Habrá nueva Ley Ovina y una pulseada por el dinero

La Ley Ovina, tal como se instrumentó en los últimos 20 años, venció el 5 de abril pasado. A instancias del senador formoseño José Mayans, la Cámara alta aprobó una nueva norma, que ahora espera su confirmación en Diputados, que ya le dio el visto bueno en la Comisión de Agricultura y solo falta el tratamiento en el recinto.

Tiene algunos detalles en su redacción que podrían incidir luego en el reparto entre las provincias de los recursos que el Estado debería asignar a la actividad. También en los compromisos que debería asumir el sector público. El Ministerio de Producción de San Luis está muy atento a lo que pueda pasar, porque la actividad ovina viene creciendo en la provincia y ya tiene ocho proyectos presentados por productores, que demandarían una inversión de $7,5 millones.

Una vez que la ley sea aprobada, vendrá lo más importante: el reparto de los 850 millones de pesos que prevé el texto, una cifra considerablemente mayor a la que había hasta el momento, aunque la inflación también juega su partido.

Según el sitio especializado Bichos de Campo, el texto viene con varias “trampitas” que podrían torcer los modos actuales de distribuir los fondos asignados por el Poder Ejecutivo todos los años para apuntalar la actividad de los productores de ovinos. La nueva ley crearía el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), que sale del presupuesto nacional, que dispondría la asignación comentada líneas arriba de 850 millones de pesos por diez años.

Tal como está escrito, mucho de esto dependerá de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Agricultura, que debería ser impermeable a los lobbies de las provincias patagónicas, que siempre se llevan la mejor tajada.

Hay proyectos interesantes, uno sobre alimentación con forraje hidropónico y otro para usar lana como aislante térmico". Juan Manuel Celi Preti, funcionario del Ministerio de Producción de San Luis y presidente de la UEP ovina y caprina.

 

En el Artículo 3° se modifica el cuarto de la ley anterior, que se refería a la caracterización de los potenciales beneficiarios de esta política de promoción, además de quién podría recibir recursos y quién no. “Se consideran productores y productoras a quienes desarrollen cualquiera de las formas de producción encuadradas en el Artículo 1° de la presente y que tenga el objetivo de lograr una producción con fines comerciales”, define ese artículo. Algunos especialistas lo han analizado y les hizo ruido eso de que se limite el alcance de la ley a quien cría ovinos “con fines comerciales”, siendo que en muchas de las provincias —especialmente en el norte— esta actividad es realizada con “fines de subsistencia”. San Luis también tiene muchos criadores en estas condiciones. Por eso, queda claro que la redacción podría dar pie a cierto tamiz de parte del ministerio.

En el Artículo 12° se modifica el 17° de la vieja Ley Ovina, que establecía los criterios para la distribución de los recursos entre las diversas provincias. “La Autoridad de Aplicación, en conjunto con la CAT (Comisión Asesora Técnica), establecerá el criterio para la distribución de los fondos del Fideicomiso, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente".

Según la lectura fría de quienes conocen el negocio, esta redacción da pie a que las provincias de la Patagonia, que poseen los mayores stocks de ovinos y además mucho mejor “registrados” que en las provincias pampeanas y las del norte, reclamen una mayor asignación en el reparto de los $850 millones. Chubut, por ejemplo, tiene más de 4 millones de cabezas ovinas registradas sobre un stock total cercano a los 14 millones de animales. Hasta ahora, en la distribución de los recursos de la Ley Ovina se utilizaba un criterio más equilibrado entre el stock que tenía cada provincia y la cantidad de unidades productivas dedicadas a la actividad.

Una tercera “letra chica” del proyecto del senador Mayans, tan formoseño como el ministro Luis Basterra, tiene que ver con las obligaciones que asume el propio sector público frente a los productores de ovinos. Se trata del Artículo 16°, que modificaría el 22° de la ley vencida. En este punto se establece que la ley nacional regirá en las provincias que adhieran expresamente y constituyan una UEP (Unidad Ejecutora Provincial) que se ocupará de la administración y el manejo de los recursos en cada territorio, algo que en San Luis funciona muy bien bajo la coordinación de Gabriela Delgado y Juan Manuel Celi Preti, funcionarios del Ministerio de Producción.

Pero el nuevo proyecto elimina una serie de compromisos que tenían que asumir las provincias para recibir los recursos y que eran claramente establecidos en el viejo Artículo 22°, que definía que “el presente régimen será de aplicación en las provincias que

adhieran expresamente al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las provincias deberán:

a) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación (una UEP), que deberá cumplir con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los plazos fijados, coordinando las funciones y los servicios de los organismos provinciales y comunales encargados del fomento ovino, con la autoridad de aplicación.

b) Declarar exentas del pago de impuestos de sellos a las actividades comprendidas en el presente régimen, salvo que la provincia destine los fondos recaudados por este concepto a la implementación de medidas de acción directa a favor de la producción ganadera ovina.

c) Respetar la intangibilidad de los planes de trabajo y proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación.

d) Declarar exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos u otro que lo reemplace o complemente en el futuro, que graven la actividad lucrativa generada en los planes de trabajo y proyectos de inversión beneficiados por la presente ley.

e) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento que grave la libre circulación de la producción obtenida en los planes de trabajos o proyectos de inversión comprendidos en la presente ley, salvo aquellas tasas que compensen una efectiva contraprestación de servicios por el Estado provincial o municipal, las que deberán guardar una razonable proporción con el costo de la prestación realizada. Asimismo, podrán preservarse las contribuciones por mejoras, las que deberán guardar una adecuada proporción con el beneficio brindado.

Al momento de la adhesión, las provincias deberán informar taxativamente qué beneficios y plazos otorgarán.

En los casos que el beneficio contemplado en el inciso 'e' de este artículo corresponda ser otorgado por una Municipalidad, la misma deberá adherir obligatoriamente al régimen aprobado en la presente ley y a las normas provinciales de adhesión, estableciendo taxativamente los beneficios otorgados”.

Todo eso ahora será letra muerta, y provincias y municipios no estarán obligados a exceptuar de Ingresos Brutos y Sellos o de eliminar el cobro de Guías para los productores ovinos de su propio territorio. Antes, más allá de que finalmente no se aplicará, esa era una exigencia para poder recibir los fondos desde el Estado nacional. Así las cosas, hecha la ley, hecha la trampa.

San Luis ya está preparada

La Provincia solo espera la entrada en vigencia de la nueva Ley Ovina para enviar a la Nación 8 proyectos ya analizados por la UEP y que se ajustan a las exigencias planteadas. "El monto total excede lo que nos podría tocar, pero esperamos que otras provincias dejen fondos sin usar para aprovecharlos", aseguró Celi Preti, jefe del Subprograma Producción y Genética Animal.

Fuente: Bichos de campo.