Investigan presunto abandono de persona en dos residencias

Dos residencias para adultos mayores fueron allanadas este miércoles por orden de la jueza Virginia Palacios, que abrió una investigación ante la denuncia hecha por la Comisión de Derechos Humanos dependiente del Programa de Derechos y Garantías Constitucionales del Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto por el presunto abandono de ancianos que allí viven. Además de la propia magistrada, de la medida participaron peritos, policías y una médica forense del Poder Judicial, que examinó a los residentes.

En una denuncia anónima recibida por dicho organismo público, se habría referido que en esos establecimientos habitan personas que no recibirían ninguna atención médica —o que no sería la adecuada según las necesidades particulares—, y que serían víctimas de la indiferencia en cuanto a darles los cuidados médicos urgentes. Se indicó también en esa denuncia anónima que los problemas de salud que aquejan a los ancianos no serían abordados por el personal sanitario idóneo y que incluso algunas personas serían atadas y presentarían hematomas, contusiones o lesiones. Ante esa presentación, en el Juzgado Penal 3 empezaron las averiguaciones.

Estas dos casas de alojamiento tienen el mismo nombre: “Amaneceres”. Una está ubicada en Los Zorzales al 400, en Las Chacras, y la otra, en la avenida Cuchi Corral, a la altura del kilómetro 12. En la primera habría 12 ancianos, y en la otra, 8. En ambos casos, el procedimiento se desarrolló de forma tranquila, entre las 9 y las 19. Una de las razones por la que llevó tantas horas es que la médica del Poder Judicial Patricia Gallardo revisó a cada uno de los ancianos, hizo un relevamiento clínico general y una ficha individual con datos e información de interés, como patologías y medicación indicada.

Pero además, el allanamiento se hizo con la misión de constatar cómo son las dependencias, las condiciones de seguridad, higiene y salubridad, y los aspectos edilicios. También para tener un detalle del personal que trabaja y sus funciones, de los médicos o especialistas que trabajan y de los servicios de asistencia médica de emergencia. En el oficio también se disponía del secuestro de material fílmico y telefónico —algo que se hizo—, y de legajos e historias clínicas.

Un hombre de apellido Ugo y su pareja, de apellido Lucero, son los responsables de ambas residencias. Pasado el mediodía, El Diario vio ingresar un vehículo en la propiedad de calle Los Zorzales. En él, según un vecino que se acercó a hablar con El Diario, iba Ugo.

Además de los investigadores, también estuvo presente en ese domicilio durante el desarrollo de la medida Héctor Zavala Agüero, quien es abogado de los responsables de “Amaneceres”.

Consultada anoche por El Diario al respecto sobre la medida, la jueza dijo que estaba más que conforme. “Fue óptima en cuanto a la ejecución y a quienes intervinieron, ya que cumplieron la premisa del mandamiento judicial, que era preservar pruebas”, refirió. Y destacó la minuciosa y dedicada labor de Gallardo, de la auxiliar de segunda del Juzgado Penal 3, Guadalupe Becerra, de efectivos de Criminalística e Informática y de los policías a cargo de la oficial Johana Quiroga, de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 1.

“En cuanto al resultado, no puedo adelantar nada hasta que no se haga un análisis pormenorizado de cada elemento que se recabó. Se secuestró material fílmico y teléfonos que tienen que ser peritados, y tengo que esperar el informe médico oficial. Además hay que tomar testimonios”, explicó Palacios.

Al momento de dialogar con este medio, el abogado aún no se había entrevistado de modo personal con la jueza Palacios (aunque sí había tenido contacto telefónico), por lo que no tenía en claro qué motivaba la medida, según dijo. Pero comentó que sí tenía conocimiento de que el sábado pasado estuvo en ese sitio la médica forense Marcela Gómez, del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial.

La profesional fue a hacer una constatación. Según trascendió, a pesar de tratarse de un mandamiento judicial, quienes estaban allí no le permitieron ingresar de modo inmediato a cumplir con su tarea. Y ayer, al parecer, se dio una situación similar: hecho el aviso de que iban con la orden judicial de allanar, y ante la demora en abrir, los policías treparon las paredes para poder entrar.

A través de la descripción del lugar y de los servicios que se prestan, Zavala Agüero dio a entender que no es factible que allí haya situaciones de abandono o maltrato. “Ambas funcionan desde hace un par de años, aunque esta (la de Las Chacras) es la más antigua. La otra se abrió antes de la pandemia. Por sus características particulares no son geriátricos, sino residencias. Por ejemplo, cada habitación, cada dependencia del lugar tiene cámaras que toman en vivo y en directo lo que sucede y eso queda registrado por un mes”, comentó. Consultado sobre el costo mensual para estar en las residencias, dijo que parte de los 65 mil pesos.

"Todo lo que sucede con los ancianos, la atención del personal y de los especialistas, los dormitorios, la enfermería, los espacios de recreación, el gimnasio y las actividades que se hacen en la semana, como las clases de canto y baile dadas por profesores, pueden ser vistas por los parientes a través de una aplicación, dado que queda registrado", refirió Zavala Agüero.

E indicó que cuando fue la médica forense Gómez, “se le ofreció la historia clínica y de internación de cada uno, en la que queda anotado quién y por qué los trajo a este lugar. No se las llevó porque están online, en conexión directa con el Ministerio de Salud, que las va siguiendo. Es decir, eso no se puede alterar”, aseveró. La jueza refirió que los responsables aportaron ayer las claves para ingresar al sistema y ver esos documentos.