Preparan demanda contra plan de ahorro de una marca

Tras meses de reclamos y reveses judiciales, los damnificados por los excesivos precios de los planes de ahorro de autos en la provincia buscaron otra alternativa y esta semana se puso en marcha una demanda contra el plan Rombo del modelo Renault Sandero, que se presentará en el fuero civil en los próximos días. La acción colectiva tiene por abogado patrocinante a Rafael Berruezo, en representación del Club de Derecho, una ONG cordobesa especializada en defensa del consumidor.
Berruezo aseguró que básicamente, en vez de plegarse a un amparo colectivo, la acción consiste en una demanda individual de un damnificado y a su vez una colectiva, que incluirá a todos aquellos que estén en el plan de ahorro de esa marca y modelo específico.

“Por lo que ha explicado Federico Macciocchi -presidente de Club de Derecho-, la individual es porque esperamos que vaya más rápido (que la colectiva)”, detalló Berruezo, quien coordinará la demanda en representación del Club, ya que no hay organizaciones que puedan llevar medidas de alcance colectivo en la provincia. En tanto la acción particular ya fue presentada en la semana. 

La demanda pide el “cese de medidas abusivas” y ordena una medida cautelar para que se congele el aumento de las cuotas y se retrotraigan a abril del año pasado, algo que se logró en un fallo reciente en Córdoba, con un autoplan de Volkswagen.  
Berruezo indicó que podrían darse medidas similares con otros planes de ahorro de otras marcas. “Lo que sugirió Macciocchi es no ir cada uno a una demanda, sino juntar 50, 100, suscriptores de cualquier marca y hacer una sola demanda porque tienen el mismo problema”, detalló el abogado. 

Cómo son los planes

Comúnmente, los planes de ahorro cuentan con 168 inscriptos, que tienen que pagar 84 cuotas consecutivas (siete años), para obtener su vehículo por sorteo o licitación. El plan oficia de “intermediario” entre la autopartista, que entrega dos vehículos por mes y los clientes, que pagan la cuota. 

Macciocchi visitó esta semana la provincia para recibir las consultas de los autoahorristas. En contacto con El Diario, el abogado, especializado en defensa del consumidor, remarcó que los planes constituyen un “engaño”.

“El engaño es hacerle creer a la gente que está siendo financiada. En realidad quienes están lucrando con la financiación son las empresas. No es que la empresa dice “sacaste el auto y me lo pagás en cuotas”. No es así. Es al revés, producís autos que te garantizás que este grupo va adquirir dos por mes y de cientos de miles de grupos hay”, explicó. 

Para el abogado ya se trata de una estafa, cuando en el plan, amparados en este contrato de pago, establece precios exorbitantes, pero si uno se acerca a la concesionaria y lo hace por fuera del sistema, los precios son más bajos. “La estafa no es que aumente el valor, la estafa es que no es el mismo valor de lo que vale en la concesionaria, porque la concesionaria también lo aumenta, pero lo hace por la inflación y la suba del dólar, no como lo hace el plan”, detalló. 

A su vez marcó que es mentira que los planes de ahorro sean “intermediarios”. “Deberían serlo, pero en realidad cada empresa autopartista tiene una compañía de autoahorro y comparten los mismos domicilios, las mismas personas”, afirmó.
“Entonces, ¿por qué cobran más caro? ¿Cuál es el fundamento? Si supuestamente están cobrando lo mismo que sería en la concesionaria”, remarcó. 

Al no informar el porqué de los aumentos, también hay una violación al derecho de la información. Por otro lado el especialista indicó que no hay sistema normativo que avale los aumentos arbitrarios. “Están aprovechando toda la situación de crisis, incertidumbre, corrida cambiaria, para aumentar los precios”, reflexionó.

Un revés local

Berruezo recordó también el fallo de la jueza en lo Laboral María Eugenia Bona, que rechazó en septiembre el recurso de amparo y la medida cautelar que había presentado de manera colectiva el Programa Defensa del Consumidor del gobierno provincial. “Lo que dispuso la doctora Bona está reñido con el derecho porque uno de los argumentos que ella dio fue que no podía intervenir porque la Ley de Defensa del Consumidor es nacional, pero ella es juez laboral y la ley laboral es una ley nacional y la aplica un tribunal provincial. Es muy llamativo que la doctora Bona haya dicho semejante cosa. Una cosa es que la ley sea nacional y otra que la competencia sea federal. La ley del consumidor en ningún momento dice que sea federal”, criticó. “Confiamos que los jueces civiles de San Luis van a entender perfectamente esto y van a fallar a favor de los consumidores, que están siendo afectados”, concluyó. 

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