La condena a la transnacional del banano Chiquita Brands, a pagar 38,3 millones de dólares a familiares de campesinos asesinados por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es percibida como un hito internacional en favor de los derechos humanos.
El veredicto de un tribunal en la ciudad de West Palm Beach, estado de Florida, Estados Unidos “envió un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que lucran a expensas de los Derechos Humanos: sus actos no quedarán impunes”, publicó la organización ambientalista EarthRights International, que actuó en el caso.
Al cabo de un proceso que duró 17 años, el jurado dictaminó que Chiquita Brands es responsable de ocho asesinatos llevados a cabo por las AUC, que la compañía financió con pagos regulares por al menos 1,7 millones de dólares, en la fértil región bananera del norte de Colombia, entre los años 1997 y 2004.
Agnieszka Fryszman, abogada que también representó a los demandantes, dijo que “el veredicto no devuelve a los maridos e hijos que fueron asesinados, pero deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad por financiar el terrorismo donde corresponde: a las puertas de Chiquita”.
Chiquita Brands es heredera de la United Fruit Company, asentada en Colombia y América Central tras su fundación en 1899. La corporación anunció que apelará el fallo que le ordena indemnizar a 16 familiares de agricultores y otros civiles asesinados en episodios separados por las AUC.
El fallo de Florida podría influir en cientos de demandas similares en tribunales estadounidenses presentadas por familiares de otras víctimas de la violencia de las Autodefensas contra guerrillas izquierdistas, en el marco del conflicto armado interno que asoló a Colombia durante más de seis décadas.
“En un fallo histórico, un tribunal de Estados Unidos declara culpable a la empresa Chiquita de pagar a grupos paramilitares para proteger sus intereses económicos. Las AUC cometieron gravísimos abusos a los Derechos Humanos”, dijo la organización Amnistía Internacional.
Los crímenes de las Autodefensas Unidas de Colombia contra campesinos contribuyeron a fortalecer la presencia de Chiquita en las regiones de Urabá y Magdalena, en el norte de Colombia, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante el proceso judicial afirmó que la actuación de la compañía fue “moralmente repugnante”.
Las víctimas recibieron la noticia como un reconocimiento de su sufrimiento y una oportunidad para ser reparadas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó a la Justicia de su país ante la evidencia de que fue un tribunal extranjero el que sentó en el banquillo de los acusados y condenó a la transnacional que financió la violencia.
“¿Por qué la Justicia de Estados Unidos pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la Justicia colombiana?”, preguntó el mandatario en @petrgustavo, su cuenta en la red social X.
En el caso de Chiquita, el tribunal de Estados Unidos aplicó el Código Civil colombiano, por tratarse de una empresa estadounidense, cuyas decisiones fueron tomadas en ese país.
Concretamente, el artículo 2341, que establece que quien cause daño a otro, ya sea por un delito o culpa, debe indemnizar a la víctima, además de cualquier pena principal que la ley imponga, y el 2356, según el cual cualquier daño causado por actividades peligrosas debe ser reparado por quien lo causó.
De ese modo, por primera vez un jurado en Estados Unidos ha declarado responsable a una gran corporación estadounidense por su complicidad en abusos contra los Derechos Humanos en otro país, lo que puede considerarse un hito en la Justicia y para los Derechos Humanos.
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