Ley Micaela: funcionarios públicos comenzaron a capacitarse sobre violencia de género

Este martes comenzó el ciclo de capacitaciones que lleva adelante la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad para implementar la Ley Micaela en San Luis y que en esta primera etapa fue destinada a funcionarios del Poder Ejecutivo y estuvo a cargo de la socióloga feminista Dora Barrancos.

Invitada por el gobierno provincial, la socióloga, historiadora y educadora feminista Dora Barrancos brindó el martes en el Centro Cultural Puente Blanco la primera capacitación a 400 funcionarias y funcionarios públicos del Poder Ejecutivo sobre perspectiva y violencia de género que exige la Ley Micaela. La norma estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional de Género y Violencia contra las Mujeres para educar a los tres poderes del Estado y cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. Además, dio una conferencia de prensa donde destacó el papel de "les jóvenes" dentro de las manifestaciones feministas y cómo incomodan las generaciones sub 15, sobre todo, al statu quo familiar. Luego brindó un conversatorio abierto en la sala "Hugo del Carril", donde hizo un recorrido sobre el feminismo en Argentina, Latinoamérica y Europa, la ley del aborto legal, seguro y gratuito y las posturas acerca de la prostitución, si debe abolirse o legalizarse, entre otros temas.

Barrancos destacó que fueron varios los sucesos que llevaron a la sociedad a plantearse los temas por los que abogan los diferentes feminismos hoy. "Creo que ya hay rupturas en el imaginario social y en las mentalidades, en ciertos presupuestos que tienen una configuración antigua, esto de las jerarquías de género, de la más subrayada autorización masculina para el dominio del poder y la política, y de la ciencia. Creo que esa ruptura la están produciendo las jóvenes generaciones. Son las  sub 20 y sub 15 de este país las que están incomodando profundamente el 'establishment' familiar. Es allí donde está la polea de ratificación del acuerdo patriarcal", indicó.

Sobre la capacitación a los funcionarios puntanos, expresó que "tener la evidencia empírica de la entrañable vinculación del Estado de San Luis a la Ley Micaela es muy conmovedora. Es una obligación de todas las partes del Estado argentino, pero es difícil sostener la idea de que haya homogeneidad en el ritmo de comunicación de las obligaciones de esta ley". Subrayó que todavía existen algunas dificultades en la manera de desarrollar la capacitación que tienen que ver con "ciertas cantinas de resistencia que estos temas todavía suscitan".

Pese a esa observación vaticinó con seguridad que "dentro de algunas décadas esto será anecdótico, el casi tener que imbuir a todos los poderes públicos de la Ley Micaela".

Además, incitó a que el Estado haga una "reinstrucción de todes sus agentes para que haya una transmisión de cierta ejemplaridad. Por ejemplo, el propio Presidente jugó bellamente con el lenguaje inclusivo. No vamos a obligar a nadie a usarlo, lo que digo es que cuando manifestamos el lenguaje inclusivo estamos haciendo un acto político, estamos diciendo: '¿Ven? Dense cuenta de que todas las personas tienen que ser tratadas con la misma dignidad, más allá de sus orientaciones sexuales y de su identidad sexo genérica, que al final son múltiples".

"Las generaciones sub 20 y 15 ya incomodan al statu quo familiar", aseguró la socióloga.

Finalmente, señaló que quienes por distintas circunstancias no pudieron asistir a la capacitación obligatoria podrán hacerlo en otras que brindará la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad a lo largo del año, ya que es el ente de aplicación de la ley nacional a la que adhirió la Provincia.

La Ley Micaela fue sancionada el 18 de diciembre del 2018, con 171 votos a favor y uno en contra en Diputados y en el Senado por unanimidad. A partir de su sanción, se creó una normativa que establece la formación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a los funcionarios públicos que integran todos los niveles del Estado. La ley fue promulgada justamente hace un año. 

A la normativa se la llamó así por el femicidio de Micaela García, joven asesinada en abril del 2017 en la ciudad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Por el crimen, se condenó a Sebastián Wagner a cadena perpetua, quien confesó haber violado a Micaela.