Perseguir, estigmatizar y llevar a la cárcel a periodistas es un método que gobiernos y poderes judiciales y económicos de América Latina emplean, cada vez más, para tratar de evadir las acusaciones sobre abusos y corrupción por las que son interrogados desde la opinión pública.
Analistas y organismos de derechos humanos hablan de “gobiernos de vocación autoritaria o borderline, en los límites de las formas democráticas, a los cuales les da una suerte de urticaria el tema del periodismo crítico”, observó la Universidad Católica "Andrés Bello", de Venezuela.
En la región, “hay un desmadre con la corrupción, y componendas entre poderes corruptos, y en esos contextos el periodismo independiente hace investigaciones que resultan incómodas”, coincide la Universidad Nacional de Tres de Febrero, de Argentina.
El caso más destacado en lo que va de la década es el del guatemalteco José Rubén Zamora, de 67 años, fundador y director del medio el Periódico, denunciante de hechos de corrupción durante la presidencia del derechista Alejandro Giammattei (2020-2024), reemplazado por el actual mandatario Bernardo Arévalo.
Preso desde julio de 2022, Zamora fue acusado de lavado de dinero y condenado en junio de 2023 a seis años de prisión. Luego una corte ordenó repetir el juicio y podría estar en arresto domiciliario, pero permanece tras las rejas porque le esperan más procesos por, supuestamente, obstruir la Justicia y falsificar documentos.
Los delitos que según Zamora involucraron a Giammattei y sus aliados civiles y militares nunca fueron investigados. Su periódico, que tuvo una tirada de 30.000 ejemplares, dejó de imprimirse y luego cerró la edición digital, tras lo cual varios periodistas de la plantilla debieron exiliarse.
“El acoso judicial, y encarcelar por más de 560 días al principal periodista del país, como es el caso de Zamora, busca obviamente silenciar a la prensa y condicionar la agenda informativa”, arguyó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En El Salvador, el periódico El Faro, el primero de la región creado exclusivamente para internet en 1998, soportó una arremetida del poder creciente del mandatario Nayib Bukele, que incluyó el empleo del programa espía israelí Pegasus e impulsó al exilio a la redacción del diario, ahora basada en Costa Rica.
En Nicaragua es emblemático el caso de la familia Chamorro, de propietarios y periodistas del diario La Prensa, famoso por su oposición a las dictaduras de los Somoza en el siglo XX y al gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2006.
Allanado y cerrado el periódico en agosto de 2021, varios miembros de la familia fueron a la cárcel o quedaron bajo arresto domiciliario, y en febrero de 2023 estuvieron entre 222 opositores forzados al exilio y despojados de su nacionalidad.
Exiliado en Costa Rica, Chamorro destacó que “el régimen cerró más de 40 medios radiales y televisivos, y más de 150 periodistas fueron obligados a exiliarse”.
En Venezuela destaca el caso de los cuatro periodistas del portal de investigación Armando.info, quienes debieron exiliarse en 2018 para escapar a una prisión segura tras denunciar la corrupción en un programa gubernamental de alimentos y ventas de petróleo, bajo la dirección del empresario colombiano Alex Saab.
Una característica de las acciones judiciales sobre los periodistas, junto a sus medios, es que el revuelo que causan, aunque en el proceso no puedan demostrarse sus culpas, trata de sembrar en las audiencias dudas y sospechas sobre su labor y rectitud.
América Latina, según los especialistas, vive “un tiempo elástico en la aplicación de la trama constitucional y legal democrática y como a los autoritarismos o neoautoritarismos el periodismo independiente le resulta incómodo, se transgreden normas fundamentales consagradas en las constituciones de los países”.
En América Latina persisten los ataques sobre quienes informan, persiste el autoritarismo.
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