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Imputan por trata de personas a una mujer que sometía a otra

La había captado en otra provincia y la obligaba a ejercer la prostitución en Buena Esperanza.

Por redacción
| 20 de noviembre de 2017
Prostíbulo. Funcionaba en una casa donde vivían la dueña, la otra mujer y las hijas de ambas.

Es grave la acusación que la Justicia Federal formuló contra una mujer que sometía a otra al ejercicio de la prostitución, en una casa de la sureña localidad de Buena Esperanza: al llamarla a declarar en indagatoria, le hicieron saber que la imputan por “trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por haberse consumado la explotación”, informó el fiscal federal de instrucción de San Luis, Cristian Rachid.

 

En caso de que finalmente la declaren culpable, la imputada, Silvia Ochoa, una cordobesa afincada hace años ya en el sur de San Luis, va a ser penada con, por lo menos, ocho años de prisión, ya que ése es el mínimo para el delito por el cual está acusada.

 

Ochoa, conocida en el pueblo del sur como “La Silvia” o “La Gringa”, tiene restringida su libertad, pero permanece en su casa, ya que el juez federal de la provincia, Juan Esteban Maqueda, le concedió el beneficio del arresto domiciliario. El motivo es que tiene una hija menor a la que debe cuidar.

 

La trata de personas, según la Ley, incluye “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.

 

La trajo de otra provincia

 

En este caso, según trascendió de fuentes de la investigación, la mujer que era sometida a la trata con fines de explotación sexual es una persona de 30 años, de otra provincia argentina.

 

De acuerdo con los postulados de la misma norma, la explotación se da en varios casos. Ellos son: cuando una persona es reducida o mantenida en condición de esclavitud o servidumbre; cuando es obligada a realizar trabajos o servicios forzados; cuando alguien promueve, facilita o comercializa la prostitución ajena o la oferta de servicios sexuales ajenos; cuando se promueve, facilita o comercializa la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; cuando se fuerza a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho; o cuando se promueve, facilita o comercializa la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

 

El caso de la joven sometida en Buena Esperanza fue descubierto gracias a un llamado a la línea 145, del Ministerio de Justicia de la Nación. Alguien, en forma anónima, alertó que en el sur de San Luis habría una red de trata de personas con fines de explotación sexual, que funcionaría en la localidad de Unión o en la de Fortuna.

 

Dirigida por el fiscal Rachid, la Policía Federal investigó esa línea, pero no llegó a comprobar la existencia de la supuesta red, reveló el funcionario judicial. Pero la investigación sirvió para descubrir que en Buena Esperanza había un prostíbulo encubierto, en la calle Independencia 20. Allí había al menos una mujer sometida al ejercicio de la prostitución, según los datos que obtuvieron en la pesquisa.

 

Luego de cuatro meses de averiguaciones sobre las actividades en ese local, lo allanaron la madrugada del domingo 5 de noviembre.

 

Comprobaron que la dueña ejercía la prostitución, pero además mantenía sometida a otra joven, para que también la ejerciera. Según las pruebas reunidas, en forma previa, para captarla, se habría aprovechado de la situación vulnerable en la que vivía. De ese modo, logró llevarla desde su provincia hasta el pueblo del sur sanluiseño. Eso configuraría la trata, en este caso.

 

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