En apenas cuatro meses —desde mayo a agosto de este año—, 36 defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en Colombia, Brasil, Guatemala, México y Honduras, reportó con alarma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH expresó su preocupación ante la alarmante y continuada violencia dirigida a personas defensoras de Derechos Humanos durante el segundo cuatrimestre de 2023 y urgió a que los estados tomen medidas para prevenirla, investigar los hechos y sancionar a los responsables.
El documento destacó que “la mayoría de los asesinatos registrados siguen siendo contra personas cuyo trabajo es la defensa de la tierra, el territorio y/o el medio ambiente”.
Entre los meses de enero y abril, ya la CIDH había reportado el asesinato de 33 personas defensoras de derechos en la región, considerada la más peligrosa del mundo para los activistas de Derechos Humanos y ambientales.
El año pasado, la organización Global Witness reportó que de los 177 asesinatos de defensores de derechos ocurridos mundialmente, 139 de ellos ocurrieron en América Latina, con el mayor número de víctimas en Colombia (60), seguida de Brasil (34), México (31) y Honduras (14).
El drama con esos “números alarmantes” persiste y en el cuatrimestre mayo-agosto fueron verificados 23 asesinatos en Colombia —otros 36 están en proceso de verificación—, cinco en Honduras, tres en Brasil, otros tres en México y dos en Guatemala.
En el caso de Brasil, fueron asesinados dos activistas de los pueblos originarios, en defensa de la tierra y el ambiente de la etnia yanomami, del norte del país, al ser atacada su comunidad en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y una activista afrodescendiente en Salvador de Bahía.
En Colombia, los crímenes ocurrieron en 12 de sus 32 departamentos y fueron víctimas personas defensoras originarias, activistas sociales y comunales, y también promotores de los derechos LGBTI+.
El Estado colombiano informó a la CIDH sobre la expedición y puesta en marcha de la política de desmantelamiento de organizaciones responsables de asesinatos y amenazas contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
“Ante las elevadas cifras de asesinatos, es urgente que los estados conduzcan las investigaciones correspondientes de forma exhaustiva, seria e imparcial, y que tomen como primera hipótesis la posible vinculación de la labor de defensa de las víctimas”, planteó la CIDH.
Asimismo, “los estados deben incorporar un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento y sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a familiares con garantías de no repetición”, agregó en su declaración.
Durante el cuatrimestre analizado, la CIDH también recibió “información sobre discursos estigmatizantes que buscan desacreditar la labor de defensa de Derechos Humanos en países como Guatemala, México y Venezuela”.
“Preocupa especialmente que estos pronunciamientos provengan desde las más altas autoridades de los estados, quienes de manera pública emiten cuestionamientos y acusaciones sobre la independencia y veracidad sobre el trabajo realizado por organizaciones defensoras de Derechos Humanos”, agregó la declaración.
Las personas defensoras de Derechos Humanos cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias, y la labor de quienes defienden el medio ambiente es esencial para garantizar el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible.
Pero Latinoamérica parece ir contra la lógica.
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