmó que los terrenos que ellos vendieron a los denunciantes los habían comprado a Núñez, e indicó que por esa operación hicieron un contrato de cesión de derechos y acciones.

“Le preguntamos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon esa operación con Núñez, como así también aquellas que rodearon las transacciones con los denunciantes”, informó Palacios, antes de explicar que eso sería todo lo que comentaría sobre el caso por el momento, pues si da más detalles podría incurrir en prejuzgamiento.

Dice que pagó con un auto

Figueroa, de 28 años, declaró en la audiencia que le compró a otro hombre una parte del campo que después loteó, y la otra a Núñez. Al primero dice haberle dado, como parte de pago, un auto con el que trabajaba de remisero. Al resto de la deuda la canceló después, con el producto de otro trato, aseveró.

A Núñez, según el imputado, le pagó 200 mil pesos en cuotas. Explicó que al dinero lo obtuvo de su trabajo –es albañil–, de lo que le pagó la ART por una lesión que tuvo en la rodilla y de la indemnización que le dio la empresa constructora en la que prestaba servicio.

Alaniz Maldonado contó que Núñez les mostró documentación que supuestamente acreditaba que era dueño del inmueble y que con su pareja decidieron invertir sus ahorros en esas 12 hectáreas, por las que el vendedor les pidió unos 200 mil pesos.

Según la imputada, como no sabían mucho de ese tipo de trámites, buscaron un abogado para que los asesorara, que les dijo que todo estaba bien. Agregó que luego fueron a una escribana, que les expresó lo mismo, y que después buscaron a un agrimensor, para hacer la mensura.

La mujer manifestó que cuando hizo las consultas en Catastro sobre el padrón, por ejemplo, le confirmaron que todo estaba en condiciones y que ahí le firmaron y sellaron toda la documentación.

Argumentó que decidieron vender lotes para poder construir su propia casa y para abonar los gastos que surgían, como la realización de la mensura, el cierre y otros. Aseguró que todo el dinero que recaudaron está invertido en el campo, que lo usaron en los trámites y elementos necesarios para tener servicios como la luz y el agua, para hacer las tranqueras, para comprar alambres, postes y demás.

Al tiempo de adquirir la tierra, los desalojaron. Ella contó que hablaron con las personas a las que les habían vendido lotes y les explicaron que les iban a devolver la plata, aunque tuvieran que endeudarse ellos mismos, pero que no los quisieron oír.

Aún analizan material secuestrado

Figueroa y Alaniz Maldonado fueron detenidos hace una semana por efectivos de Inteligencia Criminal, un área dependiente del Departamento Informaciones de la Policía. Los mismos efectivos habían estado al frente, el pasado 20 de setiembre, de los cuatro allanamientos que la jueza ordenó como parte de las averiguaciones de esta causa.

Uno de los domicilios requisados fue el de la pareja arrestada, situado a la altura del kilómetro 27 de la autopista 25 de Mayo, en el paraje Los Molles, en el llamado Suyuque Nuevo. También inspeccionaron la casa de los padres de Figueroa, en La Punta; el domicilio de Mariano Fredes, otro investigado, en el barrio “Juan Gilberto Funes”; y la casa del mencionado Núñez, en el pasaje Mauro al 1500.

Durante esa jornada, los agentes de Inteligencia Criminal se incautaron de elementos de distinto tipo –material documental e informático y sellos, por ejemplo– que son analizados por peritos. Aunque aún no se conocen las conclusiones finales de esas pericias, días más tarde, con algunas referencias de ese examen, la jueza dispuso la detención de Figueroa y su mujer.