Con asesinatos en Brasil, Colombia, Honduras, México y Perú, los crímenes y otras formas de violencia contra defensores de derechos no cesan y aún han crecido este año en América Latina, señaló un nuevo reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La comisión “manifiesta su preocupación ante la persistencia de la violencia e intimidación en contra de personas defensoras, que se registran durante los primeros cuatro meses del año”, indicó el texto.
Entre enero y abril, la CIDH registró al menos 33 asesinatos de defensores de derechos en la región, en su mayoría contra quienes defienden el medio ambiente, la tierra o el territorio, una cifra mayor a los 27 casos registrados durante el mismo período en 2022.
En cuanto a los casos documentados, en Brasil la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) registró el asesinato de al menos ocho personas defensoras.
En Colombia, Acnudh recibió 71 denuncias sobre asesinatos de personas defensoras, que fueron verificadas.
La CIDH indicó que “el Estado colombiano reiteró su compromiso con el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos”, así como para “brindar todas las garantías para el ejercicio de la valiosa labor de los defensores de derechos humanos”.
Según la Comisión, entre enero y mayo de 2023 la Fiscalía General de la Nación de Colombia avanzó en el esclarecimiento del 44% de los homicidios investigados en jurisdicción ordinaria, incluyendo 16 casos con sentencia condenatoria.
En Honduras, Acnudh registró el asesinato de al menos seis personas defensoras en los primeros cuatro meses de 2023, en distintas zonas del país centroamericano.
La CIDH dijo que el Estado hondureño le reiteró su compromiso y responsabilidad en la protección de los defensores de derechos humanos, así como en la promoción de un ambiente propicio para su labor.
En México, cifras de Acnudh indican que al menos cuatro personas defensoras fueron asesinadas.
En Perú ocurrieron los asesinatos de al menos dos personas defensoras. La información suministrada por el Estado a la CIDH indica que el gobierno está comprometido a brindar asistencia económica y jurídica a sus familiares.
La CIDH urgió a los Estados a investigar de forma exhaustiva, seria e imparcial, y “a tomar como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa”.
Igualmente, planteó buscar “la incorporación de un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas, y dar garantías de no repetición”.
Entre otras formas de violencia durante el período, la CIDH registró desapariciones y posterior localización con vida de defensores de derechos, y el uso estatal del programa (malware) Pegasus como método de espionaje contra personas y organizaciones defensoras.
De El Salvador, Guatemala y Perú recogió discursos estigmatizantes contra defensores de derechos, y expresó preocupación por la aprobación en primera lectura parlamentaria de la muy limitante Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela.
El trabajo de los defensores de los derechos humanos en América Latina suele pagarse con la vida.
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