Responsabilidad Fiscal: "Es un avance en contra del federalismo"

Consultada por la prensa, la senadora nacional por San Luis, Liliana Negre de Alonso, destacó: “Tengo la autoridad moral (para opinar) porque  la provincia de donde vengo tiene una administración responsable: no tiene déficit, no tiene deuda externa ni deuda interna, al contrario tiene acreencias contra el Estado Nacional que le debe dinero. Tenemos que procurar responsabilidad fiscal en la gestión pero acordar una ley nacional donde se avanza sobre las facultades de las legislaturas provinciales y los gobiernos provinciales es un claro avance en contra del federalismo”.

 A la vez que remarcó que “hay atribuciones que son propias de las provincias y que hacen a la gobernabilidad de cada provincia. Me parece bien que se tienda a un proceso de saneamiento de las cuentas públicas pero San Luis no se ha adherido a esto porque tiene una ley de presupuesto muy superadora y metas cumplidas superadoras a lo que establece este proyecto”.

 “Creo que la responsabilidad de la gestión pública la tienen los gobernadores de las provincias, que son autónomas, y las Legislaturas provinciales. Decir que los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no van a incrementar los cargos del sector público, con respecto de lo que haya al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el Indec por cada jurisdicción es una invasión absoluta al orden interno. ¿Cuál es la parámetro de garantía de que el Indec tenga datos reales?”, agregó.

Sobre la incorporación del artículo 18 bis a la ley 25.917 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal planteó que “el aumento de los gravámenes provinciales son exclusivamente facultad del gobierno provincial, de las legislaturas provinciales”.

Respecto del art. 21 de la Ley sostuvo:  “Nosotros no tenemos endeudamiento. Uno mira el cuadro de endeudamiento de las provincias y hay un importante aumento pero eso tiene que ver con la gestión”.

En los fundamentos de la normativa se destaca el acuerdo para que todas las jurisdicciones del país mantengan constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias (o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes). Además incorpora una regla sobre el empleo público que establece que las provincias que hayan alcanzado el equilibrio fiscal, pueden incrementar la planta de personal asociada a inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales como salud, seguridad y educación. Sobre este punto Negre sostuvo: “Esto no responde a los pilares fundamentales que tiene que garantizar una provincia. No se puede condicionar, por ejemplo, el aumento de personal de la salud a una inversión, sino que eso responde a las necesidades de la población. Lo mismo con la seguridad y la educación. No se puede condicionar el crecimiento del empleo público a una inversión. Es un criterio absolutamente errado”.