Sin quórum en Diputados, abogadas frenan el avance contra la feria judicial en San Luis

El clima se tensó este miércoles en los pasillos de la Legislatura provincial, donde abogadas y abogados autoconvocados se concentraron para rechazar el proyecto oficialista que busca eliminar o reducir la tradicional feria judicial de enero.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, había obtenido ayer media sanción en el Senado, pero no pudo ser tratada hoy en la Cámara de Diputados debido a la falta de quórum, lo que postergó su debate.

Entre las voces más firmes del foro se destacaron las de Carolina Díaz Alba y Lucrecia San Emeterio, quienes advirtieron que la reforma “no mejorará la Justicia, sino que la destruirá desde adentro”.

“Tengo una posición enérgica en contra de la eliminación y/o reducción de la feria. Entiendo, por mis casi 20 años de ejercicio de profesión, que esta medida, además de demagógica, hará descansar a la gente en una falsa premisa: se les hará creer que se ha tomado una decisión para mejorar la justicia, cuando la medida aportará el resultado contrario: desorden, agotamiento y colapso. Es perverso mentir y disfrazar de solución algo que terminará subvirtiendo el poco orden que tiene el sistema”, sostuvo San Emeterio.

Por su parte, Díaz Alba remarcó que la feria judicial “es un derecho de la población y no un privilegio de los abogados”. “Los tribunales siguen funcionando durante enero, pero sólo para causas urgentes: alimentos, violencia familiar, delitos o reclamos laborales. Lo que molesta al Gobierno no es la feria, sino que no puede ejecutar los apremios municipales. Por eso la quieren sacar”, señaló.

Las abogadas cuestionaron además la velocidad con la que el oficialismo intentó impulsar la reforma, sin consulta previa al Colegio de Abogados ni al Poder Judicial. “Nos quieren hacer creer que trabajan por la eficiencia judicial, pero recortan presupuesto, pagan sueldos miserables y eliminan derechos. Lo que buscan es control político”, denunció Díaz Alba.

Desde el foro anticiparon que, si la norma se aprueba, presentarán una acción de inconstitucionalidad. “No es un reclamo corporativo, es una defensa del sistema judicial y de los derechos de la gente”, remarcaron.