Venezuela y una denuncia muy grave

Una misión de la Organización de las Naciones Unidas acusó en las últimas horas a las fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia de Venezuela de cometer, con conocimiento del presidente Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa, asesinatos y torturas que constituyen crímenes de lesa humanidad.
La Misión Internacional Independiente para la determinación de los hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, produjo un informe de 443 páginas tras examinar 223 casos, 48 de ellos estudiados de manera exhaustiva, y examinó otros 2.891 para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
Se investigaron 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales y 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios, según el texto.
Se identificaron “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.
“El presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, aseguró el informe.
La Misión “encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos”, dijo su presidenta, la abogada portuguesa Marta Valiñas.
Algunas de esas violaciones, “incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura constituyen crímenes de lesa humanidad”, señaló Valiñas, a quien acompañaron en la Misión sus colegas Francisco Cox, de Chile, y Paul Seils, de Gran Bretaña.
En el examen de 140 movilizaciones policiales bautizadas “Operaciones de Liberación del Pueblo”, entre 2015 y 2017, la misión detectó la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.
Los altos funcionarios del gobierno “elogiaron repetidamente las operaciones, en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros”, señaló el informe.
Dos fuerzas de seguridad, la Policía de Investigaciones Judiciales (Cicpc) y las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) “fueron responsables de 59 por ciento de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y de las ejecuciones extrajudiciales”.
Funcionarios de la FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, y otra fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”.
Según Provea, organización venezolana de derechos humanos, en lo que va de 2020 las FAES y otros cuerpos policiales y militares han dado muerte a 1.611 personas, la mayoría de los cuales eran “pobres y jóvenes, de entre 18 y 30 años”.
Las FAES “deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando, deben rendir cuentas”, dice el informe.
Es la denuncia más grave en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El futuro de Venezuela, aún es una encrucijada.