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El nuevo Código Procesal Penal suma la perspectiva de género

Lo establece como uno de los principios para la interpretación de las normas. El proyecto fue enviado a la Legislatura.

Por redacción
| 22 de abril de 2021
Las salas colegiadas, integradas por varios jueces, solo funcionarían para los delitos graves. Foto: El Diario.

Con el objetivo de renovar el Poder Judicial, la reforma del Código Procesal Penal y de la Ley Orgánica de Justicia, y la creación del código procesal de Familia serán tratados este año en la Legislatura provincial, tras un trabajo de meses de comisiones interdisciplinarias que incorporaron modificaciones y agregaron nuevos artículos. El objetivo: lograr una mayor celeridad y un mejor servicio de justicia en general, aseguraron fuentes del gobierno provincial. La ministra del Superior Tribunal de Justicia Carolina Monte Riso, quien intervino en la elaboración del nuevo Código Procesal Penal, detalló a El Diario los principales cambios que trae el cuerpo normativo e hizo hincapié en que uno de sus principios será la perspectiva de género. "Es un principio del código, lo establece como una forma en que deben interpretarse las normas y todas las regulaciones que se hicieron en ese código puntualmente", remarcó.

 

"No es por maldad o por no reconocerlo, sino por falta de conocimiento, te cuesta reconocer las circunstancias de una situación que está directamente vinculada con la violencia de género. La mayoría de los operadores del derecho están habituados a la violencia como algo físico y hay muchas formas, una de las más comunes es la económica. La norma va a tender a la protección de la víctima y a detectar la violencia de género, que a veces no es tan visible, tan evidente", aclaró la ministra.

 

En el fuero penal, el mayor cambio que tendrán los Juzgados será que se pasará del sistema inquisitivo al acusatorio que, en resumidas cuentas, da el poder de investigación a los fiscales, mientras los jueces de instrucción pasan a ser de garantías o de control. Según explicaron a este matutino diversos miembros de la comisión que elaboró el proyecto de código, esto daría mayor neutralidad al juez a la hora de tomar decisiones, ya que no estará a cargo de la investigación.

 

"Desde el minuto uno que se comete un hecho y toma conocimiento la Policía o el fiscal, e interviene la Justicia, el Ministerio Público Fiscal hace la dirección de la investigación, reúne las pruebas que cree pertinentes para acreditar el hecho y cuando entiende que hay elementos suficientes como para llamar a alguien a indagatoria, pedir una detención o solicitar un allanamiento presenta lo que tiene al juez de garantías y este es quien autoriza las medidas, cuando está directamente vinculado con garantías constitucionales como el derecho a la intimidad, al domicilio, a la privacidad", explicó Monte Riso.

 

Los juicios, a su vez, tendrían dos modalidades: podrán ser de salas unipersonales o colegiadas. En el primer caso, un magistrado podrá emitir fallos por su cuenta, mientras que en el segundo será por decisión de un tribunal. La intención es que las salas unipersonales resuelvan sobre delitos leves, mientras que las colegiadas, sobre los de mayor gravedad. El objetivo final es lograr una mayor agilidad en los procesos, explicó la ministra. Para lograr esta agilidad también tenderán a que la mayoría de las actuaciones del juez sean orales y que "se resuelvan en el mismo acto o, como mucho, dentro de las 48 horas", restándole poder así a las actuaciones escritas, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad.

 

 

Principio de oportunidad

 

Otra de las importantes modificaciones es que el nuevo código reglamenta la figura del "principio de oportunidad", que prevé alternativas al juicio para la resolución de conflictos. Esto incluye, por ejemplo, la reparación integral del daño, la conciliación y la pena natural.

 

"Va a haber otras situaciones donde va a ser más fácil resolver por estos otros caminos alternativos, que son mucho más rápidos y que dan una mejor solución al conflicto puntual", aseguró.

 

Monte Riso citó el ejemplo de las estafas. "A veces a una víctima de estafa no le importa si la persona acusada va presa, quiere recuperar lo que invirtió. Allí se puede hacer un tipo de reparación, a la vez que a la otra persona se le da una cierta responsabilidad, como tareas comunitarias, obteniendo así una solución que es más favorable para todos", explicó.

 

También incorporaron los procedimientos en flagrancia, aplicados cuando una persona comete un delito y es sorprendida "en el acto", por lo que en un tratamiento ágil "se resuelve de manera más rápida, en forma oral y en un plazo de 48 a 72 horas".

 

Estas figuras ya estaban en la legislación nacional, pero no habían sido reglamentadas en San Luis y se aplicaban esporádicamente. "Ahora lo regulamos en el código de procedimientos, cómo se aplican, cuándo se aplican, para qué delitos se pueden aplicar. Y no es para cualquier delito, como cuando está en juego la seguridad pública. No se puede ir pagando para cometer delitos. Generalmente los de contenido patrimonial son los que se pueden llegar a resolver con alguna de estas alternativas", aclaró la magistrada.

 

El código también incorpora la figura de los fiscales ayudantes o "barriales", quienes trabajarán en el terreno, en comisarías y localidades pequeñas del interior. Y aunque no está detallado en la reforma, la intención es crear una Policía Judicial, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, que trabajaría exclusivamente para el servicio de justicia.

 

El nuevo cuerpo normativo trata de darle mayor participación a la víctima en el proceso "desde el inicio, con la denuncia, y con amplias facultades para intervenir, ofrecer prueba, participar de la acusación y de los actos procesales".

 

 

Una gran transformación

 

Aunque aún falta para su tratamiento en el Senado y en Diputados, la intención del Ejecutivo plasmada en los proyectos es que los códigos ya estén vigentes para el 1° de febrero de 2022.

 

Monte Riso adelantó que el Poder Judicial planea capacitaciones para instruir a jueces, secretarios y empleados judiciales sobre el nuevo sistema. Semanas atrás, junto al Procurador General de la Provincia, Luis Martínez, y magistrados, visitaron La Pampa para interiorizarse en el sistema acusatorio, que funciona allí desde hace diez años. "Queremos iniciar rápidamente las capacitaciones, porque es un gran cambio y la gente se tiene que preparar para hacer cosas que antes no hacía", explicó.

 

Aumentar el número de fiscalías y reorganizar las ya existentes serían tan solo algunas de las reformas que deberá llevar adelante el Poder Judicial, enumeró Monte Riso. Los cambios en la norma fundamental ya fueron planteados, ahora resta el camino a su aprobación y aplicación. Así, un tiempo después, la Justicia quizás logre la celeridad que tanto le pide la sociedad.

 

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