En una “decisión histórica”, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que Paraguay violó los derechos de una comunidad originaria, por su falta de prevención y control de la contaminación de sus tierras, causada por el uso intensivo de plaguicidas por empresas agrícolas vecinas.
Para los pueblos originarios, “sus tierras representan su hogar, cultura y comunidad. Los graves daños ambientales tienen impactos en la vida familiar, la tradición y la identidad, e incluso conducen a la desaparición de su comunidad”, destacaron los juristas.
Es el primer dictamen del Comité según el que, en el caso de los pueblos originarios, la noción de “domicilio” debe entenderse en el contexto de la relación especial que mantienen con sus territorios, incluyendo sus animales de cría, sus cultivos y su forma de vida relacionada con la caza, recolección y pesca.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un panel de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El dictamen sobre Paraguay respondió a una denuncia presentada por el líder comunitario electo y por un maestro de la escuela, en nombre de los 201 integrantes de la comunidad originaria Campo Agua’ẽ, del pueblo Ava Guaraní, en el Departamento de Canindeyú.
La comunidad de Campo Agua’ẽ vive en una zona rodeada de grandes empresas agrícolas, que fumigan los cultivos de soja.
La fumigación, incluido el uso continuado de agroquímicos prohibidos durante más de 10 años, ha matado animales de cría de la comunidad, afectando sus cultivos de subsistencia y árboles frutales, los recursos de la caza, pesca y recolección, ha contaminado las aguas y dañado la salud de las personas.
El daño ambiental también tuvo graves repercusiones intangibles. La desaparición de los recursos naturales necesarios para la caza, la pesca, la recolección en el bosque y la agroecología guaraní provocó la pérdida de conocimientos tradicionales.
Las prácticas ceremoniales de bautismo (mitãkarai) ya no se realizan, debido a la desaparición de los materiales para construir la casa de danza (jerokyha), y a la falta del maíz con el cual se hacía la chicha (kagüi), elemento central de la ceremonia.
La desaparición de esta ceremonia deja a los niños sin un rito crucial para la consolidación de su identidad cultural. Además, esto debilita la estructura comunitaria, porque las familias son obligadas a emigrar.
Luego de años de procesos administrativos y judiciales largos e insatisfactorios en Paraguay, la comunidad llevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos.
A más de 12 doce años de la presentación de la denuncia penal por las fumigaciones con agrotóxicos, a las que además han quedado expuestos todo este tiempo, las investigaciones no han avanzado significativamente, indicó el Comité.
Esa lentitud procesal transcurrió “sin que el Estado parte haya ofrecido explicación para justificar dicho retraso”, agregó el Comité en su dictamen.
Además, consideró que Paraguay no monitoreó adecuadamente la fumigación y no pudo prevenir la contaminación.
“Dicha omisión en su deber de proteger permitió que prosiguieran por muchos años las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna, destruyendo elementos constitutivos de la vida privada, familiar y domicilio de la comunidad afectada”, dice el dictamen.
El Comité recomienda que Paraguay prosiga los procesos penales y administrativos en contra de los responsables de la contaminación, y repare integralmente a las víctimas por el daño sufrido. Y que tome las medidas necesarias, en estrecha consulta con la comunidad, para reparar la degradación ambiental.
Un fallo histórico para los pueblos originarios de Latinoamérica.
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