Sergio Fares seguirá en prisión, pero evalúan autorizar “la domiciliaria”
El acusado de rapto y abuso sexual en perjuicio de un menor de 15 años, deberá esperar una audiencia donde se analizará si le corresponde continuar con la preventiva en una vivienda particular, a la espera del juicio oral.
Durante una audiencia que se llevó a cabo este lunes en el Poder Judicial de San Luis, a Sergio Fares que está imputado por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de un adolescente de 15 años, en un resonado caso que ocurrió en la ciudad de San Luis, se le extendió por 60 días la prisión preventiva. Sin embargo, si prospera un planteo que se formuló este lunes, hay posibilidades que lo beneficien con la detención domiciliaria.
La Fiscalía de Género Nº 1 además de impulsar la prórroga de la privación de la libertad, sugirió que la medida cautelar se cumpla bajo modalidad domiciliaria.
Posiciones y solicitud de medidas
El Juzgado de Garantía N° 3, a cargo de Marcos Flores Leyes, fue el escenario en el que empezaron a definir el futuro inmediato de Fares.
Prensa del Poder Judicial consignó que la fiscal María Delia Bringas explicó que la investigación se encuentra en su tramo final y que restan pocas evidencias por recolectar por lo que entendió que “extender la prisión preventiva en este caso sería, incluso, hasta un adelanto de pena y no es criterio de esta fiscalía realizarlo bajo ningún aspecto”.
En ese sentido, Bringas solicitó la morigeración de la medida cautelar con la condición de que la prisión domiciliaria no podía ser en la vivienda del imputado de 51 años, vivienda en la que la madrugada del 6 de julio fueron denunciados los presuntos delitos. También solicitó un plazo de 60 días para la finalización de la investigación penal preparatoria.
El abogado de Fares, Ricardo Gutiérrez Esley, adhirió al pedido de la Fiscalía y propuso la vivienda de un familiar del imputado para el cumplimiento de la prisión domiciliaria.
Respecto de la situación procesal del imputado, la fiscal sostuvo que persisten riesgos procesales, especialmente en relación con la protección de la víctima, un adolescente en condición de vulnerabilidad por su edad, su situación socioeconómica y la disfuncionalidad familiar previamente registrada.
En contraste, indicó que el imputado es un adulto con amplia red de contactos, conocido y apreciado en su barrio y en el ambiente nocturno de la ciudad de San Luis, lo que profundiza la asimetría entre ambas partes.
Oposición al pedido de domiciliaria
Durante la audiencia celebrada este viernes, el defensor adjunto de Niñez, Nahuel Lede Zajic, se opuso a la solicitud de morigeración de la prisión preventiva del imputado y explicó que el imputado conoce a la víctima y a su entorno familiar, y que ello genera un riesgo concreto para el desarrollo futuro del juicio. “Estamos hablando de una persona que tiene acceso y conoce quiénes son los familiares del adolescente hoy damnificado en esta causa y del propio adolescente”, advirtió.
El defensor destacó que la víctima es un adolescente que se encuentra bajo tutela en el fuero de Familia junto a su grupo familiar, debido a su situación de vulnerabilidad social. En ese sentido, remarcó que existen marcadas asimetrías socioculturales y económicas entre el joven y el imputado, lo que podría facilitar maniobras de presión o condicionamiento.
“Hay un nivel socioeconómico diferente que puede implicar el entorpecimiento, no a las evidencias de la investigación, sino a las pruebas que se van a producir en el juicio, que son los testimonios del niño y de los familiares que le dan auxilio”, sostuvo.
Recordó que estos riesgos ya fueron considerados previamente: “Me acuerdo de la audiencia ante el Tribunal de Impugnaciones, y que el Tribunal tuvo en cuenta estos elementos al revisar la medida de coerción y no otorgar una más moderada”, apuntó.
Finalmente, Lede aclaró que no se opondrá a la prórroga de la Investigación Penal Preparatoria si la fiscalía lo considera necesario, pero solicitó que el plazo de la prisión preventiva se mantenga en 60 días, para conservar coherencia procesal: “Si la fiscalía lo considera necesario, la prórroga no me voy a oponer, pero solicitamos que el plazo de la prisión preventiva sea el mismo plazo de los 60 días”, concluyó.
La abogada de la familia del joven de 15 años, Belén Levingston, adhirió a las expresiones del defensor.
La decisión del juez
Luego de escuchar a las partes, el juez Marcos Flores Leyes resolvió sobre la prórroga de la investigación penal preparatoria y la eventual morigeración de la prisión preventiva del imputado Sergio Fares.
En primer término, destacó el consenso de las partes sobre su razonabilidad y señaló que la medida no afecta garantías procesales y que resulta “razonable y proporcional en base a la evidencia que resta por llevarse adelante”. En consecuencia, resolvió “hacer lugar a la solicitud de prórroga de la investigación penal preparatoria por el plazo de 60 días”.
Luego, el magistrado analizó el planteo del Ministerio Público Fiscal y de la defensa respecto de sustituir la prisión preventiva por una modalidad domiciliaria. Indicó que, en principio, se trata de una alternativa posible: “La medida postulada por el Ministerio Público Fiscal puede asegurar los fines de los riesgos procesales”.
Sin embargo, aclaró que la decisión no podía adoptarse en esta instancia debido a la falta de una propuesta concreta de domicilio alternativo. “Al llegar al marco de esta audiencia sin una propuesta real de otro domicilio, entiendo que no es el momento para poder ordenar la libertad del imputado”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que persisten riesgos vinculados tanto a la preservación de la evidencia como a la situación de vecindad, posibles testigos y otras personas que deberán declarar en el juicio.
Por ello, consideró que, aunque “el planteo del Ministerio Público Fiscal y el abogado de la defensa resulta razonable y proporcional”, la medida no puede garantizarse sin conocer el lugar donde eventualmente se cumpliría. En consecuencia, dispuso que “la prisión preventiva se postergue por el plazo de 7 días” y luego fijar una nueva audiencia en la cual se volverá a debatir la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria.
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