Denuncian que la mutual de Obras Sanitarias funcionaba sin permiso

Otra vez los conflictos sacuden a Obras Sanitarias Mercedes (OSM). Hace menos de una semana, el Municipio y las actuales autoridades de la empresa detectaron irregularidades en la mutual que asistía a los empleados. La entidad no contaba con la habilitación necesaria que otorga el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) desde 2014. Sin embargo, su actividad no cesó y calculan que la recaudación en los últimos seis años fue de unos 50 millones de pesos. El Ejecutivo solicitó que se investigue y hará una presentación en la Justicia.

Este martes cerca del mediodía, el administrador del organismo, Sebastián Estrada, la coordinadora del área Económica y Financiera, Ivana Barboza y el asesor legal de la Comuna, Mauro Sabatini, dieron una conferencia de prensa para dar detalles del caso. El funcionario a cargo de OSM señaló que el 9 de noviembre recibieron un informe del Inaes en el que les alertaban sobre el estado actual de la Asociación Mutual de Empleados de Obras Sanitarias de la Nación Mercedes San Luis, luego de que el propio intendente, Maximiliano Frontera, pidiera una audiencia para conocer a fondo el funcionamiento.

"En ese documento, el instituto indica que en 2014 les habían comunicado que tenían que cerrar sus puertas y que ya no estaban más autorizados para seguir trabajando. Esto se ocultó por parte de la mutual y siguieron sin ningún tipo de permiso nacional. No tenían CUIL, ni CBU, es decir que no poseían una cuenta a su nombre. Realmente ejercían una operación fuera de la legalidad. Esto pone en evidencia dos cosas: o se ocultó muy bien esta información o todo este tiempo estos accionares fueron convalidados”, remarcó el funcionario.

Esta organización estaba presidida por Hugo Carena, quien fue subsecretario de Relaciones Comunitarias de OSM y renunció hace casi tres meses, y su vicepresidente, Jorge Etchepare, quien también formó parte del equipo directivo de la institución y del gabinete de Mario Raúl Merlo. "Cuando le consulté a Carena sobre el tema, me dijo que había dejado de ser presidente hace seis años, pero las firmas en los pedidos de liquidación llevan su nombre y tienen su sello. Ha hecho uso de una autoridad que no existía", reclamó el administrador.

Según el documento que recibió el Municipio por parte de la entidad nacional, poco antes de que les retiraran la habilitación, la asociación no cumplió con ciertos requisitos relacionados a las asambleas y a los llamados a elecciones, por lo que le hicieron un sumario. De todas maneras este no fue un impedimento para no cortar con la prestación, como tampoco lo fue la segunda notificación que recibieron en 2017 por parte del Estado puntano para recordarles que no estaban aptos para asistir a los beneficiarios.

Además del informe, otro de los disparadores que puso en alerta a los auditores y al equipo de Frontera fueron los excesivos descuentos que les realizaban a los empleados que solicitaban un préstamo para adquirir alimentos, indumentarias, entre otros productos, aportes que eran liquidados de sus sueldos. "El área contable nos informó que se estaban realizando retenciones a los trabajadores que alcanzaban, en algunos casos, el 90 por ciento de los haberes y esto no está permitido por ley porque supera ampliamente los topes establecidos", explicó el asesor legal de la Comuna.

También remarcaron que la mutual funcionaba en el mismo edificio de la prestataria de agua y que los proveedores llegaban allí a cobrar.

En cuanto a los aportantes que pagaban la cuota solidaria, Barboza mencionó que son alrededor de 140 y Estrada remarcó que hay al menos 30 usuarios activos. "De estos últimos, el intendente se ocupó principalmente en buscar herramientas y analizar cómo se les va a dar contención hasta que se regularice la situación o hasta que haya una mutual nueva. Asimismo, no podemos hacer nada con lo que se le retuvo al trabajador durante estos casi seis años,  salvo investigar por qué se decidió seguir dándole fondos a estas personas que no tenían ninguna implicancia legal", dijo el responsable en administrar Obras Sanitarias.

Mientras que la coordinadora del área Económica y Financiera agregó: "Respecto a los importes retenidos en la última liquidación, se va a proceder a hacer la devolución correspondiente a cada empleado. El reintegro va a estar antes del mediodía de hoy (por ayer) en cada una de las cuentas".

“Vamos a facilitar esta información al fiscal que corresponda y luego se determinará si es de competencia federal o no el caso”, dijo Sabatini.

“La Justicia deberá investigar, entre otras cosas, si el anterior administrador de OSM no conocía lo que pasaba o miró hacia otro lado, pero hay una responsabilidad de quien hace girar el dinero, así como de los integrantes de la comisión”, manifestó Estrada.