En la Amazonia hay unos 244 millones de hectáreas, una superficie mayor a Argelia y casi tan grande como Argentina, cuyo bioma está en riesgo al no tener estatus adecuados para su protección, advirtió un estudio presentado durante un encuentro de pueblos originarios en esta capital peruana.
La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) presentó su estudio “La Amazonia a contrarreloj: un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80%” de su bioma.
El informe muestra el tamaño del problema, pues de los 7.004.120 kilómetros cuadrados del bioma amazónico todavía hay 2.441.607 (244 millones de hectáreas) expuestas a actividades extractivas al no contar con el estatus protector de áreas protegidas o de territorios indígenas.
Las últimas dos décadas han sido las de mayor transformación de la Amazonia. Cada año desaparecen, en promedio, dos millones y medio de hectáreas. Comparadas con países, cada año desaparecen bosques del tamaño de Haití.
La Amazonia es compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Los siete estados soberanos sostienen desde 1978 la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.
Si el 20% del territorio ya fue transformado, Raisg pide medidas urgentes, en los próximos tres años, para salvar el 80% restante. Seis por ciento tiene una alta degradación y necesita restauración, 41% con bajos niveles de degradación necesita protección y solo 33% está intacto.
El análisis revela que el reconocimiento de los territorios de los pueblos originarios —hay 6.983 territorios de ese tipo, con 2.418.705 kilómetros cuadrados o 28,6% de la Amazonia— fue fundamental, pues solo cuatro por ciento de esos espacios se degradaron.
En cambio, han sufrido transformaciones 33% de los espacios amazónicos que no tienen ese estatus o el de áreas protegidas.
La transformación alcanza a 34% del espacio amazónico en Brasil (que a su vez tiene 60,3% de la Amazonia), a 24% de la boliviana, 16% de la ecuatoriana, 14% de la colombiana y 10% de la peruana.
Según la Raisg, la industria ganadera es la mayor impulsora de la deforestación y representa casi dos por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, haciendo que buena parte de la Amazonia emita más CO2 del que absorbe.
Además, las comunidades originarias y rurales tradicionales son hostigadas y muchos líderes de etnias, ambientales y comunitarios fueron asesinados por la disputa de tierra y derechos: 232 entre 2015 y 2019, y más de 100 solo en 2020.
El reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de la cuenca amazónica es una solución urgente para salvaguardar ese 80% de la Amazonia.
Los territorios originarios —a diferencia de las áreas protegidas— no cuentan con presupuestos específicos de los gobiernos de la región ni son objeto de financiamiento internacional.
La propuesta básica del informe Raisg es que deben detenerse la deforestación y las actividades extractivas para salvar la Amazonia, reconocer los derechos de los pueblos originarios de la región y tender un nuevo manto de protección sobre los 244 millones de hectáreas que están desprotegidas y en riesgo.
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