Dirigentes de Cambiemos criticaron con fuerza el cobro retroactivo al gas

Todo tiene un límite. En la vida, siempre, la paciencia y la esperanza tienen topes. A veces anchos y largos. En otras ocasiones tiene mecha más corta. También ocurre en la política cuando los graves errores son indefendibles e indisimulables. Lo cierto es que ayer, dirigentes y funcionarios de Cambiemos de todo el país, criticaron con dureza la decisión del gobierno nacional de cobrarles a usuarios de gas natural de todo el territorio una "compensación retroactiva", en 24 cuotas y a partir de enero, para que las empresas distribuidoras recuperen dineros que, según la administración de Macri, perdieron por la devaluación del peso. Los dirigentes puntanos de Cambiemos no fueron la excepción y en diversas redes sociales y radios salieron a fustigar una decisión (otra) que va en contra de los consumidores.

"Estoy disconforme por distintas cuestiones. La primera es porque esta compensación retroactiva no se puede aplicar. Simplemente porque el marco regulatorio del gas no autoriza a cobrar diferenciales de precio de tarifas retroactivas por consumos ya cobrados y facturados" afirmó el ex funcionario del Ministerio de Defensa, Walter Ceballos. Dijo que el segundo aspecto a considerar es que el precio del gas, en boca de pozo ya que "en la Argentina, las transportadoras aducen una diferencia de precio por moneda extranjera, esto tenía un costo sobre el gas al que se le aplicaba un subsidio por explotación. Y a partir de una decisión del presidente Macri, quedó solamente en manos de aquellos que obtienen gas para usos no convencionales. Este intento de cobrarle a los usuarios este plus es ilegal", enfatizó.

"Durante la gestión de Aranguren, el radicalismo dentro de Cambiemos preparó un documento de análisis sobre el tema costo-precio de la energía, de gas y energía eléctrica. Se lo entregamos a Macri y más allá de la necesidad de disminuir el impacto que produce el déficit comercial por la importación de gas, y más allá de estar de acuerdo con favorecer la explotación propia, debíamos desarrollar una política energética que no recayera sobre los usuarios. Además, para subrayar otro error gravísimo, no hay ningún lugar donde el marco regulatorio de gas indique que el cuadro tarifario se modifique con cualquier moneda extranjera. Eso no existe", explicó el dirigente.

Ceballos ya había mostrado disconformidad hacia el Ministerio del Interior en las redes sociales el 2 de octubre. En su cuenta de Facebook posteó que tomaba con beneplácito la inauguración de obras en comunas del PJ. Pero también lanzó una pregunta llena de fastidio hacia Rogelio Frigerio: "Los municipios de la UCR. Santa Rosa, Fortuna y Bagual no inauguran ninguna obra con recursos de Nación, Ministro?". Como a muchos otros radicales, la paciencia con los globos amarillos se le terminó a Ceballos.

"Hay un aspecto clave que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas, que son monopólicas ya que el usuario no puede elegir otra. Las compañías, en el primer punto de su contrato aceptaron garantizar la provisión de energía en cualquier condición de mercado. Ellos saben que los precios tienen que ser autorizados. No pueden hacernos creer a nosotros que los costos del gas y el costo de la devaluación lo tenemos que afrontar los usuarios. Nosotros no podemos optar por otras distribuidoras de gas natural. Ellas son, según sus regiones, un monopolio y necesitan autorización para aplicar costos. Esto es totalmente ilegal. A Iguacel se le escapó la liebre", opinó en diálogo con El Diario de la República.

Ayer, por la decisión del secretario de Energía de la Nación, también mostró su enojo la senadora provincial de Avanzar-Cambiemos Dominga Torres. La ex intendenta de La Toma calificó de "inútiles" a los funcionarios nacionales en sus redes sociales.

"Esto es una estafa al bolsillo de la gente que ya no da más. Además cobrar algo de manera retroactiva es violar las leyes. Quieren cobrar algo que la gente, los trabajadores, no pueden pagar. Ya no hay capacidad para recurrir a un crédito para abonar una compensación. Iguacel tiene que dar un paso al costado. Si no tiene capacidad o no es sensible con la gente, debe irse", criticó Torres.

"Repudio esta decisión. No defenderé lo que creo incorrecto, es un error muy grave. Es una acción ilegal que perjudica a los consumidores. La gente ya no aguanta más", cerró la legisladora.

En el mismo tono se pronunció la diputada provincial por el departamento Pedernera, Elena Pastor. "La 'compensación retroactiva' es un error. No es correcto. No respaldo lo que va en contra de los ciudadanos, no me importa de dónde venga", aclaró la radical.

"Estoy trabajando desde hace meses con el tema del aumento de las tarifas de gas. Empecé a ver que no eran equilibradas ni ecuánimes. Hay gente que consume menos que otra y paga mucho más. Hay evidentes desequilibrios a la hora de facturar. Tenemos más de 2 mil reclamos y ahora aparece esto, una medida a favor de las empresas. No se puede aplicar un monto a lo ya consumido y facturado. Es totalmente ilegal", destacó la diputada.