Luego de cumplirse cinco años del último gran éxodo forzado de los rohinyás de Myanmar, su petición de justicia y responsabilidad de la comunidad internacional continúa.
El 25 de agosto de 2017, los militares de Myanmar iniciaron una masiva campaña de masacres, violaciones e incendios provocados en el norte del estado de Rakhine, señaló la organización internacional Human Rights Watch en su último informe “Myanmar: ni justicia ni libertad para los rohinyás cinco años después. El aniversario de las atrocidades pone de manifiesto la inacción internacional”.
Este 25 de agosto fue conmemorado el Día del Recuerdo del Genocidio Rohinyá, en la fecha que obligó a casi 750.000 rohinyás a huir a Bangladesh, mientras que unos 600.000 siguen bajo el régimen opresivo de Myanmar, la antigua Birmania, desde febrero de 2021 gobernada por un régimen militar tras un golpe de Estado.
Los rohinyás son una minoría musulmana en el territorio birmano; el Estado no los reconoce entre los grupos étnicos oficiales y desde 1982 les niega la ciudadanía.
Es considerada la minoría más perseguida del planeta y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó la campaña en su contra de 2017 como “limpieza étnica”.
“Nadie ha rendido cuentas por los crímenes contra la humanidad y los actos de genocidio cometidos contra la población rohinyá. Este aniversario debe impulsar a los gobiernos implicados a tomar medidas concretas para que los militares de Myanmar rindan cuentas y garanticen la justicia y la seguridad de los rohinyás en Bangladesh, Myanmar y en toda la región”, enfatiza el informe.
Los cientos y miles de refugiados rohinyás que entraron en el sur de Bangladesh a través de las playas y los arrozales en 2017 llevaron consigo relatos de la indecible violencia y brutalidad que los obligó a huir, dijo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el informe.
Los que huyeron de los ataques y la violencia en el éxodo de 2017 se unieron a unas 300.000 personas que ya estaban refugiadas en Bangladesh procedentes de anteriores oleadas de desplazamiento, formando así “el mayor campo de refugiados del mundo”, según el informe.
Alrededor de un millón de rohinyás viven en el complejo de campos de refugiados Kutupalong, en Cox’s Bazar, en el sur de Bangladesh, en la frontera con Myanmar, en el sur de Asia.
Los refugiados llegaron con traumas físicos y mentales directamente atribuibles a las agresiones del Ejército de Myanmar, que incluyeron violencia física, muerte de seres queridos y muchos días de viaje sin comida.
Las condiciones presenciadas incluían fracturas, heridas profundas, desnutrición, infecciones y trastornos de estrés postraumático.
Las mujeres y niñas rohinyás constituyen más del 50% de la población que llega a estos campos.
Las mujeres rohinyás enfrentaron retos únicos, ya que muchas fueron torturadas y violadas en grupo durante el genocidio, y muchas dieron a luz a niños como resultado de esas violaciones.
Estas víctimas también fueron rechazadas por sus maridos debido a las violaciones y agresiones. Hoy en día, las mujeres están preocupadas por el futuro de sus hijos nacidos en estos campos.
Las condiciones sociales son aún muy precarias para los rohinyás, el Consejo Noruego para los Refugiados dijo que el 96% de los encuestados de entre 18 y 24 años está actualmente desempleado, y nueve de cada 10 están endeudados, habiendo pedido dinero prestado en los últimos seis meses.
Peor es aún el caso de las mujeres, porque 99% de las que tienen de 18 a 24 años están desempleadas.
Bangladesh, al ser un país en vías de desarrollo, necesita una cooperación y una financiación más urgentes por parte de la comunidad internacional para satisfacer las necesidades de los refugiados.
Los rohinyás esperan ser tratados con dignidad.
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