Crimen en Beazley: prisión preventiva para dos hombres

A pesar de que el defensor oficial adjunto de ambos imputados dijo que en realidad la víctima había sido quien había atacado previamente al adolescente y que la versión de la oficial Barrera era contradictoria, el juez de Garantías Juan Manuel Montiveros Chada resolvió este lunes enviar a Vicente Villafañe y Walter Quiroga a la Penitenciaría con prisión preventiva.

Ambos hombres quedaron acusados por haber atacado a Marcos Rosales el 3 de abril pasado en Beazley. Según el fiscal Francisco Assat, los golpes de los mayores “fueron los que dejaron el camino expedito para que el adolescente (W.R., de 17 años) le diera la puñalada letal”, a metros de la Comisaría Seccional 46ª.

El 5 de abril pasado, el adolescente había sido acusado por Assat por el delito de “Homicidio calificado por ser realizado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautores” junto a Villafañe y Quiroga, de 23 y 35 años respectivamente. En ese entonces, la jueza en lo Penal, Juvenil y Contravencional Daniela Benenatti resolvió que el menor tendrá prisión domiciliaria por el plazo de tres meses. Por su parte, el defensor oficial 1, Carlos Salazar, solicitó la prórroga que este lunes venció.

En la continuación de la audiencia, Salazar cuestionó la investigación con dureza, solicitó que no se les den por formulados los cargos a sus defendidos y se opuso a la preventiva por 120 días solicitada por el fiscal instructor.

Diego González Zunino, defensor adjunto, le planteó a Montiveros Chada que la oficial que dijo haber visto la escena y haber ingresado inmediatamente al destacamento a pedir refuerzos cayó en contradicciones y aseguró que el adolescente “no estaba en el lugar del hecho”, sino que se encontraba en la seccional realizando una denuncia con su madre.

La defensa refirió también a las declaraciones testimoniales de la pareja de la víctima y de su hermana. Puntualmente sobre el hecho de que no vieron al menor cuando le profirió amenazas a Rosales, minutos antes del desenlace fatal. “Dijeron haber escuchado las amenazas previas y adujeron que fueron realizadas por el menor porque identificaron el sonido de su moto. Sin embargo, no pudieron verla”, aseguró.

En la primera audiencia, Juan Pablo Díaz Estopiñán, adjunto del fiscal instructor 1, mencionó que   hubo un enfrentamiento previo entre las familias el 24 de diciembre, cuando el menor “apuñaló a Rosales cuatro veces”. Sobre esa situación puntual, el defensor agregó una denuncia según la cual el hombre de 36 años había atacado al menor con un destornillador.

“Hemos visto otra realidad”, sostuvo Salazar en relación a la acusación que hizo la Fiscalía. Calificó a la investigación como “deficiente” y tuvo en cuenta un informe médico del menor que presentaba dos cortes que eran compatibles con signos de defensa.

La autopsia practicada sobre el cuerpo de Rosales determinó que falleció por una herida punzocortante de siete centímetros de longitud, dos de ancho y una profundidad aproximada de 12 centímetros. Villafañe, Quiroga y el adolescente de 17 años fueron detenidos en el lugar de los hechos, tras la intervención de Infantería.

Es que los sindicados como responsables se encerraron en la vivienda ubicada en la esquina donde Rosales murió, en Salvio Cadelago y Juan Domingo Perón, y familiares de la víctima intentaron hacer justicia por mano propia linchando a los tres. Salazar refirió que “una hija de 4 años de Quiroga se salvó de milagro, ya que tuvo que ser sacada por la ventana de la casa”.

Salazar refirió a la situación de la menor y le pidió al juez que la tenga en cuenta a la hora de resolver. “El papá está detenido y la mamá falleció hace un mes, por lo que esa beba está a la deriva”, informó el defensor.

Montiveros Chada no advirtió objeciones en relación a la formulación y los imputó por homicidio calificado, junto al menor. Además, subrayó que la investigación en esta etapa “es provisoria”, y advirtió que la Fiscalía tendrá que “profundizar” debido a los cuestionamientos que hizo la defensa.

El juez ordenó el traslado de ambos al Servicio Penitenciario Provincial por el plazo de 120 días bajo el argumento de que existen “elementos de suficiencia para adoptar medidas tendientes a asegurar el proceso", e instó al Juzgado de Familia a intervenir para adoptar medidas de guarda a favor de la niña de 4 años, hija de Quiroga.