Con una profunda reestructuración geopolítica como telón de fondo, la defensa constante de los derechos humanos adquiere una vigencia esencial; de allí que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclame por el uso en México del programa israelí de espionaje telefónico Pegasus en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgieron al Estado mexicano a “redoblar sus esfuerzos en las investigaciones a periodistas y personas defensoras por el uso ilegítimo del software de vigilancia Pegasus”.
El Estado debe considerar la labor de estas personas en las líneas de investigación y el impacto que tiene este tipo de acciones en una democracia.
Investigaciones de la prensa mexicana y extranjera han mostrado que el Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Fiscalía General de la República adquirieron desde 2011 ese programa espía, con costos superiores a los 20 millones de dólares.
Su empleo para vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción fue sistemáticamente negado por el Estado mexicano.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones como Amnistía Internacional han documentado y denunciado el uso de Pegasus, en flagrante violación de los derechos humanos, en al menos 45 países de 4 continentes, incluido México.
Pegasus, desarrollado por la firma NSO, se vende solo a gobiernos, previa autorización con base en la legislación militar israelí. Se instala subrepticiamente en los teléfonos y permite acceso total a los mensajes, correos electrónicos, multimedia, micrófono, cámara, llamadas y contactos en el dispositivo del usuario.
Cuando llegó al poder en 2018, Andrés Manuel López Obrador, quien durante su campaña electoral denunció ese método como “ilegal”, anunció la supresión de esas labores de espionaje.
Pero el empleo de Pegasus continuó, según investigaciones de prensa y del instituto Citizen Lab, de la Universidad de Toronto.
La lista de personas presuntamente afectadas por Pegasus en los últimos años incluye, entre otras, a periodistas, personas defensoras, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el caso Ayotzinapa.
El caso Ayotzinapa es el asesinato de al menos nueve personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, como consecuencia de una operación de unidades policiales y militares en esa población del estado de Guerrero.
Pero “el Estado mexicano transmitió a la CIDH declaraciones del Presidente de la República del 30 de mayo de 2023 en las que indicó que no se realiza espionaje contra ninguna persona, ciudadanos, periodistas ni servidores públicos”.
“Si bien en 2021 la Relatoría Especial de la CIDH reconoció actuaciones en la búsqueda de justicia por hechos vinculados con el uso de Pegasus en México, se observa que, en términos generales, no existen avances sustanciales”.
Investigar de forma completa, exhaustiva e imparcial la adquisición y el uso de Pegasus, y sancionar a quienes resulten responsables, es tarea de México. El ejemplo es global.
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