El uso generalizado de armas estadounidenses por parte de Israel, que han sido utilizadas para matar a miles de civiles en Gaza, desencadenó acusaciones de crímenes de guerra contra Estados Unidos. Pero Washington siempre ha escapado a estas acusaciones en los conflictos militares contemporáneos —particularmente en los campos de exterminio de Afganistán e Iraq— y también en el caso de Yemen, donde miles de personas fueron asesinadas.
Las Naciones Unidas describieron en una ocasión las muertes y la destrucción en la guerra civil de Yemen, que dura ya ocho años, como “el peor desastre humanitario del mundo”.
Los asesinatos, en su mayoría, de civiles, fueron estimados en más de 100.000, con acusaciones de crímenes de guerra contra una coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), países de los que el principal proveedor de armas es Estados Unidos.
Y ahora, las matanzas de palestinos en Gaza han vuelto a perseguir a los estadounidenses en una nueva zona de guerra. Pero pese a eso, es poco probable que Estados Unidos sea llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI).
“Si a los funcionarios estadounidenses no les importan los civiles palestinos que enfrentan atrocidades con armas estadounidenses, quizá les importe un poco más su propia responsabilidad penal individual por ayudar a Israel a llevar a cabo estas atrocidades”, declaró la organización Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN, en inglés).
“El pueblo estadounidense nunca firmó para ayudar a Israel a cometer crímenes de guerra contra civiles indefensos con bombas y artillería financiadas por los contribuyentes”, señaló esta organización estadounidense sin ánimo de lucro que defiende la democracia y los Derechos Humanos en Medio Oriente.
Según datos de DAWN, la legislación del propio Estados Unidos exige que sus autoridades vigilen y garanticen que las armas y municiones que proporciona a Israel no sean utilizadas para cometer crímenes de guerra en Gaza o en otros territorios palestinos.
El grupo de defensa de derechos recordó estas obligaciones tanto al secretario de Estado, Antony Blinken, como al secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, en una carta enviada la semana pasada.
“El incumplimiento de los requisitos de supervisión del uso final no solo viola las leyes estadounidenses, sino que también podría exponer a los funcionarios estadounidenses a ser procesados por la Corte Penal Internacional (CPI) por complicidad en crímenes de guerra”, advirtió DAWN.
En otra misiva dirigida al fiscal de la CPI, Karim Khan, DAWN le instó a que emitiera urgentemente una declaración pública recordando a las partes en conflicto la existencia de una investigación al respecto y que enviara un equipo de investigación a la región palestina de Gaza para documentar e investigar posibles crímenes en virtud del Estatuto de Roma.
Ese estatuto es el tratado suscrito en 1998 en la capital italiana, es el que dio vida y reguló el tribunal de última instancia, para juzgar graves crímenes internacionales, como genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Pero Estados Unidos e Israel no lo han firmado.
Lamentablemente, adujo la organización, el derecho internacional y la legislación interna estadounidense son tan irrelevantes como las vidas palestinas en este contexto. “Así funciona el orden internacional basado en normas diseñadas por Estados Unidos”, enfatizó en su denuncia.
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