Un freno a las intenciones del Gobierno que desnudó más mentiras

El freno al proyecto de reducción de la feria judicial que consiguieron asociaciones de profesionales y empleados de Tribunales venció por ahora las intenciones del gobierno y puso en evidencia a las máximas autoridades de la provincia, quienes antes de mandar el documento al Poder Legislativo habían dicho que el trabajo había sido producto de escuchar a todos los sectores.

Tanto el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, como el vicegobernador, Ricardo Endeiza, hicieron declaraciones en las que aseguraron que, aunque con algunos matices, la reducción de la feria judicial fue una decisión que habían tomado tras oír a las agrupaciones de abogados y empleados. Pero el freno que el Colegio de Abogados logró a la sesión de la Cámara de Diputados el miércoles a la tarde puso a las intenciones oficialistas en suspenso.

No solo eso. Además desenmascaró la maniobra como lo que es: una intromisión del Poder Ejecutivo por sobre el Poder Judicial solo consultada en los ámbitos amigables del gobernador y su círculo íntimo. Basta mirar la foto de la reunión en la que se anunció la reducción, en donde Poggi está acompañado del vicegobernador y de tres de los legisladores más conspicuos del oficialismo: Martín Olivero, Alberto Leyes y Eugenia Gallardo.

Las intenciones del Ejecutivo chocaron de bruces, una vez más, contra la persistencia de abogados y abogadas que consiguieron suspender la sesión del miércoles por la falta de quorum.

Al día siguiente, el jueves, dos agrupaciones judiciales emitieron comunicados en donde cuestionan las intenciones del gobierno provincial. “No hay reforma judicial posible sin inversión ni salarios dignos”, dijo el sindicato Judiciales puntanos en una nota en la que recuerda que hace más de un año presentó un proyecto de reforma que nunca fue tratado.

“Esta iniciativa que propone consolidar la autarquía financiera y garantizar la independencia presupuestaria y funcional del Poder Judicial es la verdadera reforma que necesita la Justicia de San Luis”, dice el comunicado, que agregó que el funcionamiento judicial no se mejora con recortes sino con “recursos, planificación, diálogo y respeto institucional”.

Otro organismo que se pronunció tras la intentona del Gobierno fue el Colegio Forense, quien declaró su “enérgica oposición” a la reducción de la feria, una medida que resulta “inocua y que desconoce la verdadera magnitud de la crisis que atraviesa el Poder Judicial”.

El ente repite la idea de que los sueldos bajos de los empleados es el verdadero problema a resolver y aboga por una verdadera ley de autarquía.