El segundo acusado por el crimen de Antonio Ferrara recibió 11 años de cárcel

En comparación con su cómplice, sentenciado a cadena perpetua, podría considerarse que la condena a Jorge Emiliano Barroso fue mucho más leve. Este viernes, un tribunal le dio 11 años de cárcel por el crimen del bioquímico y funcionario provincial Antonio Ferrara, asesinado en medio de un robo a su vivienda en noviembre de 2010. El imputado, que se probó nunca ingresó a la escena del homicidio, fue considerado partícipe secundario del delito de “Homicidio calificado por ensañamiento y criminis causa”.

El tribunal, compuesto por Javier Ayala (presidente) y Federico Lucero Gagliardi —ambos de la Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral N° 1—, y Mónica Ponce de Xacur, de la Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral N° 2, falló de manera unánime.

Al momento de alegar, Maximiliano Bazla Cassina, el fiscal de Cámara 1 subrogante, acordó con la figura de partícipe necesario y destacó que la confesión de Barroso, que declaró que con Ferreira habían planeado el robo, pero que él se dedicó a vigilar el exterior de la vivienda, es decir, a oficiar de "campana", se condice con las pruebas y testimonios recabados.

La pericias, quizás la más importante el cotejo de los tres rastros de ADN que se hallaron en la escena del crimen, reforzaron esa hipótesis, se explayó. Cabe aclarar que una de esas huellas genéticas pertenecía a la víctima, otra a un desconocido y la tercera a Ferreira, impresa sobre uno de los cordones con los que Ferrara había sido amordazado, y que precipitó su condena.

Como atenuantes, Bazla Cassina consideró la edad del imputado al momento de homicidio (tenía 21 años) y las condiciones personales, en referencia a su pasar socioeconómico. Como agravantes, el fiscal remarcó la extensión del daño causado, tanto por la pérdida de la familia como el perjuicio a la sociedad, ya que Ferrara era una persona que cumplía valiosas funciones sociales.

La defensa estuvo a cargo de los abogados Ramiro Rubio y del cordobés Marcos Juárez, pero solo el segundo alegó. En su exposición, el letrado acordó el todo con el fiscal en cuanto a la ocurrencia del hecho y a la confesión de su defendido como base de la acusación.

Si bien no se refirió a la pena que debía recibir Barroso, le solicitó al tribunal tener consideración sobre varios aspectos de la vida del acusado, entre ellos sus escasos recursos, que contaba con un trabajo al momento del crimen, que pertenecía a un club de rugby y que desgraciadamente, el hecho de haberse mudado a los barrios del sur de la capital lo hizo entrar en contacto con "malas juntas".

También remarcó que su defendido vigilaba la casa de Ferrara desde una media cuadra aproximadamente, por lo que descartó que haya tenido algún dominio del hecho o posibilidad de intervenir en el resultado de alguna manera.

Ferrara tenía 48 años, era bioquímico y se desempeñaba como jefe del Programa VIH-sida. El 3 de noviembre de 2010, una compañera lo encontró sin vida en su casa del barrio Lucas Rodríguez, maniatado y amordazado. La autopsia determinó que murió por asfixia de sus vías aéreas superiores.

FQ.