Veinte por Veinte: las noticias policiales y judiciales que marcaron el año

La pandemia fue el tamiz por el que pasaron, de forma ineludible, todas las actividades humanas en 2020. Y el hacer de la Policía y de la Justicia no fue la excepción. Fue el año en el que, a fuerza de reiteración en las noticias, supimos a qué hacen referencia dos artículos del Código Penal Argentino: el 205 y el 239. Las infracciones que se configuraron cada vez que hubo una reunión o fiesta clandestina nos remitieron a ellos.

Fue también el ciclo en el que los jueces debieron echar mano fuertemente a la tecnología para intentar garantizar el servicio de justicia cuando la presencialidad era imposible. Los jueces y las partes participaron desde sus casas o despachos, y los juzgados, desde el Servicio Penitenciario. A través de plataformas virtuales se les tomó declaración a testigos de causas en instrucción y también se pudo desarrollar y concluir juicios. Si esta modalidad aplicada a los procesos judiciales llegó para quedarse, lo sabremos cuando la emergencia sanitaria pase.

A lo largo de todo el año, las organizaciones feministas hablaron de “la otra pandemia”, en referencia a la violencia de género, que se profundizó en días de aislamiento, cuando mujeres, adolescentes y niñas se han visto obligadas a compartir encierro con golpeadores, con abusadores. Otra noticia asidua fueron las violaciones a las restricciones de acercamiento.

Las denuncias al 144 no menguaron, más bien todo lo contrario. El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” contabilizó entre el 20 de marzo —cuando se decretó el distanciamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país— y el 26 de diciembre 206 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. El informe aporta algunos datos más: “El 61 por ciento fue asesinada en su vivienda, dejando 231 hijas e hijos sin madre. El 60 por ciento de los femicidas eran parejas o exparejas. El detalle del informe muestra —igual que todos los anteriores— que la vivienda compartida es el sitio más inseguro para las mujeres y que los golpes son la principal causa de muerte”.

Enero

Tres muertes en un choque y vuelco

Uno de los accidentes más graves que hubo el año pasado ocurrió la madrugada del 26 de enero en la ruta provincial 1, entre Villa Larca y Papagayos. Como consecuencia del choque contra una columna y el posterior vuelco murieron Diego Albano Icassate, su pareja, María Devia, y un amigo de ellos, Ramón Godoy, tres de los cuatro ocupantes de un Fiat 147. Aquel día, volvían de la Fiesta del Cuarteto en Los Molles.

Presos por abusar de sus exparejas

Uno de los casos fue en Luján, en enero. El otro, en San Martín, en noviembre. Pero guardan gran similitud. Dos hombres —que fueron procesados y encarcelados— privaron de la libertad a sus exparejas, las golpearon y violaron. En el primero de los hechos, el rescate de la mujer se logró gracias a las amigas de la víctima, a quien el agresor, Luis Godoy, les envió por celular fotos de ella golpeada, diciéndoles que eran culpables “por haberle llenado la cabeza”. En el otro caso, tras el ataque, Jorge Arrieta huyó. Lo localizaron una semana después, el 5 de noviembre, arriba de un árbol, en la ruta provincial 2, entre La Toma y Paso Grande. Amenazaba con matarse y exigió que fuera el juez, “para que le diera las garantías”.

Febrero

El primer femicidio

Julio Mariño no resistió: el hombre de 63 años murió tras ser acuchillado en su casa, en el barrio 131 Viviendas, el 19 de enero de 2020. Una conocida de él, Natalia Huguenine, de 38 años, también fue apuñalada. El 5 de febrero ella falleció, convirtiéndose el hecho en el primer femicidio que hubo en San Luis en 2020. En marzo detuvieron al sospechoso de ambos crímenes, Nicolás Aballay, expareja de Huguenine. Aballay se suicidó el 12 de abril.

Marzo

Matar para ocultar otro delito

El 3 de marzo pasado el mediodía, el alerta llegó por el fuego que salía de una vivienda ubicada en Belgrano al 100, en San Luis. Pero todo tomó otro matiz cuando los investigadores, a través de la autopsia, descubrieron que la dueña de casa, la docente Mónica Ramos, había sido asesinada a puñaladas y que luego su cuerpo había sido alcanzado por las llamas en lo que fue un incendio intencional, seguramente para borrar huellas. Por el caso hay un hombre procesado y en la cárcel, Héctor Federico Núñez. El juez Penal 1, Marcos Flores Leyes,  consideró que cometió un homicidio criminis causa, es decir, que mató para tapar otro delito, el robo en la casa de la profesora.

Abril

En aislamiento, en una comisaría

La Policía aseguró de entrada que Florencia Morales, vecina de Santa Rosa del Conlara, de 39 años, se había suicidado en la comisaría el 5 de abril, mientras estaba detenida, presuntamente por incumplir con el aislamiento social. Por múltiples razones —entre ellas, las falencias que hubo en la primera autopsia— la familia Morales no cree que ella se haya quitado la vida y pide que se profundice la investigación para establecer si pudo ser víctima de un homicidio/femicidio.

Un asesinato por desprecio y venganza

El hecho parece salido de la imaginación de un escritor, pero ocurrió en San Luis. Según la reconstrucción que hicieron policías del Departamento Homicidios con la coordinación de la jueza Penal 3, Virginia Palacios, la parapsicóloga Sandra Páez Gitto ideó, por desprecio y venganza, el asesinato de Julio Olariaga, con quien tuvo durante muchos años una relación que nunca se formalizó. Y un cliente suyo, el expolicía Matías Balada —quien, junto a un compañero, le disparó en el ojo a un joven en un procedimiento ilegal, en 2013— ofició de mano ejecutora. El 25 de abril, Balada le dio tres tiros a Olariaga, en la puerta de su casa. Y el 13 de abril él y la parapsicóloga fueron procesados y enviados al Penal por el asesinato.

Atrincherados y armados

En vilo durante horas. Así mantuvieron Carlos Nicolai y Diego Pardo a policías y vecinos de Rivadavia extremo sur, en la capital, la mañana del 30 de abril. Alertada por los disparos que se escuchaban en la casa del primero, la gente de la zona llamó a los efectivos, pero estos no lograron que abrieran. Los hombres se atrincheraron y recién salieron pasadas varias horas, gracias a la intervención de policías especializados en negociación.

Junio

Otro crimen por violencia de género

Gastón Heredia llegó al Hospital San Luis la madrugada del 27 de junio cargando en brazos a su pareja, Johana Morán. Ella había sido baleada en el rostro y murió horas después. Tenía 32 años y era mamá de una nena. Desde el comienzo, todo indicó que Heredia había sido el responsable de ese disparo que derivó en el segundo femicidio que hubo en San Luis en 2020. El 30 de junio, la jueza Penal 3, Virginia Palacios, procesó con prisión preventiva a Heredia, por "Homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género, por alevosía y por el uso de arma de fuego".

Lorenzetti, absuelto por el beneficio de la duda

El juicio oral por el asesinato de Romina Aguilar, cometido el 30 de enero de 2016 en la puerta de su casa, en el barrio Faecap de San Luis, fue de largo aliento: comenzó a fines de 2019 y tuvo su última audiencia el 17 de julio de 2020. El final fue, para muchos, inesperado: Diego Lorenzetti, viudo de la víctima y considerado a lo largo de la investigación como la cabeza detrás del crimen, fue absuelto por el beneficio de la duda. A quienes sí declaró responsables la Cámara del Crimen 1 de San Luis fue a los dos presuntos autores materiales, Leandro Vílchez y Edivaldo de Oliveira Pereira, a quienes les impuso una condena a 22 años de prisión por "Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego".

Julio

Millones en droga

A fines de julio, el secuestro de dos kilos de marihuana y dinero a tres hombres que fueron detenidos en San Francisco fue la punta del iceberg para los efectivos de Lucha contra el Narcotráfico. Allanaron una vivienda en la Quebrada de López e incautaron una producción de 50 kilos del mismo tipo de sustancia, valuada en alrededor de 40 millones de pesos.

Agosto

Dos muertos en el derrumbe de una casa

Las continuas reformas, se estima que sin las autorizaciones y el seguimiento profesional correspondientes, ocasionaron que el martes 4 de agosto se desplomara parte de la propiedad de la familia Gitto, en la esquina de Aristóbulo del Valle y San Juan, en San Luis Capital. La dueña de casa, Nélida Deolinda Romero de Gitto, de 83 años, y Javier Rodríguez, un joven de 20 que hacía tareas de albañilería, murieron aplastados por los escombros. El rescate de sus cuerpos y el de dos sobrevivientes, Jorge Cepeda y su pareja Ana María Zavala, puso en marcha un operativo sin precedentes, histórico, en el que trabajaron de forma conjunta los bomberos y áreas dependientes de los gobiernos provincial y municipal, además de la Policía.

Al Penal por la muerte de su hijastro

El martes 11 de agosto, Nahuel Andrada, un adolescente de 16 años, murió como consecuencia de una caída en moto en un camino rural, en Bella Vista, cerca de Papagayos. Parecía, en principio, una tragedia vial lamentable, como tantas otras. Pero los familiares del chico hicieron una marcha y pidieron que se investigara a fondo. Tenían dudas de la intervención en el hecho del padrastro, Elio Gastón Álvarez. El 20 de agosto Álvarez fue detenido por orden de la jueza Penal de Concarán, Patricia Besso, quien luego lo procesó y envió al Penal por "Homicidio culposo agravado por conducción temeraria". Antes de la caída, Nahuel había tenido una discusión en su casa y salió en moto. El padrastro lo persiguió a alta velocidad, en un automóvil.

Octubre

La tiró desde casi dos metros de altura

En octubre, Verónica Bordón viajó desde El Trapiche a San Luis. La mujer, una víctima de la violencia de género, quien como consecuencia de la agresión estaba en silla de ruedas, reclamó en el Poder Judicial que su caso se analizara desde la perspectiva de género y que no excarcelaran a Roque Arrieta, su expareja. El 24 de junio, él la arrojó hacia el río de la localidad desde casi dos metros de altura. Fue después de que ella le pusiera punto final a la relación. Arrieta no fue liberado.

Rosendo, preso

Fue denunciado por un robo perpetrado el 18 de mayo, en pleno aislamiento obligatorio, en una propiedad del gremio Smata, en Villa Mercedes. Y el juez que entendió en la causa, Leandro Estrada, recolectó pruebas que indican que el senador provincial Ariel Rosendo cometió ese delito en poblado y en banda, rompiendo una puerta, y que, además, violó las medidas preventivas contra la pandemia y quebrantó la prohibición de acercarse a su expareja, Ivana Massimo. El magistrado lo procesó y ordenó su detención, que recién pudo concretarse el 13 de octubre, tras sortearse el desafuero por parte de la Cámara de Senadores, y luego de una internación del legislador en la Clínica del Aconcagua, quien tuvo olor a estrategia dilatoria.

La violencia sexual en el hogar y en la calle

Su función era cuidarla, por ser el papá. Y podría decirse que más sentido de la protección debiera haber tenido, ya que era policía, y sabe, por oficio, qué es delito y qué no. Pero se comprobó todo lo contrario: que el efectivo había abusado de su hija de 9 años durante mucho tiempo. Fue detenido el domingo 22 de marzo y luego procesado. Si bien la mayor proporción de delitos contra la integridad sexual ocurren dentro del círculo de conocidos de la víctima (padrastro, padre, tíos y abuelos), a fines de octubre trascendió un hecho doloroso y preocupante: la violación que sufrió una adolescente de 17 años, vecina del barrio 1° de Mayo, cuando iba camino a su casa. Los agresores, a quienes ella no conoce, habrían sido dos. Hasta el momento no hubo detenciones.

Noviembre

Fiestas prohibidas

La contrapartida al sostenido pedido de responsabilidad social en época de pandemia fueron los festejos clandestinos que se realizaron en distintas ciudades y localidades puntanas. La Policía intervino en casas donde se habían improvisado salas de juego y riñas de gallos —ambas actividades ilegales—, cumpleaños y reuniones. Una de las más recientes se hizo el 22 de noviembre en una quinta de Villa Mercedes, en la que estiman participaron unos 200 jóvenes.

Diciembre

Captada para un "matrimonio servil"

La Policía Federal hizo varios allanamientos como parte de investigaciones de trata de personas. Entre los últimos se cuentan dos que hubo por la misma causa en diciembre, en Villa Mercedes. Fueron en una casa del centro y en una quinta de las afueras. Allí detuvieron a un hombre, pareja de una mujer de 50 años de nacionalidad colombiana que, según se sospecha, ha sido sometida desde hace más de un año a un "matrimonio servil", es decir, a una relación supuestamente sentimental en la que el captor no le permite a ella salir, le impide mantener otros vínculos o contactos y la limita a una esclavitud doméstica. La pesquisa comenzó tras recibir información de una red internacional de fiscales que luchan contra este tipo de delitos.

La entrega vigilada de 171 kilos de marihuana

Entre Formosa y San Luis hay 1.334 kilómetros, que un camión con casi 171 kilos de marihuana escondida entre 23 toneladas de zapallitos y batatas recorrió en vísperas de Nochebuena. La madrugada del 24, cuando los dos transportistas comenzaron a bajar bolsas con droga —se presume que al menos una parte tenía como destino San Luis—, los gendarmes les pidieron identificarse a los dos hombres que recibían el estupefaciente a la altura de La Cumbre. Uno de ellos huyó en un auto y se accidentó, pero no sufrió lesiones graves. Tanto él como su acompañante y los dos hombres que traían la sustancia del norte están detenidos.

Un femicida que escapó

El miércoles 23 de diciembre, Juan José Murúa, el femicida de Brenda Arias, consiguió, gracias al descuido de al menos un guardia, traspasar un alambrado de 1,80 metro de altura y escapar del Complejo Penitenciario Pampa de las Salinas. Dos días después, el viernes 25 a la tarde, una mujer avisó que en unos corrales, en un campo de la zona de El Baldecito, había visto a un hombre como el buscado. Con ese dato, lograron capturar al condenado a 38 años de prisión.

"Narcopolicías": unos, juzgados; a otros les confirmaron parcialmente la sentencia

El 30 de diciembre, último día de actividad en el Tribunal Oral Federal, comenzó el juicio contra dos expolicías de San Luis —son Francisco Reta y Alejandro Javier Moreno, alias “Niño de Cobre”— y dos civiles, por integrar una banda dedicada a la venta de drogas. Fueron detenidos en diciembre de 2018, tras una investigación. Por otro lado, le confirmaron de modo parcial la sentencia a otro grupo de "narcopolicías", los exintegrantes de la Brigada de Investigaciones de Villa Mercedes, quienes fueron condenados por haberse apropiado de estupefacientes en un procedimiento ilegal, el 28 de enero de 2015. A Juan Carlos Acevedo le impusieron 10 años de cárcel (un año menos que el fallo inicial). A Guillermo Lemos y a Pablo Acosta Colautti les ratificaron la pena de una década de cárcel, y a William Díaz le aplicaron una condena a 5 años de prisión en lugar de los 6 años y 8 meses que había recibido. La misma suerte corrió Silvio Coria.