El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Mesecvi), conocida como Convención de Belem do Pará, cumplirá 30 años en 2024.
En tres décadas, la región de América Latina y el Caribe tuvo muchos avances frente a la violencia de género, pero ahora enfrenta reacciones que evidencian que “nuestros derechos nunca están firmes y que debemos estar siempre alertas para defenderlos”, afirmó el Mesecvi.
La situación regional posee claroscuros. La violencia de género vulnera los derechos humanos de una de cada cuatro mujeres en esta región con una población femenina estimada en 332 millones, 51% del total, y escala al grado extremo del feminicidio, crimen que en 2022 costó 4.050 vidas, según cifras confirmadas por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
Asimismo, ONU Mujeres para las Américas y el Caribe sostuvo que esta fecha emblemática busca llamar la atención de los Estados sobre la necesidad y la urgencia de poner fin a la violencia contra las mujeres de una vez a través de la adopción de políticas públicas de prevención y de la inversión en programas para eliminarla.
Alertó sobre el hecho de que menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda, lo que deja claro que no encuentran garantías en el sistema de prevención y respuesta institucional, y por ende no denuncian.
A pesar de estas preocupantes tendencias, hay más pruebas que nunca de que la violencia contra las mujeres puede prevenirse, por lo que el organismo urgió a los Estados para invertir en ello.
“La evidencia demuestra que la presencia de un movimiento feminista fuerte y autónomo es un factor crítico para impulsar el cambio de políticas públicas para la eliminación de la violencia contra las mujeres tanto a nivel global como regional, nacional y local”, sostuvo ONU Mujeres.
Las investigaciones han demostrado que es posible lograr reducciones a gran escala de la violencia contra las mujeres a través de acciones coordinadas entre los ecosistemas de prevención y respuesta locales y nacionales, y las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.
Por lo que, para avanzar en los marcos normativos y en la mejora de la arquitectura institucional y las asignaciones presupuestales para prevenir, responder y reparar la violencia de género, el fortalecimiento de la capacidad de abogacía de los movimientos y organizaciones feministas y de mujeres es indispensable.
Siempre que hay avances también hay retrocesos y “desafortunadamente la historia nos muestra que los cambios sociales como el machismo y la violencia requieren de esfuerzos de toda la sociedad y de planes y políticas que den respuesta hoy a las víctimas, pero permitan mejorar el sistema a mediano y largo plazo también”.
La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más generalizada en el mundo. Su prevalencia se agravó como consecuencia de la COVID-19 y está aumentando aún más debido a las crisis interrelacionadas del cambio climático, el conflicto mundial y la inestabilidad económica.
Resta un largo camino por recorrer para garantizar los derechos de las mujeres en América Latina.
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