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Que la ESI no se ponga en pausa: un pedido firme en cuarentena

Organismos nacionales y provinciales trabajan en conjunto para enfrentar los desafíos que implican que las instituciones y docentes cumplan con la Ley Nacional.

Por redacción
| 16 de mayo de 2020

Nota: Erica Laporte

 

 

La irrupción de la COVID-19 y la decisión política del Estado nacional de decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio impactaron en la vida de toda la sociedad argentina en distintos aspectos. La educación ha sido uno de los ámbitos donde los desafíos se han vuelto coyunturales, teniendo que adaptar nuevas tecnologías y mecanismos de implementación de contenidos con formatos de diversos tipos.

 

En este sentido, vuelven a aparecer los telones que han impedido, en varias oportunidades, la implementación de una de las normas pilares del marco jurídico de nuestro país, como lo es la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI). En un contexto donde las subjetividades se ven constantemente interpeladas y donde la mediación inevitable de la familia durante el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes es algo insoslayable, las plataformas educativas y las herramientas que permiten la accesibilidad a los contenidos han sido materia de debate y urgencia, en los ámbitos políticos estatales y sociales.

 

La historicidad de su sanción no implica necesariamente un común acuerdo social y político para su real aplicación en el sector escolar, tanto público como privado. Se han generado cientos de campañas y de debates en torno a los contenidos propios de la ESI; algunos desde un total desconocimiento sobre lo que realmente significa la educación en torno a la sexualidad integral de les estudiantes.

 

 

 

 

 

Hoy, la ESI es uno de los ejes de trabajo y discusión profunda en las carteras ministeriales nacional y provincial. Laura Sirotzky, subsecretaria de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación de la Nación, relata en varias entrevistas realizadas que: “Si bien estamos a quince años de la sanción de la ley, es un tema que requiere alcanzar acuerdos. Sin embargo, hay leyes que en nuestro país dan cuenta que es un asunto público. La pandemia hace que la educación sexual vuelva al ámbito de lo privado porque no se tiene la mediación de los docentes. Esto es una complejidad, pero también es una oportunidad para visibilizar de otra manera todo lo que es, ya que, muchas veces, los prejuicios hacen reducirla a temáticas vinculadas solamente a relaciones sexuales, anticoncepción, entre otros. Se está trabajando profundamente en modos de involucrar a la familia y modos de trabajar las temáticas”.

 

En San Luis, el Gobierno de la Provincia adhirió a la normativa en octubre de 2018, creando el Área de Educación Sexual Integral dentro del Ministerio de Educación, luego de años de militancia del feminismo. En consulta a Patricia de Miguel, jefa del área, sobre cómo se están llevando a cabo los contenidos previstos por el Consejo Nacional de Educación, contó que el lunes 6 de abril enviaron un correo desde el área a todos los, las y les referentes registrados en la base de datos según capacitaciones llevadas a cabo en los años 2018 y 2019, para ingresar a las aulas virtuales.

 

¿De qué se tratan las aulas virtuales (Classroom)? Según un informe brindado al medio, se propusieron tejer redes entre docentes, alumnos, alumnas, familias y el área “en pos de concretar tareas que permitieran hacer efectivo el derecho a la educación para las niñas, niños y adolescentes y el derecho a recibir educación sexual integral”, sostuvo la funcionaria.

 

Estas classrooms “cuentan con una actividad e interacción por semana que permite a cada referente compartir sus propias experiencias, conocer contenidos nuevos y compartir otros que usan cotidianamente, dialogar y reflexionar con colegas, entre otras actividades. El abordaje siempre intenta dar cuenta de la sexualidad desde una mirada integral. Para abordar esa integralidad, el Programa Nacional propone trabajar los contenidos desde cinco ejes: valorar la afectividad, ejercer sus derechos, reconocer la perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud, respetar la diversidad”, sostuvo De Miguel.

 

Cada miércoles, 580 docentes (166 de nivel inicial, 197 de nivel primario y 217 de nivel secundario) tienen un encuentro virtual con el área, con disparadores con base en estos cinco puntos para enriquecer el intercambio y propiciar un espacio de diálogo y crecimiento. “En lo que concierne a derechos, se propuso trabajar sobre dos normativas que desde 2013 colaboran con la ESI en la promoción del ejercicio de derechos. Una es la ley 26.877 de Representación estudiantil que promueve la participación en centros de estudiantes y garantiza que las autoridades escolares los reconozcan como espacios democráticos de representación estudiantil. Y la segunda es la 26.892 de promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las Instituciones Educativas”, relata parte del informe.

 

En este sentido, y a nivel federal, hace dos años se desarrolla el Foro Federal de Centros de Estudiantes Secundarios, donde jóvenes de todo el país participan de jornadas de debate y reflexión sobre los temas que los, las y les interpelan. De allí surge la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios, conformada por tres referentes de veinte provincias, más la ciudad de Buenos Aires. Esta es una instancia colectiva de juventudes con banderas propias y luchas de todos, todas y todes. Gadiel, uno de los integrantes y referente de Tierra del Fuego, cuenta que el objetivo fundacional es el cumplimiento laico y científico de la ESI en todos los niveles.

 

Reconocida a nivel nacional, la Mesa intenta visibilizar las luchas que diariamente llevan adelante en políticas públicas concretas orientadas a la juventud. En este contexto de aislamiento, siguen activando estrategias de reconocimiento de sus derechos, como videos en sus redes sociales que tienen contenidos sobre tareas de cuidado y un ítem denominado “también es ESI”. De esta forma, accionan para deconstruir los mensajes estigmatizados de la ley que intentan desvirtuar el espíritu de la formación y la necesaria implementación, para reconocer el contexto de desigualdad que atraviesan mujeres y disidencias en el mundo actual.

 

La ESI es un derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes a vivir una vida plena, sin discriminación, es la posibilidad concreta de detectar a tiempo cientos de casos de abusos y violencias que acontecen en el ámbito del hogar y de la propia institución.

 

 Las cifras de abuso sexual infantil son alarmantes, como así también las violencias que se han incrementado en épocas de cuarentena. Durante la pandemia, las tareas de cuidado son actividades que están destinadas a niñas y adolescentes porque el patriarcado no se cayó, porque la cultura en la que convivimos sigue generando profundas desigualdades en la vida de cientos de mujeres y disidencias. Por eso es que la ESI es la bandera de nuestra militancia. Que no se ponga en pausa, depende no solo del Estado como responsable de su aplicación, sino de una práctica necesaria de todos, todas y todes por una sociedad más justa, sin estereotipos de género y sin distinción de clases.

 

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