Asesinos al volante, un accidente aéreo y Juan José Murúa, otra vez

Hay una frase común entre los puntanos cuando hablan de hechos delictivos cada vez más recurrentes y violentos: “En San Luis eso antes no pasaba”. El aumento de la población o quizás la visibilidad que les dan los medios crea en la sociedad una percepción de que se puede ser víctima en cualquier momento, hora y lugar. El 2023 fue un año particularmente cargado de hechos policiales y actividad judicial, pero, por su impacto o conmoción, hubo algunos que se destacaron por sobre otros.

Cada víctima que perece por negligencias a la hora de conducir, más que nada en casos que involucran a conductores alcoholizados, reaviva el debate sobre la necesidad de penas más duras.

El 19 de enero, Jhasmani Huallpa Copa regresaba de un festejo familiar en La Punta con 2,72 gramos de alcohol en sangre e indicios de haber consumido marihuana. Llegando a la capital, a la altura de la Maternidad “Teresita Baigorria”, los reflejos le fallaron, perdió el control de su Volkswagen Suran y atropelló y mató a Ana María Yacanto, una mujer policía que caminaba con su hija por la bicisenda que rodea la Autopista 25 de Mayo. A pesar del esfuerzo de la Fiscalía de Instrucción por procesarlo por “Homicidio simple”, la defensa del imputado y el fiscal de Juicio presentaron, ha[1]ce unos días, un acuerdo de juicio abreviado para que los condenen a 3 años de prisión y 7 de inhabilitación para conducir. De prosperar el acuerdo, el conductor, quien hace 11 meses está con prisión domiciliaria, podría quedar libre sin si[1]quiera pisar una celda en el Penal.

La madrugada del sábado 29 de julio, Rocío Amancay (foto), de 20 años, salió de trabajar y se subió a su moto 110 para volver a su casa en Juana Koslay. Nunca llegó: cerca de las 4 de la mañana, en la avenida Santos Ortiz, a la altura del barrio Tibiletti, el agrimensor Jonathan Werner Sandoval la atropelló con su camioneta Toyota Hilux, la arrastró varios metros y huyó, dejándola abandonada.

La causa aún está bajo investigación, pero la fiscalía sostiene que varios testigos apuntaron a que el hombre estaba alcoholizado, algo que no pudo medirse, porque se puso a disposición de las autoridades un día después. Los investiga[1]dores también luchan, como en el caso anterior, para que Sandoval llegue a juicio acusado por un delito más grave que un mero “Homicidio culposo”, pero no hay garantías de eso. Mientras, el agrimensor sigue en el Penal.

Ráfagas letales

La provincia no tiene un tráfico aéreo importante y los accidentes que involucran a aeronaves son casi inexistentes. Pero la mañana del 17 de septiembre, ráfagas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora desestabilizaron una avioneta Beechcraft G36 Bonanza que intentaba despegar desde el aeropuerto de la capital y el avión se estrelló contra un alambrado perimetral, y luego se incendió.

Sus ocupantes, el reconocido empresario Juan Chediack, expresidente y exvicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), y los pilotos Esteban Asprella y Juan Ignacio Bilasio Barbeito no pudieron recuperarse: murieron en el transcurso de 10 días.

Naturaleza asesina

Condenado por los femicidios de Brenda Arias, ocurrido en 2009 en la localidad puntana de Villa del Carmen, y de Marisol Reartes y su hija de 2 años, en el pueblo cordobés de Los Pozos en 2014, a Juan José Murúa no le tembló el pulso para volver a matar, aun estando tras las rejas.

La noche del lunes 27 de noviembre pasado, el triple femicida se coló en la celda de Jonathan Aguirre, la 188 del Módulo 2 del Pabellón A del Servicio Penitenciario Pampa de las Salinas, y le asestó tres puñaladas con un arma blanca de fabricación casera.

Aguirre estaba preso desde 2019, purgando una condena a 7 años de cárcel por haber apuñalado a quien entonces era su pareja, en Villa Mercedes. Según expuso la fiscalía que investiga el caso, la víctima había ido a hablar con Murúa porque él le debía dinero y también porque le escribía mensajes a su novia.

“No tenés que ser traica (traidor), yo te fui a hablar”, le habría dicho Aguirre a su agresor antes de caer al suelo, sobre un charco de sangre.

Las autoridades establecieron que Murúa quede aislado en el Penal, a la espera de un nuevo juicio. Aunque le dieran el mínimo de pe[1]na por el crimen dentro del Penal (8 años), el condenado recién podría acceder a salidas transitorias en 2045.

Hubo el doble de femicidios que en 2022

La madrugada del domingo 15 de enero, María Soledad Zalazar se preparó para ir a un baile junto a una amiga que hizo en Concarán, adonde se había mudado desde San Martín hacía unos seis meses, pero Luis Ramírez, su pareja y padre de su hija, no se lo permitió.

El joven de 23 años era celoso, controlador y violento, y esa no[1]che, tras una discusión, le asestó dos puñaladas y luego la degolló. A pesar de los esfuerzos, la chica de 22 años no llegó viva al hospital de Merlo. Ramírez fue condenado a cadena perpetua el 9 de agosto pasado.

Las últimas horas del domingo  14 de mayo, David Esteban Soloa llamó a una de sus hijas y le dijo “me mandé un cagadón”. Pero esa palabra se quedó corta para el horror que había cometido: degolló a Selva Norberta Díaz, su exesposa, en el living de su casa en la localidad de San Martín. La mujer tenía 57 años y era policía retirada.

Momentos después, el femicida condujo su auto hasta una zona rural cercana al Departamento Las Chacras, se roció con nafta él y al vehículo y se prendió fuego. Murió al día siguiente, a las 6:50.

El 12 de agosto, cerca de las 7:30, Ricardo Vicente Pereyra sorprendió a Margarita Azucena Quiroga, su exesposa y madre de sus hijas, acostada en la cama. Comenzó a atacarla frenéticamente con un cuchillo mientras ella intentaba huir y, tras provocarle varias heridas, finalmente la degolló en la cocina.

El hombre trató de limpiar la es[1]cena y escapó, pero fue detenido al día siguiente en la banquina de la ruta 6, a metros del río Las Cañas. El 23 de diciembre pasado, un juez decretó que siga preso hasta el inicio del juicio.

La mañana del 11 de octubre, tras haber sido excluido del hogar días antes, José Ramón Escudero regresó a su antiguo hogar en el barrio Cerro de la Cruz de la capi[1]tal con la única intención de matar a la madre de sus hijos. Ingresó a la despensa que tenía junto a Mirta Escudero, la apuñaló varias veces y después se disparó en la boca con un arma calibre 22, frente a su hija adolescente.

La mujer sobrevivió menos de tres días en el Hospital Central  “Ramón Carrillo”; su cuerpo dijo  basta el sábado 14 a la madrugada. El año también dejó dos condenas. El 16 de mayo, Cristian “Toty”  Alaniz fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Laura Godoy, a quien golpeó brutalmente y luego estranguló con un cordón en una vivienda de Tilisarao el 26 de abril de 2021.

El 16 de noviembre, Gustavo Daniel Agüero pidió declarar en el juicio en su contra y admitió ante los jueces haber asesinado a su pareja, Dora Arce, en la localidad de Quines, en febrero de 2022. El debate concluyó que el hombre de 40 años asesinó en un contexto de violencia de género y lo condenó a perpetua por “Homicidio califica[1]do por el vínculo”.

La condenaron a prisión por maltratar a su hijo

El 17 de agosto, un tribunal de San Luis condenó a un año de prisión efectiva a una madre por maltratar a su hijo de 5 años, quien ingresó con heridas al Hospital Pediátrico en abril de 2022. La mujer y su pareja, padrastro del niño, llegaron acusados por “Lesiones leves agravadas por el parentesco y por ensañamiento, 6 hechos en concurso real”, pero se comprobó que el hombre no participó de los maltratos y fue absuelto.

Confiada en que quizás recibiría una pena en suspenso, la imputada se quebró tras escuchar el fallo. “Juro por Dios que nunca le puse una mano encima a mi hijo. Soy inocente”, gritó en la sala.

Diez personas fueron asesinadas en el año; la última, la mañana de Navidad

Además del cometido por Murúa dentro del Penal de Pampa de las Salinas, la provincia registró otros 9 homicidios.

La madrugada del 22 de enero, Carlos Magallanes estaba sentado en la puerta de su casa en Brasil 929, en el barrio San Martín norte de la capital, cuando un auto gris oscuro frenó frente a él y al amigo que lo acompañaba. Uno de sus ocupantes les preguntó por otra persona y, casi de inmediato, disparó al menos 7 veces. “El Banana”, como lo apodaban, recibió un balazo en cada mano y otro en la ingle. Murió momentos después por una hemorragia incontrolable.

El domingo 5 de febrero, tras una persecución por otro hecho, la Policía detuvo como principal sospechoso del crimen a Franco “El Caca” Pizarro, quien fue procesado con prisión preventiva 10 días después.

La medianoche del 16 de febrero, Pablo Felipe Tapia Miranda, sereno de la Escuela Especial Apadis, oyó ruidos en un sector del predio y salió a ver qué sucedía con un cuchillo en la mano. El hombre y su familia residían allí de manera permanente y tanto ellos como la institución habían sufrido robos recurrentes. El cuidador y Víctor Garrido se encontraron de frente a unos 50 metros de la casa, a oscuras, y el intruso lo atacó en lugar de huir. En el forcejeo, Tapia lo hirió de muerte con un cuchillo tipo carni[1]cero, con un puntazo a la altura del corazón.

El 24 del mismo mes, un juez en[1]tendió que el sereno actuó en legítima defensa, lo sobreseyó por el de[1]lito de “Homicidio simple” y ordenó su libertad.

Entre la noche del 12 de marzo y la madrugada del 13, Sonia Lara compró el combustible en una estación YPF de Villa Mercedes y luego generó tres focos de incendio en el comedor, la cocina y un galpón de su casa en la manzana 7191 del barrio La Ribera. La llamas se cobraron la vida de su hija Abril Fernández, de 11 años, que por la falta de aire y los gases tóxicos se broncoaspiró.

Para los fiscales Maximiliano Bazla y Marcelo Saldaño, la mujer quería asesinar a la criatura, hizo todo lo posible para lograrlo y lo consiguió. A principios de diciembre, los funcionarios pidieron ele[1]var la causa a juicio con un pedido de pena a prisión perpetua.

El lunes 17 de abril, a mitad de la madrugada, vecinos de José Fa[1]bricio "El Genge" Acosta lo escucharon discutir con otra persona en una esquina del Eva Perón 1 de Villa Mercedes. Casi de inmediato oyeron tres o cuatro disparos. Acosta, de 24 años, recibió varios impactos de bala, pero el que se cobró su vida fue el que le dio en el pecho.

Días más tarde, un juez imputó por el crimen a Gabriel Figueroa, de 19 años, y a su padrastro, Maximiliano Rozale, por “Homicidio calificado por el uso de arma de fuego”.

El martes 4 de julio, los vecinos de Tilisarao se conmocionaron con el homicidio del reconocido veterinario Eduardo “Teddy” Ashworth, cuyo cuerpo fue hallado totalmente carbonizado dentro de su camioneta en un camino rural entre el paraje San Pablo y Tilisarao. Minutos antes de las nueve de la noche, la Policía encontró junto a ese vehículo a Pablo Santiago Ashworth, hijo de la víctima y el único acusado por haberle dado muerte.

Según la hipótesis de la fiscalía, que lo acusó por “Homicidio calificado por el vínculo”, el hombre de 48 años asesinó a su padre de un disparo y luego incendió su camioneta con el cuerpo adentro. El acu[1]sado sigue tras las rejas, a la espera del juicio.

Mafalda Isabel Sánchez tenía 67 años y vivía en un monoblock en el barrio La Rioja de Villa Mercedes. El lunes 4 de septiembre, cerca del mediodía, dos personas que fingieron ser empleados de un servicio eléctrico ingresaron a su casa con la excusa de un arreglo, la redujeron, revisaron toda la casa y se llevaron un recipiente donde la mujer guardaba ahorros.

La situación fue tan traumática que la mujer sufrió un edema agudo de pulmón y murió allí mismo. A horas del crimen, la Policía detuvo a dos sospechosos: Jorge Daniel Rivarola y Guillermo Andrés Páez. Los investigadores no pudieron li[1]gar del todo al primero y un juez lo liberó el 14 de septiembre; al segundo, en cambio, le dictaron preventiva por 4 meses.

El martes 17 de octubre a la no[1]che, en una vivienda del barrio 1º de Mayo de la capital, Yris Garay y Brandon Bustos mantuvieron una discusión de pareja, según declaró ella, por celos de él. La investigación aún no se cierra, pero la hipótesis de la fiscalía es que la joven, quien tiene 22 años, roció al joven con combustible, lo prendió fuego y encerró en el departamento que compartían.

La víctima, quien tenía un hijo en común con Garay, agonizó 17 horas hasta que finalmente murió, producto de las quemaduras. El 27 de octubre un juez la envió al Penal imputada por “Homicidio doblemente calificado por el vínculo y ensañamiento”, un crimen que prevé la perpetua.

El miércoles 15 de noviembre, vecinos del barrio Eva Perón II de Villa Mercedes escucharon a Luciano "El Chucky" Villegas gritar que iba a matar a alguien. Otros testigos incluso lo vieron entrar a la casa de Luis Escudero y luego, apuñalarlo en la parte delantera de la vivienda. El sospechoso fue detenido horas después y aún está con prisión preventiva. El móvil del crimen habría sido un pantalón robado.

La familia de Sergio Alexis Barroso cierra el año de la peor forma. La mañana de Navidad, el joven de 24 años fue golpeado salvajemente por un grupo de vecinos del barrio 100 Viviendas de la capital. Según la fiscalía, los agresores utilizaron un block de cemento y una piedra para provocarle heridas gravísimas en la cabeza. Poco más de 24 horas después, la víctima murió en el Hospital Central “Ramón Carrillo”. La investigación está en plena marcha; por ahora hay cuatro imputados, uno con prisión preventiva desde el jueves.

La "terranave", una historia insólita

El lunes 3 de abril a la siesta, una camioneta Honda CRV gris llegó al Puesto Limítrofe N° 11 de Las Palomas, en el norte provincial.

La patente decía “propiedad  privada” y, ante la consulta de policías que hacían un control, su conductor se identificó como “un ser vivo autodeterminado”, aunque luego accedió a que lo llamaran Sergio. La situación se tornó aún más extraña cuando admitió que ni él, ni su esposa, ni los 4 niños que viajaban con ellos tenían documentos que acreditaran su identidad, lo que motivó que los demoraran.

Sergio y An explicaron que se consideran ciudadanos del mundo, “soberanos reales naturales”, que no reconocen ninguna autoridad judicial y que no necesitan identificaciones porque, para ellos, las leyes que rigen el mundo actual son una “ficción jurídica”.

A sus hijos los llamaban “extensiones” y al vehículo, dado de baja en el vecino país de Chile, lo llamaban “terranave”. Ante la posible comisión de delitos federales, el caso le fue remitido al  juez Federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul.

El miércoles 5, ese juez, el fiscal Federal Cristian Rachid y un defensor de menores casi pierden la compostura cuando intentaron dialogar con Sergio y An en una audiencia que se hizo de manera virtual. “Ustedes no son autoridad. Mi autoridad es el primer creador, como la de todos los seres vivos. Ustedes son interdictos”, exclamó la mujer casi sin dejarlos hablar.

“Vengo aquí con la ley de la Tierra en la que nací y que me acompaña a donde yo voy. Ese es el derecho de las gentes, usted no tiene jurisdicción sobre nosotros, son incompetentes para administrar nuestros asuntos”.

A pesar del pataleo, dejaron que les tomaran las huellas dactilares y, al día siguiente, un familiar viajó desde Chile y presentó documentos de identidad chilenos y argentinos, menos de la niña más pequeña, quien nunca había sido asentada.

Resuelto el misterio, los “ciudadanos del mundo” siguieron viaje, sin la “terranave”, que quedó secuestrada.

El caso Remar, lo más leído en nuestras redes

Los algoritmos que miden la actividad de la edición digital de El Diario y sus contenidos en redes arrojaron que la noticia más visitada del año fue la que contó la historia de las 102 víctimas de trata rescatadas en centros de contención de Remar, cuyas sedes en San Luis fueron requisadas por presunta explotación laboral y lavado de activos.

En total hubo 32 allanamientos, en los que secuestraron 3 millones de pesos y 3 mil dólares.