Diputados dio media sanción a la Ley de Ludopatía Digital; silenciaron a la impulsora

La Cámara de Diputados dio media sanción, por unanimidad, al proyecto de ley que busca combatir la creciente problemática de la ludopatía digital, con especial foco en niños, niñas y adolescentes. Se trata de una conquista muy esperada por la oposición, impulsada desde hace mucho tiempo por la diputada Fernanda Spinuzza, quien tuvo que soportar en carne propia impensadas dilaciones y negaciones al diálogo por meros caprichos partidarios oficialistas. Sin embargo, luego de una lucha inclaudicable, y por la propia necesidad del contexto actual, los legisladores terminaron dando el visto bueno a la normativa.

Aún así, lo que pudo haber sido una jornada de consenso total, terminó teñida de polémica: el oficialismo clausuró el debate y Spinuzza no pudo hablar. Más allá de ese lamentable y antidemocrático hecho, la realidad es que la media sanción, que ahora lleva a la iniciativa al Senado, sienta bases sólidas para exigir al Ejecutivo la asignación de partidas y la creación de una mesa interinstitucional clave para diagnosticar y enfrentar este problema.

"Lo logramos, a pesar de la censura del poggismo, hoy conseguimos la media sanción de la Ley de Ludopatía Digital. No nos dejaron hablar, pero la causa habló más fuerte. Gracias a todos los que empujaron este gran paso para cuidar a las infancias", manifestó Spinuzza en sus redes sociales, momentos posteriores al encuentro legislativo. Incluso compartió un fragmento clave del debate, donde apenas pudo decir unas pocas palabras, pero absolutamente genuinas y reales: "Esto es el poggismo y la Legislatura que tenemos", cuestionó frente al impedimento de hablar sobre un proyecto por el que trabajó incansablemente. 

El abordaje y la censura

Spinuzza no pudo decir nada en el recinto. Su palabra era fundamental porque conoce la propuesta en toda su integridad y ha escrito un camino muy importante, que deja una huella imborrable en la comunidad. Pero no la dejaron pronunciar una sola palabra. 

Es así que el proyecto denominado "Plan de prevención y mitigación de la ludopatía digital en niñas, niños y adolescentes", fue intervenido por algunos minutos, donde la diputada Luciana Perano habló sobre distintas políticas del Gobierno provincial (ajenas al debate) como el PANE, la Beca al Mérito, entre otros, silenciando claramente una propuesta imposible de ignorar. 

Apenas se refirió a la ludopatía mencionando la firma de convenios con empresas proveedoras de internet para bloquear plataformas de juego ilegales que aceptan a menores y denuncias judiciales por parte de Fiscalía de Estado, además de campañas en medios y escuelas.

La diputada leyó los artículos de la iniciativa, destacando puntos esenciales, especialmente lo que refiere a la concientización y educación social sobre los riesgos del juego compulsivo en entornos digitales, el desarrollo de políticas de prevención, detección temprana, atención, acompañamiento, entre otros tópicos. 

Cuando Perano estaba leyendo parte de los artículos, Humberto Farías pidió una interrupción, requirió el cierre del debate y se terminó aprobando rápidamente por el oficialismo, impidiendo que Spinuzza emitiera una sola palabra sobre el tema. 

Más allá de la impericia oficialista, lo importante es que la normativa consiguió la media sanción. Ahora esperan que los Senadores aborden la cuestión con la celeridad que demanda el escenario. 

Algunas consideraciones

El texto es muy amplio y contempla múltiples cuestiones fundamentales. Pero para dar una idea, obliga al Ejecutivo a asignar partidas presupuestarias y crea una mesa interinstitucional en la que deberán participar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Lotería, organizaciones intermedias y fundaciones especializadas.

Educación tendrá que trabajar la currícula, la formación docente y deberá generar la obligación de medir la cuestión con estadísticas. 

No pocos sostienen que la aplicación va a depender de la voluntad política de Poggi. Lo cierto es que es una ley que sienta bases sólidas, genera responsabilidades claras, promueve campañas y pone el tema en la agenda de las políticas públicas. En definitiva, es un proyecto de ley que incide ampliamente (y positivamente) en la vida diaria de los puntanos.